El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente hoy el acuerdo para la tramitación urgente del Real Decreto que regulará el nuevo registro horario digital. Para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, su aplicación lo antes posible es una gran prioridad, después de que decayera en el Congreso de los Diputados la reducción de jornada a 37,5 horas. La ministra de Trabajo sitúa este nuevo sistema de registro como la “gran medida estrella” vinculada a la jornada porque reforzará el control del cumplimiento del horario laboral.
En este sentido, entiende que con un control horario más “eficaz” y con mayor capacidad de supervisión por parte de la Inspección de Trabajo, en la práctica se reducirá la jornada laboral. En el punto de mira están las horas extraordinarias no remuneradas. Según las estimaciones del Ministerio, aunque se han reducido a la mitad con el Ejecutivo actual, aún se realizan cerca de tres millones (2,6 millones) de horas irregulares, que además tienen un “coste fiscal brutal para España”. Con estas premisas, según confirmaron fuentes de su departamento, Díaz llevará al Consejo la tramitación urgente del nuevo registro horario. ¿Qué implica en la práctica?
Tramitación urgente
La tramitación urgente del Real Decreto facilitará al Ministerio de Trabajo acelerar los trámites preceptivos para poder aprobar esta norma reglamentaria. La tramitación de un Real Decreto no tiene fijada por ley una duración determinada, ya que hay hitos que debe superar el proyecto en los que no se establece un plazo temporal. Si un proyecto de real decreto se tramita a “buen ritmo”, puede publicarse en el BOE en seis meses. No obstante, son habituales periodos más extensos, aunque no quede paralizado en ninguna de las fases intermedias. Con la declaración de trámite de urgencia, Díaz se asegura, como mínimo, recortar el plazo en casi dos meses en la fase final.
A su vez, contará con capacidad para apremiar al resto de Ministerios en el obligado proceso de consulta interministerial. En una norma que cuenta con la oposición de las patronales CEOE y Cepyme y donde algunos sectores ya han advertido de su impacto, la acción de lobby en otros departamentos gubernamentales puede jugar en contra de la prisa de la vicepresidenta. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha advertido que endurecer el registro horario “hundiría” hasta un 27% el salario de los trabajadores, lo que supondría, como mínimo, unos 7.000 euros anuales menos. Una de las medidas que plantean es elevar el número de horas extra.
¿En qué fase está su desarrollo?
Formalmente, el Ministerio de Trabajo dio el pistoletazo de salida a su tramitación con la consulta pública previa el pasado 12 de septiembre. Tal y como adelantó Artículo14, Díaz puso en marcha su Plan B al día siguiente de la caída de la reducción de jornada. Esta fase, abierta a la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de la norma, finalizó el pasado viernes 26 de septiembre.
‼️Iniciamos los trámites de la nueva regulación del Registro de Jornada que sale a consulta pública.
Permitirá el control eficaz del tiempo de trabajo, garantizando los tiempos máximos, los descansos mínimos y evitando las horas extra ilegales.
Más info: https://t.co/4HW58IQKG6
— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) September 11, 2025
Una vez redactada la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y la primera versión del texto, Trabajo remitirá el texto del anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación en primera lectura. A partir de aquí, se sacará el proyecto a audiencia pública. En esta fase, ya con el detalle, los sectores afectados -como la patronal o los sindicatos- podrán remitir sus alegaciones al articulado propuesto. Su duración es de 15 días hábiles y este es uno de los trámites en los que no suele reducirse el plazo. También en esta fase se informará a los ministerios competentes en la materia y a los órganos consultivos, como la Agencia de Protección de Datos.
Consejo de Estado
Superados estos trámites, la versión casi final del texto, incorporando, si procede, las alegaciones y comentarios recibidos, se remite al Consejo de Estado. El supremo órgano consultivo del Gobierno debe emitir un dictamen no vinculante, pero sí preceptivo. A este órgano, el Ministerio de Trabajo podrá solicitar la revisión del texto final por la vía de urgencia para reducir el plazo de dos meses a quince días o incluso menos.
Tras ello, se deberá informar a los órganos colegiales -Comisión de Asuntos Económicos y Comisión de Secretarios de Estado- y, una vez esta última le dé el visto bueno, irá al Consejo de Ministros. Es en esta segunda vuelta, cuando el Gobierno aprueba la norma y se envía directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE). Con la vía de urgencia, el procedimiento podría estar completado en unos cuatro meses.
Impugnación de la patronal
Si se mantienen los plazos que avanzó la vicepresidenta durante la tramitación del proyecto de ley de la jornada laboral, es previsible que el Real Decreto del nuevo registro horario digital incluya plazos de adaptación. Es decir, su aplicación práctica podría dilatarse más allá de la entrada en vigor con su publicación en el BOE en algunas de las exigencias.
Una vez se publique en el BOE, el Ministerio de Trabajo tiene claro que la patronal impugnará la normativa en los tribunales al igual que ha hecho con “todos” los reglamentos. No obstante, desde el Departamento encabezado por Yolanda Díaz aseguran que esta normativa tiene “base legal”. “Claro que la CEOE dará batalla jurídica, porque siempre la dan para impedir reformas que ellos entienden que ponen en peligro algunas de las prerrogativas de los empresarios”, han reconocido dichas fuentes, según informa Europa Press. Y en esa batalla que se anticipa en los tribunales, lo que no debería quedar es ningún fleco en cuanto a una correcta tramitación.