El Palacio Real noruego ha confirmado que la cuenta de correo electrónico que la princesa heredera utilizó en su correspondencia con Jeffrey Epstein fue eliminada hace más de una década. No se trataba de una dirección oficial de la Casa Real, sino de una cuenta vinculada al proveedor NextGenTel y al dominio broadpark.no. Hoy, según informa el palacio, ni la institución ni la propia Mette-Marit tienen acceso completo a ese intercambio; solo a los documentos ya publicados.
El dato tiene una carga política evidente. La cuestión ya no es solo qué tipo de relación mantuvo la futura reina consorte con un delincuente sexual convicto, sino cuánto puede reconstruirse con precisión y cuánto ha quedado fuera del alcance público.
Mette-Marit trató de recuperar la iniciativa el pasado 20 de marzo en una entrevista con la televisión pública NRK. Allí afirmó que fue “manipulada y engañada” por Epstein, dijo lamentar profundamente haberlo conocido y asumió que debió haber investigado mejor su pasado. Reuters informó de que la princesa no está acusada de ningún delito, pero subrayó el verdadero problema político del caso: el juicio público no recae sobre una conducta criminal, sino sobre su criterio, su credulidad y su capacidad para representar a la institución.
Ese es el núcleo del escándalo. Los documentos divulgados muestran contactos entre ambos entre 2011 y 2014, es decir, años después de la condena de Epstein en Estados Unidos en 2008. Esa cronología es devastadora no porque pruebe un delito, sino porque debilita la defensa más importante de la heredera (la idea de que desconocía quién era realmente el hombre con el que seguía en contacto).
Una de las piezas más incómodas sigue siendo un correo de 2011 en el que Mette-Marit le dijo a Epstein que había buscado información sobre él en Google y que aquello “no pintaba bien”. En su entrevista reciente aseguró no recordar qué encontró exactamente. Esa respuesta, más que disipar dudas, las multiplicó. En términos políticos, no basta con expresar arrepentimiento; también hace falta ofrecer una explicación coherente. Y por ahora, esa explicación sigue siendo fragmentaria.
La eliminación de la cuenta acentúa precisamente esa sensación de relato incompleto. El medio noruego Aftenposten señaló que el palacio no ha aclarado cuestiones básicas, entre ellas cuándo se borró exactamente el correo y por qué. La pérdida de acceso a una correspondencia clave no prueba una maniobra deliberada, pero sí priva al público de una parte esencial del contexto. Para una familia real que aspira a encarnar estabilidad y responsabilidad, esa laguna documental es ya un problema institucional.
La crisis llega, además, en un momento especialmente delicado para la Casa Real noruega. La salud de Mette-Marit, afectada por fibrosis pulmonar, se ha deteriorado en los últimos años, mientras la familia también soporta la presión derivada del juicio contra su hijo, Marius Borg Høiby. Ese telón de fondo ayuda a explicar el tono contenido y vulnerable de su comparecencia pública, pero no cambia la naturaleza del daño: la cuestión sigue siendo la confianza.
La cobertura internacional ha tendido a leer el episodio menos como un escándalo de celebrities que como una prueba de estrés para la monarquía. Además, el primer ministro noruego consideró importante que la princesa compareciera y asumiera responsabilidad por no haber examinado mejor el pasado de Epstein. En otras palabras, incluso sus defensores parecen aceptar que el listón aquí no es jurídico, sino moral e institucional.
Ese es el verdadero giro de esta historia. El correo borrado no absuelve a Mette-Marit, pero tampoco la condena. Lo que hace es trasladar el caso a un terreno más corrosivo para cualquier figura pública y especialmente para una heredera… el de los vacíos, los recuerdos imprecisos y los archivos perdidos. En la política democrática eso ya sería serio. Pero en una monarquía, donde la legitimidad descansa en la confianza y en la apariencia de impecable juicio, puede resultar aún más dañino.