La negociación de la Oferta de Empleo Público de 2026 ya ha echado a andar y lo ha hecho con un horizonte poco habitual en los últimos años: abril. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado los contactos con los sindicatos con la intención de sacar adelante la nueva convocatoria en ese mes, un calendario que, de cumplirse, convertiría esta oferta en una de las más tempranas de los últimos tiempos.
La novedad no es menor. En ejercicios anteriores, las conversaciones solían arrancar más tarde y el cierre de la Oferta de Empleo Público se desplazaba hasta finales de junio o incluso comienzos de julio. Ese cambio en los tiempos transmite una idea de fondo: el Gobierno quiere imprimir más rapidez a un proceso especialmente sensible para miles de opositores y para unas administraciones que siguen arrastrando necesidades de personal en numerosos ámbitos.
Una negociación que arranca sin cifras cerradas
Por ahora, el Ministerio no ha puesto sobre la mesa el número exacto de plazas que incluirá la Oferta de Empleo Público de este año. Ese es, precisamente, uno de los elementos que más expectación genera en cada ronda de negociación. Lo que sí ha trascendido es que la previsión del Ejecutivo pasa por una convocatoria muy parecida a la del ejercicio anterior.
Esa referencia permite hacerse una idea del volumen que podría manejar la futura Oferta de Empleo Público. En 2025, el Gobierno aprobó 36.588 plazas en total. De ellas, 26.889 correspondieron a la Administración General del Estado, con 20.324 de nuevo ingreso y 6.565 de promoción interna. A esa cifra se sumaron plazas para Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que dio forma a una convocatoria de gran tamaño.
Si finalmente se mantiene una magnitud semejante, la nueva Oferta de Empleo Público volvería a ser una de las grandes herramientas del Ejecutivo para reforzar plantillas, ordenar la reposición de efectivos y sostener el funcionamiento ordinario de servicios públicos muy tensionados.
Los sindicatos fijan sus condiciones
El hecho de que exista optimismo respecto al calendario no significa que la negociación vaya a ser sencilla. Los sindicatos han acudido a esta primera fase con exigencias claras y con varias reclamaciones que consideran prioritarias para apoyar la Oferta de Empleo Público.
Uno de los puntos de mayor fricción vuelve a ser la tasa de reposición. CSIF reclama que el Ministerio articule una fórmula para eliminar esa limitación, un mecanismo que durante años ha condicionado la capacidad real de las administraciones para cubrir vacantes y planificar sus necesidades de plantilla.
Para este sindicato, una Oferta de Empleo Público ambiciosa debe ir acompañada de una revisión de ese sistema si de verdad se quiere corregir el déficit acumulado de personal.
UGT, por su parte, pone el acento en otro frente: la compatibilidad entre la futura Oferta de Empleo Público, la implantación de la jornada de 35 horas y la calidad de los servicios públicos. Su posición pasa por no respaldar una convocatoria que no garantice que esa reducción de jornada pueda asumirse sin deteriorar la atención a la ciudadanía ni sobrecargar más a unas plantillas ya muy exigidas.
El problema de los retrasos sigue sobre la mesa
Más allá del volumen de plazas, la negociación de la Oferta de Empleo Público vuelve a poner el foco en un problema recurrente: la lentitud de los procesos. Los sindicatos insisten en que no basta con aprobar plazas si luego las convocatorias se retrasan o las resoluciones se alargan durante demasiado tiempo.
En ese sentido, una de las reclamaciones centrales es que los procesos selectivos arranquen en el mismo año en que se publica la Oferta de Empleo Público. La intención es reducir el desfase entre la aprobación formal de las plazas y su cobertura efectiva, algo que afecta tanto a los aspirantes como al funcionamiento de la propia Administración.
A ello se suma otro atasco que preocupa especialmente a las organizaciones sindicales: siguen pendientes de convocatoria las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Esa acumulación de retrasos afecta a miles de plazas, tanto de nuevo ingreso como de promoción interna, y se ha convertido en uno de los argumentos que explican la presión sindical en esta nueva negociación.