Los partidos de Sumar buscan fórmulas para que su “victoria” del viernes, ante sus compañeros de coalición, no culmine en vía muerta con la derogación del real decreto ley que contempla un tope del 2% a las subidas de los contratos de alquiler de vivienda que caducan en 2026 y 2027. Se trata de casi 600.000 contratos que afectan a “dos millones de familias”, según los números del socio minoritario del Gobierno.
Más allá del plante en el Consejo de Ministros, o de las declaraciones públicas, los partidos de la coalición de Yolanda Díaz estudian cómo traducir la preocupación ciudadana por las dificultades para acceder a la vivienda en gestos de fuerza, tangibles, en las calles. En protestas que, apuntan distintas fuentes de este espacio, podrían levantar con ayuda del músculo de los sindicatos, de la mano de organizaciones como Amnistía Internacional o Intermón Oxfam, que han avalado esta prórroga.
Los principales sindicatos reconocen que este lunes no constaba ningún contacto oficial para estudiar este escenario. Desde el Sindicato de Inquilinas, por su parte, aseguran a Artículo14 que se centrarán en “asegurar que todo el mundo conoce la existencia del real decreto ley”. Por tanto, que todos los inquilinos pueden reclamar la prórroga de los contratos que vayan a expirar, mientras el texto esté en vigor. “Los partidos saben que tienen la última oportunidad de la legislatura de hacer algo por la vivienda”. “Si ese decreto cae, habrá consecuencias muy severas“, apostillan.
No hay una receta compartida hoy, una manera clara de lograr esta demostración de fuerza en la calle. Y menos, con las fiestas de Semana Santa a tiro de piedra. El lunes 6 de abril, tras el parón por estas fechas, el plazo será aún más reducido: la votación de convalidación debe celebrarse en un máximo de 30 días hábiles desde que entró en vigor con su publicación en el BOE (21 de marzo); por lo que deberá tener lugar a finales de abril. En plena precampaña para las elecciones andaluzas, que el presidente Juanma Moreno ha convocado el 17 de mayo.
El lunes, después de una reunión “más performativa que Ejecutiva” -según uno de sus dirigentes-, con los cinco ministros y las direcciones de los partidos de este espacio en el Congreso, partidos como Izquierda Unida o Movimiento Sumar celebraban reuniones de sus respectivos órganos de decisión. Fuerzas como Más Madrid ya planean llevar esta cuestión a la Asamblea de la capital, pero asumen que esto no es ni de lejos suficiente para que una izquierda ya desmovilizada en las calles, pase a manifestarse por esta norma.
En la cumbre de este lunes, distintos partidos reconocen que no han cerrado una estrategia concreta. El objetivo era más bien lograr una “foto de unidad”, en una cita agendada antes de que se celebrara el Consejo de Ministros extraordinario del viernes, donde lograron arrancarle al PSOE un segundo real decreto ley con la prórroga de los contratos de alquiler.
Bustinduy: “Tenemos un mes para organizar la mayor campaña de presión posible”
En una intervención en abierto, la vicepresidenta segunda exigió aumentar la presión, cargó contra PP, Vox y Junts, e incidió en que el de la vivienda es “el mayor problema de España”. “No va de parroquias esto”, avisó a los partidos políticos. “Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que, cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación, se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa”, apostilló el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Tienen claro que la estrategia pasa por presionar a los partidos, especialmente a Junts y al PP (ambos están hoy en el no), mientras calientan las calles. Mientras tanto, se abren a negociaciones con estas fuerzas, aunque de momento no las han convocado. Ninguno de los partidos aclara, en privado, qué cartas pueden jugar para convencer a Junts.
En Espejo Público (Antena Tres), Eduardo Rubiño, concejal en la capital y dirigente de Más Madrid (dentro de Sumar), deslizó que Junts tendrá difícil obtener sus votos para impulsar medidas que le interesen, si finalmente decide votar en contra de la convalidación del real decreto ley. “Después Junts también quiere los votos de Sumar para ciertas cosas”. “No vamos a dar ningún voto gratis a partir de ahora”. “Cuando quieran alguna de las cosas que vienen reclamando al Gobierno, pues a lo mejor se encuentran con que tampoco las tienen”. En Más Madrid no aclararon si esta advertencia vincula también al resto del espacio Sumar.
“Hay que seguir presionando al PSOE para que se tome en serio la negociación”
Fuentes de estos partidos (Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y Movimiento Sumar) han reclamado además hacer extensible la presión al PSOE. “Hay que seguir presionando directamente a Junts y también al socio mayoritario en el Gobierno, para que se tome en serio la negociación con Junts”.
Estos partidos manifiestan una enorme desconfianza con el partido de Carles Puigdemont. Recuerdan que después de meses de negociaciones, los siete diputados de Junts propiciaron que se estrellase en el Congreso la reducción de la jornada laboral, medida estrella de la vicepresidenta segunda (en septiembre de 2025)
Sumar, a diferencia del PSOE, sí admite conversaciones con Junts per Catalunya. La intención es hoy identificar qué iniciativas puede priorizar hoy esta formación, y así esgrimirlas para sentarse a negociar en firme. El problema, como reconocen a menudo en sus filas -también en las del PSOE-, es que con Junts no aplican las lógicas que sí suelen regir sobre otros partidos. Y que, desde octubre del pasado año, los neoconvergentes venden su ruptura con el Ejecutivo.
Sumar recela de la voluntad del PSOE, mientras Moncloa afirma que lo pelearán
Por otra parte, fuentes de Sumar en el Gobierno aseguran que el viernes pasado, cuando se produjo el choque con el Partido Socialista -adelantado por Artículo14-, no se explicitó en modo alguno que la negociación de los votos sea trabajo exclusivo del socio minoritario. En el PSOE, distintas voces señalan que fueron los de Díaz quienes exigieron este decreto, y que por tanto a ellos les corresponde sudar la camiseta en la negociación.
Fuentes de Moncloa afirman que el ala socialista del Gobierno sí batallará estos apoyos –“A tope”-. El martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, previsiblemente deberán abordar preguntas sobre la convalidación de la norma.
Su aterrizaje en el BOE ha supuesto una pequeña dosis de ánimo para un espacio político en horas bajas, abatido por las sucesivas derrotas electorales, y empeñado en reivindicar su utilidad dentro del Ejecutivo. De fondo late, además, el malestar con sus socios, por no haber “querido” actuar en materia de vivienda, en palabras de uno de sus dirigentes.
E coordinador federal e IU, Antonio Maíllo, fue claro al respecto en la reunión del lunes en la Cámara Baja. Mientras que Pedro Sánchez “le dedicó un minuto” el viernes a este decreto, en su comparecencia ante los medios, ellos prometen “dedicar un mes”. Y advirtió de que harán lo que esté en su mano para pasarle la factura a los partidos que se opongan: “Al PP, a Junts y a Vox, y a quienes se atrevan a oponerse, vamos a hacerles sudar la gota gorda. Vamos a ponerles en un brete”.
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