Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, las infraestructuras estratégicas —especialmente las energéticas— se han convertido en uno de los principales objetivos militares. Lejos de limitarse a enfrentamientos convencionales, el conflicto ha evolucionado hacia una dinámica de ataques dirigidos contra instalaciones clave que sostienen tanto la economía como la vida cotidiana de millones de personas en la región.
El epicentro de los ataques ha estado en el sector energético. Refinerías, campos de gas natural, puertos y centros de almacenamiento han sido golpeados de forma reiterada. Según un análisis de The New York Times basado en datos periodísticos, al menos 37 instalaciones energéticas en nueve países han sufrido daños desde que comenzaron los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán. Algunas de estas infraestructuras han sido atacadas en varias ocasiones, en muchos casos mediante drones.
Este patrón de represalias se intensificó tras un ataque israelí contra un importante yacimiento de gas iraní. En respuesta, Irán lanzó ofensivas contra infraestructuras energéticas en distintos puntos del Golfo Pérsico. Las consecuencias no han tardado en sentirse en los mercados internacionales: el precio del crudo Brent ha llegado a subir cerca de un 10%, alcanzando los 118 dólares por barril, mientras que el gas natural en Europa ha experimentado incrementos de hasta un 30%.
El estrecho de Ormuz, paso clave por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido también en un punto crítico. Los ataques iraníes contra buques han reducido drásticamente el tráfico marítimo, hasta el punto de que solo una pequeña fracción de los volúmenes previos a la guerra logra atravesarlo. Teherán ha advertido que el paso podría cerrarse completamente si continúan las amenazas contra su infraestructura energética.
Las declaraciones oficiales reflejan la gravedad de la escalada. El mando operativo iraní afirmó que atacaría “toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización” vinculada a Estados Unidos e Israel en la región. En la misma línea, autoridades iraníes advirtieron que el estrecho de Ormuz sería “completamente cerrado, y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”.
Por su parte, Washington ha respondido con amenazas directas contra instalaciones clave iraníes. El presidente estadounidense advirtió que podría “atacar y destruir” centrales eléctricas si no se garantizaba la libre circulación en el estrecho.
Aunque desde su Administración se subrayó que “el presidente no está bromeando”, el lunes Trump se mostró más positivo, afirmando que el estrecho de Ormuz reabrirá “pronto” si las negociaciones con la República Islámica tienen éxito. Además, ha planteado la posibilidad de establecer un control “conjunto” de esa vía estratégica por parte de Estados Unidos e Irán.
Los objetivos no se han limitado al sector energético. También se han registrado ataques contra infraestructuras logísticas y de transporte. El aeropuerto internacional de Bagdad fue alcanzado por misiles, dejando varios heridos, mientras que un petrolero cercano al puerto de Fujairah sufrió daños tras el impacto de un proyectil. Además, un ataque con drones provocó un incendio en una zona industrial petrolera en el mismo emirato.
En paralelo, los combates han afectado a instalaciones militares y centros urbanos, ampliando el impacto sobre la población civil. Más de 800.000 personas han sido desplazadas en Líbano, y los ataques han dejado miles de víctimas en distintos países de la región.
A medida que el conflicto se prolonga, la destrucción de infraestructuras estratégicas no solo intensifica la crisis humanitaria, sino que también amenaza con desestabilizar el suministro energético global. Expertos advierten que, si los ataques continúan, los precios del petróleo podrían superar los 150 dólares por barril, agravando una crisis que ya se siente mucho más allá de Oriente Medio.