La cuenta atrás ya ha comenzado. El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha activado el procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales entre los funcionarios de la Administración General del Estado. Una medida pactada con los sindicatos de CCOO y UGT dentro del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y que podría entrar en vigor entre finales de febrero e inicios del mes de marzo. El paso previo ya está dado: la convocatoria de la Comisión Superior de Personal y de la Mesa General de la Administración, donde se cerrarán los últimos flecos antes de su aprobación definitiva.
Así, la reducción de jornada tendrá un impacto directo y medible. Mientras un trabajador del sector privado con jornada completa realiza 40 horas semanales -2.080 horas al año-, los empleados públicos pasarán a trabajar 35 horas. Lo que supone un total de 1.820 horas anuales. La diferencia es clara: 260 horas menos al año. El equivalente a más de seis semanas de ahorro de trabajo o, lo que es lo mismo, un mes y medio menos de jornada laboral.
El cambio afectará a más de 246.000 empleados públicos de la Administración General del Estado y supone uno de los mayores ajustes horarios de los últimos años. Las agrupaciones sindicales han celebrado el avance, aunque recuerdan que aún quedan pendientes otras reivindicaciones.
125 mil mujeres
Las mujeres también están entre las grandes beneficiadas de esta reducción de jornada, ya que representan más de la mitad del personal de la Administración General del Estado. En concreto, más de 125.000 mujeres se verán directamente favorecidas por la entrada en vigor de la reforma del horario laboral.
El ajuste del horario marca un cambio relevante en la organización del trabajo dentro del sector público estatal. Sin embargo, también reabre el debate sobre la posición ventajista del empleo en la administración frente a las condiciones laborales del sector privado, donde la jornada completa sigue siendo de 40 horas tras el rechazo de Vox y PP a reducirla a 37,5 horas semanales. No obstante, dentro de las instituciones públicas los cambios no son universales. El nuevo ajuste no se aplicará formalmente al personal de las administraciones locales (632.030 empleados) ni autonómicas (1.934.335). Y excluye además a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (280.012) y al personal de Justicia (14.400).
Otras reivindicaciones
Además de las 35 horas, sindicatos y Función Pública tratan de llegar a un consenso para recuperar la jubilación anticipada parcial del personal. Así, el Ministerio de Óscar López avanzó estar buscando “el instrumento normativo adecuado que así lo garantice”. Se trata de un derecho que permite reducir progresivamente la jornada laboral y empezar a cobrar parcialmente la pensión antes de la completa.
No obstante, desde UGT y CCOO exigieron ayer su implementación inmediata y anunciaron que harán “un llamamiento al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios, para que actúen con responsabilidad y zanjen definitivamente un problema que está afectando a miles de empleadas y empleados públicos“.
En paralelo, ambas organizaciones subrayan que, tras la firma el pasado día 26 del acuerdo para poner en marcha el anteproyecto de ley de Estatuto Marco Sanitario, es urgente concluir también en el ámbito de la función pública los compromisos de clasificación profesional de personal técnico superior y medio. Esta medida, tal y como señalan los sindicatos, busca ordenar y regular los puestos según responsabilidades, nivel de formación y funciones. Y garantiza que los empleados cuenten con una estructura clara que determine su salario y acceso a promociones.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) indicó ayer que también queda pendiente avanzar en otros puntos del Acuerdo Marco, como la actualización de cuantías por razón de servicio y el refuerzo de Muface. Unas cuestiones que, sumadas a las anteriores, el sindicato trasladará a la próxima reunión de la Mesa General.
Tres años de retraso
Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recordó ayer tras el acuerdo que la reducción de la jornada a 35 horas semanales era un compromiso del Ministerio que llega “con más de tres años de retraso”.
Mientras tanto, el calendario ya está en marcha y el nuevo modelo horario empieza a perfilarse como una realidad inminente.