Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) han decidido alzar la voz para visibilizar una realidad que durante años ha pasado desapercibida. Laura Gil Rodríguez, presidenta del Sindicato SITCPLA, resume las reivindicaciones en tres cuestiones clave: poder acceder a una jubilación anticipada en condiciones similares a las de los pilotos, el reconocimiento real de los riesgos que implica su trabajo y unas condiciones laborales que les permitan vivir.
En la conversación con Artículo14, insiste en que la exposición a radiación, la alteración del sueño o la presión constante son parte de su día a día, y que todo ello tiene un impacto directo en su salud. Lo que reclaman es algo tan básico como que se entienda la dureza real de su profesión y que se les trate con la misma equidad que a otros trabajadores expuestos a riesgos similares.
-¿En qué fase concreta se encuentra ahora mismo la petición de jubilación anticipada?
-En este momento nos encontramos en una fase crucial de alegaciones jurídicas para evitar el bloqueo del expediente. Tras solicitar la inclusión de los TCP en julio de 2025, la Dirección General de Ordenación nos ha requerido que la petición de solicitud inicial sea conjunta con la asociación empresarial. Desde SITCPLA, hemos presentado un escrito formal de contestación donde acreditamos que, ante la imposibilidad material de lograr el acuerdo con la asociación empresarial (que lógicamente evitan cualquier proceso que pueda aumentar sus costes), la Administración no puede paralizar nuestro derecho. Nos apoyamos en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que el veto empresarial no puede ser un obstáculo insalvable para que el Estado evalúe la penosidad de una profesión. Por tanto, estamos exigiendo que el procedimiento dé el salto definitivo a la fase de valoración técnica, que es donde se debe demostrar objetivamente el desgaste que sufrimos los tripulantes de cabina.
-¿Cuáles son los riesgos que justifican la equiparación con los pilotos?
-Nuestra petición se sustenta en una sólida base de evidencias biomédicas y jurídicas que demuestran un desgaste biológico muy superior al de un trabajador en tierra. Es importante destacar que los estudios técnicos que presentamos ante Comisión Europea sirvieron para que abriera una fase de diálogo estructurado con España tras nuestra denuncia. Estos informes detallan una penosidad estructural derivada de la exposición constante a la radiación cósmica e ionizante en altura, así como a la hipoxia leve por la presurización de la cabina, factores que la medicina aeronáutica vincula directamente con un envejecimiento celular prematuro.
“Son factores que la medicina aeronáutica vincula directamente con un envejecimiento celular prematuro”
A este rigor científico se suma el impacto crítico de la alteración de los ritmos circadianos por los turnos disruptivos y el jet lag crónico, un riesgo que el Real Decreto 402/2025 ya identifica como causa de patologías cardiovasculares. Además, existe un argumento legal de peso: la Ley de Navegación Aérea nos define como personal de vuelo igual que a los pilotos. Si compartimos el mismo entorno de trabajo y los mismos riesgos físicos acreditados, mantenernos excluidos supone una clara discriminación de género, ya que afecta a un colectivo 80% femenino frente a sectores históricamente masculinizados que sí disfrutan de este derecho.
-¿Cómo valora el respaldo de Sumar?
-Resulta contradictorio que un partido que forma parte del Gobierno impulse una Proposición no de Ley para apoyar nuestra jubilación, cuando ha permitido que el propio Real Decreto 402/2025 nazca con trabas administrativas que hoy actúan como un muro. La mayor de estas trabas es exigir la firma de la patronal para iniciar el proceso. Es poco coherente que el Gobierno cree un procedimiento que otorga derecho de veto a las empresas y que, después, sus socios parlamentarios presenten una propuesta no vinculante en el Congreso en lugar de haber corregido ese reglamento.
“La postura de Sumar resulta contradictoria”
Para SITCPLA, las fotos en el Congreso no sustituyen a los derechos en el BOE. Por eso, nuestra estrategia no se queda en la política parlamentaria: recurrimos a la Comisión Europea, que ya abrió un diálogo estructurado con España precisamente porque entiende que estas trabas nacionales pueden estar encubriendo una discriminación de género. Valoramos positivamente el gesto político de la PNL, pero nuestra prioridad es que el Gobierno deje de usar su propio reglamento como una excusa para bloquearnos.
-¿Cuántos años de anticipo permitirían sin merma en la pensión?
-Nuestro objetivo técnico es la consecución de un coeficiente reductor del 0,40, que es el que ya se aplica a los pilotos por realizar su actividad en el mismo entorno de vuelo. La aplicación de este coeficiente permitiría que un tripulante que haya volado de forma efectiva durante toda su carrera pudiera adelantar su jubilación entre 8 y 10 años respecto a la edad ordinaria.
Lo más importante, y es algo que queremos aclarar, es que este sistema no funciona como una jubilación anticipada voluntaria común donde se recorta la pensión. Al tratarse de coeficientes reductores por penosidad, el tiempo que se adelanta la jubilación se considera como tiempo efectivamente trabajado y cotizado. Por tanto, el tripulante podría retirarse a una edad acorde al desgaste físico sufrido, pero con la plenitud de sus derechos económicos, es decir, percibiendo el 100% de la pensión que le corresponda sin las penalizaciones que hoy sufren quienes se ven forzados a dejarlo antes por salud.
-¿Qué respuesta ha dado el Gobierno a las alegaciones sindicales?
-Hasta el momento, la respuesta de la Administración ha sido puramente procedimental. El Gobierno, a través de la Dirección General de Ordenación, nos ha enviado un requerimiento de subsanación exigiendo que la solicitud sea firmada también por la patronal. Este es el principal escollo técnico-jurídico: el Real Decreto 402/2025 ha diseñado un sistema que, en la práctica, otorga un derecho de veto a las empresas, ya que, si la patronal no firma, el Ministerio podría no tramitar el expediente.
“Las trabas administrativas no pueden estar por encima de la salud”
Políticamente, el escollo es evidente: existe una resistencia a reconocer un derecho que implica un coste económico para el sistema de Seguridad Social. Sin embargo, desde SITCPLA ya hemos respondido formalmente que este requisito no puede ser un obstáculo insalvable. Hemos invocado una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe que el derecho de los trabajadores dependa de la voluntad de sus jefes. El Gobierno tiene sobre la mesa nuestra exigencia de que se pase de una vez a la fase de evaluación técnica, porque las trabas administrativas no pueden estar por encima de la salud y la seguridad de las tripulaciones.
-¿Hay diferencias entre sindicatos en las prioridades para esta jubilación anticipada?
-Entendemos que, en este objetivo, todos los sindicatos del sector remamos en la misma dirección; la jubilación digna para los TCP es una causa común que nos une a todos. Ahora bien, la diferencia no está en el ‘qué’, sino en el ‘cómo’. En SITCPLA hemos optado por liderar la estrategia de los hechos frente a la de las palabras. Mientras otros acompañan el proceso, nosotros somos el único sindicato que ha dado los pasos jurídicos definitivos: hemos sido los primeros y únicos en solicitar formalmente el inicio del procedimiento administrativo nada más publicarse el Real Decreto y, somos los únicos que hemos denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea. Hemos puesto la artillería jurídica y técnica en marcha en Bruselas y en Madrid, logrando que sea nuestra estrategia la que hoy tiene a la Administración encima de la mesa.
-¿Hay alguna petición específica de SITCPLA?
-Nuestra petición es clara y urgente: exigimos que la Administración deje de utilizar trabas burocráticas para perpetuar una discriminación de género histórica. No podemos olvidar que el colectivo de tripulantes de cabina es, en un 80%, femenino. Mientras que otros sectores del vuelo tradicionalmente masculinizados, como los pilotos, tienen reconocido este derecho desde hace décadas, a nosotras se nos sigue negando a pesar de compartir el mismo entorno de riesgo, la misma radiación y el mismo desgaste físico.
“No podemos olvidar que el colectivo de tripulantes de cabina es, en un 80%, femenino”
Por eso, nuestra petición específica a la Directora General de la Seguridad Social es que desbloquee el expediente y no permita que el derecho de veto de las empresas -mayoritariamente dirigidas por hombres- impida que un colectivo femenino acceda a una jubilación digna. En pleno siglo XXI, la salud de las mujeres trabajadoras del sector aéreo no puede valer menos que la de sus compañeros de cabina. Si España no corrige esto, estamos convencidos de que Bruselas lo hará, porque la discriminación indirecta por razón de sexo es una línea roja en la Unión Europea.
-¿Qué acciones sindicales prevén?
-No contemplamos la opción de quedarnos de brazos cruzados. Si la Administración española persistiera en bloquear la vía administrativa, desde SITCPLA llevaremos este conflicto hasta sus últimas consecuencias legales. En primer lugar, continuaremos con nuestra denuncia ante la Comisión Europea. Dado que ya hemos logrado abrir una fase de diálogo estructurado, el siguiente paso natural sería el dictamen motivado y, finalmente, elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Estamos convencidos de que el Derecho Comunitario no permitirá que en España se mantenga una discriminación de género tan flagrante en el sector aéreo.
Adicionalmente, activaremos de forma masiva la vía judicial nacional. No es solo una cuestión laboral; es la defensa de la salud de miles de trabajadores frente a una norma que, tal y como está diseñada, parece buscar más el ahorro que la justicia social. El artículo 14 de la Constitución Española no puede seguir viviendo en la zona muerta de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros