Nadie se moverá tome la decisión que tome Alberto Núñez Feijóo. Pero existe debate interno sobre cuál debe ser el sentido de voto del PP ante el paquete de medidas del Gobierno para dar respuesta a la crisis económica derivada de la guerra de Irán. Los barones territoriales consultados por Artículo14 dejan claro que se plegarán a lo que dicte Génova, aunque sugieren que estarían más cómodos con la abstención.
En principio, Génova mantendrá la incógnita sobre su sentido de voto hasta la misma votación, este mismo jueves. Pero la presión sobre el PP aumenta. Una vez Podemos ha anunciado su abstención, el Ejecutivo necesita o una abstención de los populares o el sí de Junts.
Oficialmente, el PP rechaza dar el “sí” a las medidas, y se mueve entre la abstención y el voto en contra. El segundo decreto, el de medidas en materia de Vivienda, será rechazado por el PP.
En las autonomías gobernadas por el PP están a la expectativa. “Lo que diga la dirección nacional”, responde desde Madrid, Aragón y Galicia, dejando claro que se plegarán a su sentido de voto. Aunque entre bambalinas se admite que no cabe otra opción que permitir la aprobación del decreto. Esto es, que Feijóo se incline por la abstención.
“Sería complicado no facilitar su convalidación”, coinciden en distintos territorios consultados por Artículo14. Y es que, recuerdan, la parte fiscal del decreto anticrisis –con bajadas impositivas- es lo que ellos mismos habían reclamado al inicio del conflicto bélico. “La parte fiscal tiene nuestro aval”, se reconoce en las baronías populares. “Lo vemos con buenos ojos ya que fueron medias propuestas por el PP”, zanjan desde Baleares. “Con nuestras medidas, pero con trampas”, subrayan desde Madrid.
Es Madrid, la comunidad más escéptica con el decreto. “Sánchez lleva tres años sin presupuestos y presenta un parche electoralista que va a remolque de la realidad”, censuran desde el territorio. “Lo más grave es que esta fiesta la pagamos las CCAA y no hemos sido consultadas”, censura, en cuanto a la merma de los ingresos por la reducción en la recaudación del IVA.
Desde Galicia, su presidente Alfonso Rueda critica que el Ejecutivo haya aprobado el decreto sin “dialogar” con las comunidades, que son las que deberán “asumir” la bajada en la recaudación de varios impuestos cedidos. En concreto, cada mes Galicia “dejará de ingresar” 23 millones de euros por la recaudación del IVA, 7,7 millones por el impuesto especial de hidrocarburos, y otros 9,5 millones de euros por el de la electricidad. Misma crítica desde Andalucía. “De entrada, el 50% de IVA lo ponemos las comunidades”, se quejan.
Según ha podido saber este diario, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, se encuentra en “permanente contacto” con las comunidades del PP para coordinar la respuesta a la crisis.
Carta para Bolaños
El PP dejó el viernes abierta la puerta a permitir la convalidación del real decreto ley con su abstención, tal y como publicó este diario. Ahora, después de leer en detalle la norma publicada en el BOE, Génova transmite una frialdad absoluta. “Se queda corto”, sentenciaban este lunes. “Llega tarde”, avisaba la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, tras el comité de Dirección.
En esta reunión, Feijóo dio la orden al vicesecretario de Economía de trasladar por escrito al Gobierno su “preocupación y decepción” por la carencia de algunas medidas . “Exigimos al Gobierno que recapacite y actualice las medidas”, entonaba Gamarra.
La carta, firmada por Ester Muñoz y dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no es un intento por parte de los populares de “negociar” su voto en el decreto, según aseguran en Génova, sino que solo tiene el objetivo de “trasladar al Gobierno sus peticiones”.
En la misma, los populares valoran que se hayan “asumido” varias de sus propuestas y consideran “correcto” que la norma recoja sus bajadas fiscales “hasta hace muy poco denostadas abierta e intensamente por el Gobierno”.
Sin embargo, consideran “insuficiente” para hacer frente a la crisis que no se incorpore la deflactación del IRPF porque supone “una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias”. “Es incomprensible que un decreto de ayudas olvide a las familias en este contexto”, censuran.
Además, los populares reclaman eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.
Los populares censuran que el Ejecutivo quiera eliminar las centrales nucleares y critican que la disposición final 12 que articula un mecanismo para gastar más sin presupuestos y sin control parlamentario, como desveló Artículo14.
Fuentes populares aseguran que el Ejecutivo, dado que el Decreto Ley estará en vigor durante 30 días, tiene “tiempo suficiente” para incorporar las cuestiones que reclaman y dar “una respuesta completa” a las familias. Piden, además, abrir un “proceso de información” con las comunidades ya que “ van a asumir financieramente el 50 % de las rebajas fiscales propuestas”.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.