La negociación entre el Gobierno y los sindicatos llegó ayer a buen puerto. Finalmente, las partes, a falta de que CCOO dé el sí definitivo, acordaron una subida salarial para los funcionarios de un 11%, propuesta que Función Pública ya había hecho hace justo una semana. Desde entonces, solo UGT de las tres agrupaciones sindicales había dado luz verde a la oferta hasta hoy. Ahora, Csif se suma y ha suscrito el acuerdo. De este modo, 3,5 millones de empleados públicos verán sus sueldos aumentados hasta 2028.
El alza del salario de los trabajadores del Estado se distribuirá de manera diferente a la planteada inicialmente. Para el presente año la subida será de un 2,5% y se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero pasado. Para el próximo, el incremento será del 1,5% y contará con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC. Así, sumando ambos incrementos, a principios del 2026 la elevación salarial será del 4% fijo y podrá alcanzar hasta el 4,5%. Por su parte, para 2027 la subida estará en el 4,5% y para 2028 en el 2%.
Aunque el acuerdo anota en total un aumento del 11% en los salarios para el periodo de 2025 a 2028, ambos años incluidos, los sindicatos calculan que, debido al efecto acumulado de las distintas subidas anuales, la mejora real en las nóminas de los empleados públicos se acercará al 11,5%.
El sí de Csif
El pacto se cerró tras una nueva reunión en la tarde de ayer entre la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y los representantes de las organizaciones, que se prolongó durante más de cuatro horas. El encuentro no solo tenía por objetivo definir la mejora de las retribuciones. También se puso sobre la mesa otros asuntos exigidos por los sindicatos para avanzar en las condiciones laborales de los empleados públicos.
CSIF, que hasta el momento había sido el más escéptico con el Gobierno, sostuvo tras la reunión que el entendimiento alcanzado es “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas“. Y recordó que permite poner fin a la congelación salarial que afectaba este año a los funcionarios y recuperar un 2,9% del poder adquisitivo perdido.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, fue más allá y manifestó que con el pacto “no solamente ganan los empleados públicos“, sino también “la calidad del servicio, la ciudadanía y el país en general”.
Comisión de seguimiento
El sindicato presidido por Miguel Borra suscribe ahora el acuerdo por “una cuestión de responsabilidad y compromiso”. Y remarca que hay que tener en cuenta “las dificultades que atraviesa el país” en cuanto a “inestabilidad política, bloqueo presupuestario y limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN por el gasto en defensa”.
El documento prevé además la creación de una comisión de seguimiento, que deberá constituirse en un plazo máximo de 15 días desde la firma, para garantizar el cumplimiento de lo pactado. En este sentido, Csif recalcó que el acuerdo “no es un cheque en blanco” y que vigilará que las medidas se apliquen “en tiempo y forma”.
Conflicto por el límite salarial del 4%
En la última reunión, celebrada el pasado lunes, el principal escollo en las negociaciones fue la fijación de un alza salarial del 4% para 2025 y 2026. Un límite que, al igual que Función Pública consideraba inamovible, CCOO y CSIF no estaban dispuestos a aceptar.
En aquel encuentro, ya hubo intentos de consenso en este aspecto. La secretaria general de UGT Servicios Públicos señaló que los sindicatos propusieron trasladar medio punto del aumento previsto para 2027 al año 2026. Es decir, pasar de un incremento del 5% a 4,5% en 2027 para elevar en medio punto el alza para el próximo año. El Gobierno, sin embargo, rechazó esta alternativa, que ahora sí que ha autorizado.
A esta reforma estructural se sumarán otras medidas destinadas a modernizar y agilizar el empleo público. La reducción de los plazos de los procesos selectivos, que no deberán superar un año. Así como la ampliación y mejora de la promoción interna y la movilidad. El acuerdo contempla también la actualización de la clasificación de los puestos de trabajo, adaptándola a las funciones reales y a los requisitos formativos. Además, se reforzará el peso del concurso de méritos mediante la implantación de un proceso abierto y permanente.
El texto pactado incorpora igualmente la revisión y aumento, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio. Así, se eliminará desigualdades entre empleados públicos. También prevé el refuerzo de las plantillas de atención al ciudadano, la actualización de permisos y medidas de conciliación, y un impulso a la protección de la salud laboral, con apoyo psicológico y protocolos frente a agresiones.