La ministra de Hacienda y Vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha soltado una buena bomba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado esta semana. Montero ha asegurado que a principios del próximo año, entre enero y febrero, va a presentar una propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica. El anuncio es una buena noticia, porque de esta bolsa dependen los recursos para los servicios más cercanos para los ciudadanos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que prestan las comunidades. Toca hablar de lo que no se ha hablado en 15 años y además no puede caer en saco roto como paso como paso con iniciativas anteriores: la reforma del sistema es imprescindible y urgente, y el momento económico es propicio para llevarlo a cabo. El actual sistema entró en vigor en el año 2009 con el objetivo de revisarlo a los cinco años. Sin embargo ningún gobierno desde entonces ha cumplido con la tarea.
Sobra decir que la reforma de la financiación autonómica es un asunto muy espinoso que genera grandes diferencias y fricciones y que por tanto es muy difícil encontrar un consenso. Y la prueba es que en las propias comunidades del PP que gobiernan en la mayoría de los territorios no tienen una posición unitaria y común sobre este tema. Digamos que lo que se intenta es que todo el mundo sin excepciones gane, que sea solidario entre los territorios ricos y pobres y principalmente que sea aplicable para las quince comunidades. Y esto es lo difícil sobre todo con la coyuntura política actual y el pacto PSC-ERC que van a obligar a la ministra Montero a salirse de los Excel y regresar a la política ofreciendo un modelo multilateral y bilateral al mismo tiempo, una fórmula que dificilmente aguante una hoja de cálculo.
No se puede sorber y soplar al mismo tiempo y esto es lo que ha ofrecido la ministra Montero porque el PSOE está condenado a entenderse con los partidos independentistas por el pacto que tiene de una “financiación singular” para Catalunya a cambio de apoyos a los gobiernos catalán y central. Este es el principal problema porque esta discusión bilateral que exige el nacionalismo catalán supone un desafío en el alambre de las finanzas autonómicas. Para avanzar por fin en algo tan importante es indispensable que la propuesta del gobierno sea capaz de generar un reparto que no dañe la equidad y que comprenda la diversidad económica sin causar fracturas.
El objetivo es presentar la propuesta a comienzos del 2026 para negociarla con las autonomías y que eche a andar en el 2027, aunque el Gobierno es consciente de las dificultades de sacarla adelante en el Congreso ante su minoría parlamentaria. No hay que perder de vista que esta iniciativa surge en un contexto político que se ha complicado en las últimas semanas tras la ruptura de Junts con el ejecutivo, una ruptura que está profundizando todavía más esta parálisis legislativa. Además los Presupuestos llevan prorrogados desde 2023 y no hay seguridad de que el Congreso dé luz verde a la senda fiscal. Si a esto le sumamos que la propuesta se ha presentado sin hablarla previamente con el resto de comunidades excepto con ERC todo indica que la propuesta va a ser complicada. No es descabellado aventurar que el sistema va a beneficiar sobre todo a Andalucía y Catalunya porque es vox populi que el Gobierno de turno tiene por el mango el cuchillo de partir la tarta y que siempre procura que el nuevo modelo responda a sus intereses.
Desde hace meses se suceden las reuniones discretas entre los equipos de Hacienda y los de la Generalitat y ERC para pactar el nuevo modelo. Catalunya vuelve a liderar las negociaciones después del procés cuando los independentistas consideraron incompatible prometer la secesión y discutir mejoras en el marco autonómico. ERC está abordando la discusión sabiendo que se trata de un modelo para todas las comunidades aunque como es lógico barre para su casa y esto lo saben el resto de autonomías. Mientras Junts ha preferido quedarse al margen pese a su capacidad para condicionar el gobierno y Esquerra se está implicando a tope al igual que la vicepresidenta Montero tira hacía Andalucía donde va a ser candidata a la Junta.
También esta semana el Gobierno ha reconocido por primera vez en público lo que era una evidencia: que no va a presentar los Presupuestos para 2026 antes de fin de año, como Pedro Sánchez aseguró en octubre. La idea de la vicepresidenta Montero es hacerlo en el primer trimestre del año 2026 para hacer coincidir las negociaciones con la del modelo de financiación autonómica. Por ahora el ejecutivo no cuenta con el apoyo de Junts pero no tiran la toalla porque todavía hay esperanzas de que puedan reconducir la relación aprovechando el previsible regreso de Carles Puigdemont a España en primavera.
El Gobierno da por hecho que el líder de Junts va a poder regresar a Catalunya sin problemas algo que todavía está por verse y da por sentado que Junts se alinearía en el grupo de la mayoría algo que tampoco está claro. De momento la realidad es que Puigdemont se siente defraudado y engañado por el gobierno socialista y se mantiene en una posición de rechazo a cualquier iniciativa que parta del Ejecutivo. Sin embargo en Junts tienen claro que su relación con los socialistas no va a cambiar aunque cambie el lugar de residencia de Puigdemont. Lo que se acordó fue amnistía por investidura pero no por legislatura. Está claro que todo pasa por Catalunya.