El Ministerio presidido por Óscar López presentará su propuesta económica para abordar las exigencias de los empleados públicos e intentar llegar a un acuerdo con Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el próximo 19 de noviembre. Ha pasado justo una semana desde que los sindicatos pusieron el grito en el cielo en una manifestación nacional frente a la sede del departamento ministerial en Madrid y en las delegaciones del Gobierno en el resto de capitales de provincia.
Las presiones dieron sus frutos. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, se acercó durante la jornada a la concentración, que congregó en todo el país a miles de manifestantes, y emplazó a los sindicatos a “reanudar la negociación”. La fecha fijada en el calendario fue el miércoles 5 de noviembre. Es decir, ayer.
Primer acercamiento
Ahora, la negociación para un nuevo marco salarial en la Administración parece dar sus primeros pasos. Durante el encuentro de ayer, Sánchez Naranjo trasladó a CCOO, UGT y CSIF la intención del Gobierno de sellar un acuerdo plurianual de 2026 al 2028 que incluya incrementos retributivos con una parte fija y otra variable. La propuesta busca eliminar la pérdida de poder adquisitivo por parte de los empleados públicos, derivada del extendido proceso inflacionario durante los últimos años.
La reunión marcó el inicio formal de las conversaciones para un nuevo pacto. Además de mejoras salariales, el acuerdo aspira a incorporar cambios organizativos orientados, en palabras del propio departamento, a repercutir “de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía”. En este sentido, la secretaria de Estado defendió que el Ejecutivo quiere avanzar de la mano de los sindicatos hacia una administración “más moderna y adaptada a los desafíos actuales”.
Así, ambas partes, que hasta el día de ayer llegaban con posturas muy contrarias, acordaron un calendario de reuniones para elaborar un texto que pueda elevarse a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas “en cuanto sea posible”. Al mismo tiempo, Sánchez Naranjo, según trasladó el Ministerio de Función Pública tras la reunión, tomó nota de las principales demandas sindicales y se comprometió a analizarlas.
Calendario de reuniones
Fuentes de UGT explican que la negociación se estructurará por bloques y que, en principio, las reuniones tendrán lugar los miércoles, aunque la próxima se adelantará al martes día 12 por motivos de agenda. Las mismas fuentes precisan que el Gobierno no ha puesto sobre la mesa ninguna cifra y que el horizonte del pacto es de tres años.
El último acuerdo salarial entre Gobierno y sindicatos, vigente entre 2022 y 2024, también combinó un componente fijo y otro variable. Y permitió elevar las retribuciones en torno a un 10% en un contexto de inflación similar. El coste para las arcas públicas rondó entonces los 13.000 millones de euros. Según las cuentas de ejecución presupuestaria compartidas por el Ministerio de Hacienda, Función pública ha aumentado sus gastos comprometidos destinados a personal hasta septiembre de 2025. En este periodo, la cuantía asciende a unos 20,9 millones de euros, frente a los 19,8 millones del año anterior. Lo que supone un incremento aproximado de 1,1 millones de euros, es decir, cerca de un 6% más.
Pese a ese aumento, el Gobierno tiene menos de dos semanas para dibujar una oferta que contente a los sindicatos, aunque estos ya desconfían de la propuesta: “Desconocemos la letra pequeña de la oferta”. De no cumplir con las expectativas, CSIF ya avisa que “las movilizaciones pactadas por los sindicatos dependerán del avance y resultado de la negociación“. Y deja entrever que se podrán retomar en cualquier momento, pese a la tregua momentánea. Incluida la huelga planeada para finales de año.
Exigencias de los sindicatos
Las organizaciones sindicales insisten en que cualquier subida que se pacte debe tener efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. De modo que no se pierda la referencia retributiva del ejercicio. Consideran inaceptable que los pagos de este año queden en el aire y advierten de que la negociación no puede limitarse al salario. Debe incorporar mejoras estructurales en las condiciones de trabajo. Entre sus prioridades figura la eliminación de la tasa de reposición, ya que exigen poder contratar según necesidad real, no con límites fijados por los Presupuestos.
Por otro lado, las organizaciones reclaman un mayor refuerzo de las ofertas de empleo público, una regulación definitiva del teletrabajo. Y la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en toda la Administración.
España cuenta con más de 3,5 millones de empleados públicos. Y casi la mitad de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará en la próxima década. El envejecimiento, junto a la falta de reposición suficiente durante los últimos años, amenaza la capacidad del Estado para seguir prestando servicios esenciales. Solo en las últimas dos décadas se han perdido en torno a 42.000 efectivos. Y la última oferta de empleo público apenas supone la creación neta de 4.500 plazas. Una cifra que los sindicatos consideran insuficiente para suplir las necesidades reales.