La jornada laboral de 35 horas podrá ser una realidad tras los avances logrados entre Gobierno y sindicatos en una reunión técnica mantenida ayer. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prevé firmar este miércoles un acuerdo para implantar de manera definitiva la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado, incluyendo al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de educación, inicialmente excluidos.
Desde CSIF afirman que la aplicación de la medida deberá concretarse en cada ámbito mediante sus respectivas mesas de negociación. El sindicato también defenderá la adaptación de las jornadas especiales -actualmente establecida a 40 horas a la semana- a un modelo proporcional y también a la de las jornadas de verano.
La reducción a 35 horas, afirman desde el sindicato, era un compromiso pendiente del Ministerio de Función Pública que llega tras años de retraso y que, según afirma CSIF, ha sido posible gracias a la presión sindical en el marco del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía.
Asimismo, la organización reclama que esta medida se consolide como normativa básica para su aplicación en el conjunto de las administraciones públicas.
Reclaman más plazas de empleo público
En paralelo, CSIF ha iniciado la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado para 2026, a pesar de que actualmente no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En ese sentido, Función Pública ha comenzado la negociación, que, según informó el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, será “muy similar a la del año pasado”. Fue en 2025 cuando se aprobaron 26.889 plazas para la Administración General del Estado.
Así, aunque la negociación entre las partes se ha iniciado sin aportar datos sobre las líneas generales de la OEP, el Departamento que dirige Óscar López ha afirmado que será “muy similar a la del año pasado” y que su intención es que se apruebe en el mes de abril, señalan desde CSIF.
Desde el sindicato reclaman superar la cifra de oferta pública de 2025 en los ámbitos de acceso libre y de promoción interna. Además, solicitan reforzar ámbitos con déficit de personales, como los del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias.
Soluciones ante la falta de los PGE
Asimismo, reclaman que el Gobierno articule de alguna forma para eliminar la tasa de reposición. Esta tasa es un indicador del empleo público en España que determina cuántos funcionarios nuevos pueden contratarse en función de las bajas del año anterior, que se establece en base a los PGE y, por lo tanto, piden una alternativa para que “los diferentes departamentos puedan diseñar sus planes de recursos humanos”. Una medida que, subrayaron, está en línea con el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público.
De hecho, desde CSIF han recordado que el año pasado rechazaron la oferta de empleo porque se creó menos de la mitad de empleo que en 2024, al igual que redujeron “de manera significativa” la promoción interna. Por ello, reclama que en la oferta de este año se apliquen los criterios del citado acuerdo para agilizar los procesos selectivos, impulsar el desarrollo profesional y reforzar la atención directa a la ciudadanía.
Mejora del acceso a personas con discapacidad
Otras de las cuestiones pendientes es la mejora del acceso al empleo público de las personas con discapacidad para reservar un cupo no inferior al 10% de las plazas tanto en acceso libre como en promoción interna.
Además, prevé la convocatoria de pruebas específicas e independientes, el acceso a plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual y la adaptación de los procesos selectivos para eliminar barreras arquitectónicas, tecnológicas, comunicativas y organizativas.
El acuerdo también reconocerá las situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando la adaptación de los puestos de trabajo, el desempeño efectivo de las funciones y el acceso a la formación y cualificación profesional.