La jornada de 35 horas para funcionarios empieza a tomar forma real en la Administración General del Estado. El Gobierno cerró a finales de marzo un acuerdo con CCOO, UGT y CSIF para rebajar desde las 37,5 horas semanales la jornada del personal de la AGE, y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública anunció que dictará en la primera quincena de abril la resolución que permitirá comenzar su implantación. La medida afectará de entrada a unos 220.000 empleados públicos y marca un cambio largamente reclamado por los sindicatos.
La pregunta, sin embargo, va más allá de la Administración central. Una vez que la jornada de 35 horas para funcionarios eche a andar en la AGE, la presión se traslada al resto de administraciones: ayuntamientos, entidades locales, organismos públicos y otros ámbitos del empleo público que todavía no disfrutan de esa reducción. Y ahí el calendario ya no es tan uniforme ni tan automático.
La AGE será la primera, pero la implantación no será idéntica en todos los ámbitos
El acuerdo firmado prevé que la nueva jornada en la AGE pase a un cómputo anual de 1.533 horas, frente al régimen previo, y que no quede excluido ningún ámbito de esta administración. Ahora bien, eso no significa que toda la maquinaria pública del Estado vaya a cambiar de un día para otro. El propio Ministerio ha explicado que la implantación debe hacerse garantizando la prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas, lo que obliga a planificar plantillas, turnos y calendarios.
Además, algunos sectores tendrán que desarrollar la medida en sus mesas específicas de negociación. Es el caso, por ejemplo, de Instituciones Penitenciarias y de otros ámbitos con organización singular. CCOO ha hablado abiertamente de una aplicación progresiva, precisamente por la heterogeneidad de los servicios del Estado. En otras palabras: la resolución general abre la puerta, pero luego habrá aterrizajes distintos según el tipo de centro, el servicio y la necesidad de reorganización interna.
Qué pasa con ayuntamientos y administración local
El gran foco siguiente está en la administración local. CSIF ya ha pedido formalmente a los ayuntamientos que activen las negociaciones para implantar la jornada de 35 horas para funcionarios también en ese ámbito. El argumento jurídico en el que se apoya es muy concreto: el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que la jornada de los funcionarios de la administración local será, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Ese punto es decisivo porque convierte a la AGE en referencia y, en la práctica, en techo máximo de jornada para los funcionarios locales. Pero hay un matiz importante: no supone una aplicación automática e inmediata en todos los ayuntamientos. El propio CSIF reconoce que habrá que abrir negociación en cada mesa correspondiente para adaptar calendarios, servicios y condiciones. Es decir, el efecto jurídico existe, pero el paso práctico dependerá de la velocidad con la que cada entidad local se siente a negociar.
Organismos públicos, agencias y empresas públicas
La novedad no se limita al funcionariado clásico de ministerios y delegaciones. Según el texto pactado, la jornada de 35 horas para funcionarios también se extenderá a organismos públicos, agencias y otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. Ese detalle amplía el alcance de la medida y abre la puerta a que también llegue a empresas públicas y entes instrumentales ligados a la estructura estatal.
A eso se suma la adaptación de regímenes especiales. Las jornadas de especial dedicación, que hoy son de 40 horas, se reducirán a 37,5 horas, y la jornada intensiva de verano también tendrá que acomodarse al nuevo marco. No será, por tanto, un simple recorte lineal igual para todo el mundo, sino una reorganización bastante más compleja de horarios y cómputos anuales.
Cuándo la disfrutarán el resto de funcionarios
La respuesta más honesta hoy es esta: la AGE empezará en abril, pero el resto de funcionarios dependerá de la negociación en cada administración y en cada ámbito específico. En la Administración General del Estado, el compromiso oficial es aprobar la resolución en la primera quincena de abril. A partir de ahí, vendrán los desarrollos sectoriales. En la administración local, el movimiento puede empezar ya, pero necesitará acuerdos concretos en cada ayuntamiento. Y en organismos con regulación propia, la implantación también tendrá un ritmo desigual.
Eso explica que los sindicatos hablen de una conquista importante, pero no de una meta cerrada. La jornada de 35 horas para funcionarios ya tiene vía libre política y sindical en la AGE, pero su extensión real al conjunto del sector público todavía dependerá de mesas de negociación, planificación de plantillas y capacidad de cada administración para reorganizar servicios sin resentir la atención al ciudadano.