El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas que presentará un nuevo modelo de financiación autonómica a principios de 2026 con el objetivo de que entre en vigor al año siguiente. El nuevo modelo diseñado por María Jesús Montero parte ahora de una evaluación del sistema “en su totalidad”, con una visión completa del impacto para cada territorio. Una de las novedades es que prevé una mayor cesión de impuestos a las comunidades del régimen común y otorga más capacidad normativa para las comunidades, dentro de un marco de corresponsabilidad fiscal.
Uno de los que podría revisarse es el nuevo impuesto a la banca, dado que se recauda para las comunidades autónomas. Según detalló, desde su modificación el impuesto se distribuye a las autonomías, lo en la práctica supone 1.500 millones adicionales. Por el contrario, Montero descartó que incluir alguna nueva figura tributaria para sostener la financiación autonómica. Otro de los principios que tendrá en cuenta el nuevo modelo es el ‘dumping fiscal’. “No se puede soplar y sorber a la vez”, señaló gráficamente en alusión a las autonomías que rebajan impuestos y luego solicitan más recursos -una referencia velada a Madrid, a la que no citó expresamente-.
Los principios del nuevo modelo
Según afirmó, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el nuevo modelo partirá de una visión individual de cada comunidad autónoma. “El análisis no se hará por variables aisladas. No qué pasa con población ajustada, no cómo se comporta la variable de este fondo en relación con mi comunidad autónoma… Vamos a hacerlo en su totalidad, de forma que cada comunidad pueda ver su resultado global”. Es decir, lo que supone específicamente para Extremadura, para Galicia, para Andalucía, para Cataluña, para Madrid, según citó.
Montero insistió en que el principio del nuevo sistema es que “ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada”, un criterio que, recordó, fue fijado por el presidente del Gobierno “desde el primer día”. El Ministerio plantea aplicar el modelo a todas las comunidades de régimen común, “respetando a su vez las singularidades o particularidades territoriales”. La reforma también recogerá la solidaridad interterritorial “de forma explícita, transparente y basada en criterio objetivo”.
Reducir diferencia entre habitantes
Montero admitió la necesidad de reducir la brecha actual en financiación por habitante ajustado. Según detalló, entre la comunidad mejor financiada y la peor existe una diferencia de “1.005 euros por habitante ajustado”, una desigualdad que “no está justificada en ningún modelo”. El objetivo es “achatar, aplanar esta diferencia”. La reforma implicará “más recursos para la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia”, aseguró
La ministra avanzó asimismo la implantación de un “modelo de gestión en red del sistema tributario” que permitirá que las comunidades asuman progresivamente más competencias en materia de gestión, sin comprometer la unidad de la política fiscal estatal. Este avance va en línea con la transferencia inmediata de las entregas a cuenta, tal y como avanzó el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
Mano tendida a las comunidades del PP
La ministra señaló que el Ejecutivo está interesado en que el Partido Popular adopte una posición unificada para facilitar la negociación: “Es importantísimo que la posición del principal partido de la oposición sea única y pueda orientar el sentido del voto en relación con el modelo de financiación”.
Por su parte, las comunidades gobernadas por el Partido Popular mostraron escepticismo. Según el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, el anuncio es “muy poco creíble” porque Hacienda “no dice cuál va a ser la base de ese sistema, ni cuál va a ser la cantidad de fondos que se van a incorporar, ni cómo se va a articular con las comunidades autónomas”. Marín criticó especialmente la idea de combinar multilateralidad y bilateralidad, que calificó de “pirueta semántica”.
Los consejeros populares aseguraron también que Montero “ha negado que exista una negociación específica con Cataluña” y lamentaron que el Ministerio no entregara ningún documento técnico. Reclaman, además, la creación de comisiones de trabajo para participar en la elaboración del modelo. Desde el PSOE, el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, advirtió de que la bilateralidad solo puede darse en competencias exclusivas de cada comunidad.