La jornada laboral de 35 horas para funcionarios encara su tramo decisivo en la Administración General del Estado (AGE). La comisión permanente de negociación de la Administración General del Estado se reunió esta semana y acordó elevar la propuesta a la Mesa General de Negociación, que se celebrará en las próximas semanas. El objetivo que manejan los sindicatos es que la resolución quede cerrada y publicada antes de que termine marzo.
En la práctica, esto significa que la jornada laboral de 35 horas para funcionarios empezaría a aplicarse ya en marzo al personal de la AGE y del sector público estatal, con algunas excepciones que requieren una instrucción específica. Y, sobre todo, con una idea que conviene subrayar desde el principio: el cambio, de momento, se circunscribe al ámbito de la Administración central y no se traslada automáticamente al conjunto de asalariados del país.
Qué se ha decidido y cuál es el calendario previsto
El paso formal es relevante: la comisión permanente ha dado luz verde para que la jornada laboral de 35 horas para funcionarios llegue a la Mesa General, donde se negocia con las organizaciones sindicales y se valida el acuerdo definitivo. UGT sostiene que la medida se aprobará inmediatamente después de recibir el visto bueno en esa mesa.
El calendario que se maneja es doble. Por un lado, la implantación operativa en marzo. Por otro, el cierre administrativo, con la publicación de la resolución antes de acabar el mes. En el engranaje de la Administración, ese matiz importa: la jornada laboral de 35 horas para funcionarios no es solo una declaración, necesita soporte normativo y una instrucción de jornada y horarios adaptada.
A quién se aplica en marzo y quién queda fuera por ahora
Según lo trasladado por UGT, la jornada laboral de 35 horas para funcionarios se aplicará en marzo a todo el personal de la AGE y del sector público estatal. Es decir, el alcance no se formula como una reforma general de la jornada máxima legal para el conjunto de trabajadores, sino como una medida interna del Estado para su propio personal.
Hay, no obstante, excepciones explícitas: los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla quedan pendientes de una instrucción adicional. En términos prácticos, eso implica que la jornada laboral de 35 horas para funcionarios no se desplegará de manera idéntica en todos los ámbitos desde el primer día, porque no todos dependen de la misma organización de turnos, plantillas y cobertura de servicio.
El compromiso que arrastraba Función Pública
El Ministerio de Función Pública inició el mes pasado los trámites para reimplantar de forma definitiva la jornada laboral de 35 horas para funcionarios en la AGE. Se trata, además, del primer compromiso que quedaba por aterrizar tras el acuerdo firmado con los funcionarios en el que la medida más visible era la subida salarial.
Ese acuerdo incluía una mejora retributiva total del 11,4% en tres años para el personal público, pero la reducción de jornada había quedado como carpeta pendiente. Ahora, según el planteamiento sindical, se pretende cerrarla con una modificación de la instrucción de jornada y horarios, el documento técnico que, en la práctica, hace posible que la jornada laboral de 35 horas para funcionarios funcione sin colisionar con el servicio.
Por qué vuelve ahora el debate de las 35 horas
La jornada laboral de 35 horas para funcionarios no aparece de la nada. Muchas administraciones autonómicas y locales ya recuperaron ese tope horario después de años de jornadas ampliadas. El contexto histórico que se cita es claro: tras la crisis de 2008, se aplicaron políticas de austeridad que, entre otras medidas, llevaron la jornada a 37,5 horas.
El regreso de las 35 horas en la Administración central se ha retrasado durante años. Y, precisamente por eso, desde los sindicatos se presenta la jornada laboral de 35 horas para funcionarios como una pieza que puede tener efecto dominó: si el Gobierno la consolida, otras administraciones que habían condicionado su decisión a ese paso podrían seguir el mismo camino. Se menciona como ejemplo la Comunidad de Madrid, que habría señalado que no la implantaría hasta que lo hiciera el Ejecutivo.
UGT lo llama “punta de lanza” y mira más allá de la función pública
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, plantea la jornada laboral de 35 horas para funcionarios como un inicio, no como una meta. Confía en que actúe como “punta de lanza” para que el avance alcance al resto de asalariados y, al menos, se retome la reducción a 37,5 horas.
Araque también ha criticado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas. En su lectura, ese recorte habría tenido impacto en salud laboral, calidad de la producción y estabilidad del empleo. De momento, sin embargo, la realidad inmediata es más acotada: la jornada laboral de 35 horas para funcionarios avanza en el perímetro de la AGE, no como norma general para toda la economía.
Teletrabajo y otras negociaciones que quedan en la mesa
La negociación no se cierra en el horario semanal. UGT subraya que el teletrabajo necesita un soporte normativo sólido que garantice un desarrollo homogéneo en toda la AGE. En paralelo, se enumeran otros asuntos que deberían abordarse en próximas reuniones:
- Actualización e igualación de indemnizaciones por razón del servicio
- Puesta en marcha efectiva de la jubilación parcial
- Clasificación profesional
- Retribuciones del personal de Servicio Exterior
- Revisión de clases pasivas
- Brecha salarial de género
- Mutualismo
Por eso, aunque la jornada laboral de 35 horas para funcionarios sea la pieza central del momento, el tablero es más amplio. Y la pregunta de fondo permanece: si este cambio se consolida en la Administración central, qué presión añadirá sobre el debate pendiente de la jornada en el conjunto del mercado laboral.