“Vamos a cerrar el año con esta materia y España va a legislar ganando nuevos derechos, en este caso, los permisos por duelo y cuidados paliativos”, aseguraba Yolanda Díaz el pasado 11 de diciembre. Cuatro días después, el Ministerio de Trabajo cerró con los sindicatos, pero sin la patronal, el acuerdo para la ampliación hasta diez días laborables de los permisos por fallecimiento. Esta medida implica una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que tiene rango de ley. El siguiente paso pendiente es su aprobación mediante real decreto-ley por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, Trabajo no ha llegado a tiempo para su aprobación en la última reunión del año del Consejo, el próximo 23 de diciembre. De este modo, la medida con la que Yolanda Díaz ha tratado de conectar con la clase trabajadora queda fuera del calendario de 2025 y se traslada a 2026. Cabe recordar que esta medida fue anunciada públicamente por sorpresa a principios de octubre. Tras el varapalo a las 37,5 horas en el Congreso de los Diputados, el registro horario –el plan B de Díaz para incidir en la jornada laboral– pasa también al próximo ejercicio. Ocurre lo mismo con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Registro horario
Tanto el registro horario como la subida del SMI han topado en el área socialista del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de septiembre, el real decreto para modificar el control del registro horario. Trabajo apuesta por su digitalización y por un modelo interoperable, que permita a la Inspección de Trabajo acceder en tiempo real a la jornada laboral de cualquier trabajador. En el punto de mira están las horas extras no remuneradas. Estas “tienen un coste fiscal brutal del que nunca se habla en España”, según ha advertido reiteradamente Díaz. Según los cálculos del Ministerio, las horas extras irregulares rondan los tres millones, a pesar de que se han reducido a la mitad con el Ejecutivo actual.
Este proyecto normativo avanzó con mayor rapidez en su fase inicial. Yolanda Díaz consiguió que el Consejo de Ministros acordara su tramitación urgente, lo que permitía a Trabajo acelerar los procedimientos para su aprobación definitiva. Así, el plazo para la presentación de aportaciones, que duró solo diez días, concluyó el pasado 20 de octubre. “El texto ya básicamente está consolidado, una vez estudiadas las aportaciones de los trámites de información y consulta, que fueron muchas y numerosas”, afirmó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a principios de diciembre.
Tramitación interministerial
Entonces, se estaba culminando su desarrollo interministerial -informes del Ministerio de Economía y del Ministerio Transformación Digital- para presentarlo “a la mayor brevedad” a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y al Consejo de Estado. La MAIN (Memoria de Análisis de Impacto Normativo) preveía sendos informes de los ministerios de Economía y Transformación Digital, además del AEPD y del preceptivo de la Oficina de Coordinación Normativo, antes de su remisión al Consejo de Estado. Ambos ministerios están en manos del ala socialista del Gobierno y tendrían paralizado el proyecto, según informó El Economista.
“Es difícil dar una previsión exacta porque no depende del propio ministerio“, reconoció Pérez Rey. En este sentido, admitió que su avance dependerá de lo que tarde tanto el Consejo de Estado como la Agencia de Protección de Datos. “Es obviamente una norma clave para el ministerio y estamos impulsándola de manera especialmente intensa”, señaló. En cualquier caso, el registro horario no será una realidad antes de mediados de 2026. Aún cuando con su publicación en el BOE entre en vigor, dada su complejidad el proyecto inicial preveía posponer la aplicación durante seis meses.
SMI
Otro ministerio del ámbito socialista ha complicado también que la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2026 pueda aprobarse antes del inicio de año. La falta de acuerdo con María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, impidió a Trabajo presentar una propuesta concreta de revalorización en la reunión del pasado 16 de diciembre. Tal y como reconocieron fuentes sindicales, Trabajo no pudo aclarar si el SMI tributará o no el próximo año. Esta es una decisión que corresponde formalmente al Ministerio de Hacienda y que sobre la que aún no se ha llegado a un acuerdo.
En principio, la propuesta de Hacienda es ampliar la deducción en el IRPF para los perceptores del SMI hasta los 600 euros, frente a los 340 euros actuales. La mesa de diálogo social del SMI se convocará después de las Navidades y en el mejor de los escenarios, como reclamó Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, podría acordarse antes del 15 de enero. De cumplirse este calendario, su aprobación seguiría un esquema similar al de este año, con la aplicación —con carácter retroactivo desde el 1 de enero— una vez iniciado el ejercicio.
Yolanda Díaz logró aprobar en 2025 el permiso parental retribuido y el estatuto del becario. Sin embargo, el cierre del año deja fuera del último Consejo de Ministros los principales proyectos de su departamento. Los diez días hábiles de permiso de duelo, el registro horario digital y la subida del SMI quedan pendientes y se trasladan al calendario legislativo de 2026.