La jornada de 35 horas para funcionarios ya es una realidad en la Administración General del Estado, pero su entrada en vigor no ha despejado todas las dudas. Al contrario. La resolución publicada en el BOE confirma la reducción de jornada con carácter general en la AGE y en buena parte de su sector público. Pero también deja claro que no todos los colectivos la van a disfrutar en las mismas condiciones ni al mismo ritmo. En algunos casos, la aplicación queda pendiente de ajustes; en otros, directamente no se aplica.
El texto fija una jornada general de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas al año, y establece que la medida se aplica a la Administración General del Estado, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas dependientes de la AGE. Pero ese alcance general convive con varias excepciones y con un periodo de adaptación que ya está generando malestar en sectores que se sienten fuera del cambio.
Qué dice exactamente el BOE sobre la jornada de 35 horas para funcionarios
La resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública entró en vigor al día siguiente de su publicación y concede un plazo de un mes a departamentos, organismos y entidades para adaptar sus calendarios laborales y sus sistemas de control horario. Es decir, la jornada de 35 horas para funcionarios ya está aprobada y activa, pero su aplicación práctica no será idéntica ni instantánea en todos los destinos.
Además, el BOE introduce un matiz importante: para el personal destinado en instituciones penitenciarias, centros sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, así como en otros puestos cuya naturaleza singular lo requiera, la nueva jornada deberá ajustarse a regulaciones específicas y a los ámbitos de negociación correspondientes. En otras palabras, no quedan fuera de entrada, pero tampoco tienen una implantación automática como el resto. Esa es una de las grandes grietas que ha abierto el nuevo marco.
Los colectivos que sí quedan excluidos
La parte más clara del texto oficial afecta a quienes sí están fuera de forma expresa. La resolución señala que no se aplica al personal militar de las Fuerzas Armadas ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso deja al margen, al menos en esta norma concreta, a militares, Guardia Civil y Policía Nacional, dos de los colectivos que ya han empezado a reclamar compensaciones o adaptaciones para evitar agravios comparativos dentro del propio sector público.
La exclusión también alcanza a las entidades locales y a otras administraciones, que no quedan cubiertas por esta resolución y deberán seguir su propio camino. El propio BOE lo dice de manera expresa: la nueva jornada general no será de aplicación a ayuntamientos ni al resto de administraciones fuera de la AGE. Por eso, aunque el anuncio se haya presentado como una mejora amplia para el empleo público, la realidad es mucho más limitada y desigual de lo que parece a primera vista.
Exterior, ayuntamientos y jornadas especiales: el foco del conflicto
A partir de ahí empiezan los conflictos más difusos. Uno de ellos afecta a los empleados públicos destinados en el exterior, que según las comunicaciones recibidas en algunos ámbitos no entrarían por ahora en esta reducción horaria. Algo que los afectados consideran un agravio comparativo frente a otros trabajadores de la misma Administración. El malestar no es menor, porque el mensaje político ha sido el de una extensión general de la medida, mientras que la aplicación real empieza a dibujarse con bastantes más límites.
En paralelo, CSIF ya ha exigido que la jornada de 35 horas para funcionarios se aplique de forma inmediata en todos los departamentos del Estado y ha reclamado también su extensión a ayuntamientos, empresas públicas y otros ámbitos que entienden con derecho a esa mejora. El sindicato incluso se reserva la posibilidad de emprender medidas legales si esa reivindicación no prospera. También ha subrayado que la resolución abre la puerta a adaptar las jornadas especiales, incluidas aquellas que venían funcionando con regímenes de 40 horas semanales.