La jornada de 35 horas para los funcionarios está a punto de convertirse, por fin, en una realidad dentro de la Administración General del Estado. Después de más de tres años de retraso, Función Pública y los sindicatos han alcanzado un acuerdo que permitirá rebajar la semana laboral desde las 37,5 horas actuales hasta ese nuevo umbral. Una medida largamente reclamada por las organizaciones sindicales y esperada por miles de empleados públicos.
El acuerdo se firmará de forma inminente y, a partir de ahí, el ministerio que dirige Óscar López deberá elaborar una instrucción para extender la aplicación de la jornada de 35 horas para los funcionarios. El cambio no afectará solo al personal administrativo de la AGE, sino también a colectivos especialmente sensibles por sus características laborales, como el personal de instituciones penitenciarias, sanitario y educativo.
Un cambio largamente esperado en la Administración
La implantación de la jornada de 35 horas para los funcionarios llega con retraso, pero también con una fuerte carga política y laboral. La reducción del tiempo de trabajo se había convertido en una de las grandes demandas del empleo público, no solo por su impacto en la conciliación o en las condiciones laborales, sino también porque simboliza una rectificación sobre un modelo de organización del trabajo que llevaba años siendo cuestionado.
La medida supone reducir en dos horas y media la jornada semanal actualmente vigente. Aunque pueda parecer un ajuste limitado sobre el papel, la jornada de 35 horas para los funcionarios abre la puerta a una reorganización interna de turnos, horarios y cargas de trabajo que puede tener consecuencias importantes en el funcionamiento cotidiano de muchos servicios públicos.
No obstante, esa aplicación no será completamente uniforme ni automática en todos los ámbitos. El propio acuerdo deja claro que habrá sectores que deberán negociar su aterrizaje concreto en mesas específicas, sobre todo aquellos que tienen particularidades organizativas o regímenes horarios distintos.
Qué empleados públicos estarán afectados
Uno de los aspectos más relevantes de la jornada de 35 horas para los funcionarios es que no se limita a un único bloque de trabajadores. La instrucción que prepara Función Pública incluirá también al personal de prisiones, al ámbito sanitario y al educativo. Eso amplía notablemente el alcance de la medida.
Ahora bien, en estos sectores la implantación de la jornada de 35 horas para los funcionarios exigirá una negociación propia, porque no todos los servicios funcionan bajo el mismo esquema. Hay ámbitos con turnos especiales, jornadas ampliadas o necesidades de cobertura continuada que obligan a ajustar con más detalle el modo en que se aplicará la reducción horaria.
Los sindicatos ya han advertido, además, de que seguirán presionando para que la reducción llegue también a los espacios donde existen jornadas especiales de 40 horas. Así como a determinados periodos concretos como el verano. Es decir, la entrada en vigor de la jornada de 35 horas para los funcionarios no cierra el debate, sino que probablemente abre una nueva fase de negociación.
Las 35 horas reactivan otros debates pendientes
La llegada de la jornada de 35 horas para los funcionarios no se entiende de forma aislada. El acuerdo entre Gobierno y sindicatos también ha servido para desbloquear otro problema que llevaba meses enquistado en la Administración: el atasco de las jubilaciones parciales.
En el último año, muchos de esos retiros habían quedado paralizados por la exigencia legal de que el trabajador relevista tuviera un contrato indefinido. En la práctica, ese requisito había generado una situación muy difícil de resolver, porque obligaba a activar procesos de contratación estables dentro de un sistema que funciona con tiempos largos y muy condicionado por las ofertas de empleo público.
Con el nuevo acuerdo, el Ejecutivo podrá flexibilizar esa exigencia y recurrir también a contrataciones temporales para dar salida a una situación que se consideraba urgente.
La conexión entre ambos asuntos es evidente. La jornada de 35 horas para los funcionarios obliga a repensar plantillas, coberturas y ritmos de trabajo, y eso enlaza directamente con la necesidad de ordenar mejor las jubilaciones, las sustituciones y la incorporación de nuevo personal.