Nueva presidenta en Venezuela y mismos vicios. La juramentación del mayor general Gustavo González López como el nueve jefe de la guardia presidencial de Delcy Rodríguez enciende las alarmas.
González López ha sido uno de los militares más sancionados por países democráticos del mundo tras su participación en las violaciones a los derechos humanos contra la disidencia política en el país en su paso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y como ministro de Relaciones Interiores del depuesto Nicolás Maduro, preso ahora en Estados Unidos, donde enfrenta un juicio junto a su esposa, Cilia Flores.
Esta es la primera acción de gobierno que se conoce de Rodríguez, quien un día después de jurar como presidenta encargada del país suramericano juramentó al militar al frente de su seguridad, en un momento en que todavía hay interrogantes sobre la facilidad de los militares estadounidenses que el sábado pasado y en menos de dos horas bombardearon Caracas, apresaron a Maduro y lo sacaron del país, dando fin a su gobierno autocrático en el que dirigió con mano de hierro a la nación por casi 13 años.
González López fue comandante de la llamada Milicia Bolivariana Nacional, un cuerpo que el chavismo incorporó a la Fuerza Armada Nacional, pese a estar conformado por civiles con escasa formación castrense y que durante muchos años ha sido burla por integrar a adultos mayores. Eso ocurrió con la llegada de Maduro al poder.
Sanciones por violaciones de DDHH
De allí escaló a la temida policía política, el Sebin, en un momento en el que hubo protestas que lideraron María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, que se conoció como “La Salida” en el año 2014.
Allí relevó al ahora militar exiliado en España, Miguel Rodríguez Torres, tras el asesinato de unos los manifestantes en esas protestas, Bassil Da Costa. Lo nombraron no porque fuese menos cuestionado que su antecesor, sino por su obediencia y capacidad para continuar la represión que desde ese momento se hizo ley en territorio venezolano.
González López fue uno de los primeros sancionados por Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama en ese país, que declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de su nación.
Salió del Sebin por un escándalo: la muerte bajo custodia del Estado del exconcejal Fernando Albán, un político del partido Primero Justicia al que apresaron al llegar a Caracas el 5 de octubre de 2018 y que falleció tres días después. El chavismo ha sostenido desde entonces que él se lanzó de uno de los últimos pisos de una de las sedes del Sebin en la capital venezolana, pero la oposición acusó al régimen autocrático de asesinar al político, que era en ese entonces uno de los más cercanos colaboradores del entonces diputado a la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges.
Bajo el manto de la sospecha quedó González López por esa muerte, aunque un año después Maduro decidió reinstalarlo al frente del organismo, en 2019, después de la fallida sublevación de un grupo de militares que en apoyo del entonces presidente interino Juan Guaidó intentó provocar la caída del régimen, pero solo logró la liberación de Leopoldo López, ahora exiliado en Madrid.
Pero Estados Unidos no es el único país que ha sancionado a González López. Lo ha hecho la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y de forma particular países como Bélgica y Francia. Siempre señalado de perseguir, apresar y reprimir a los opositores a la autocracia a la que siempre ha servido.
Del Sebin a Pdvsa
Con la llegada de Delcy Rodríguez al Ministerio de Hidrocarburos, ella le creó un cargo específico en Pdvsa: Intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción, aunque se le atribuye esta designación al presidente de la estatal petrolera, Manuel Obregón, un militar que llegó al puesto tras la detención de Pedro Tellechea, a quien acusaron de cooperar con EEUU y de una supuesta trama corrupta en detrimento de la principal industria venezolana.
Salió de su segunda administración en el Sebin tras largos cinco años en los que el número de presos y presas políticas en Venezuela no dejó de crecer, quizá por la desconfianza hacia él por parte de Diosdado Cabello, quien llegó al Ministerio del Interior y nombró a un primo en ese despacho.
Ahora estará al frente de la cuestionada guardia presidencial venezolana, en un momento en el que la captura de Maduro desnudó las fallas de inteligencia y la poca capacidad de respuesta militar venezolana, más allá de la retórica que el mismo depuesto y su ministro Cabello pregonaban en sus alocuciones antiestadounidenses, presionado por la sospecha de una traición contra el líder que lo llevó a los altos cargos en la represión y grados militares, así como por la orden de Trump de que su jefa, Delcy Rodríguez debe colaborar para una “transición ordenada” en Venezuela.
Represión no ha cesado en Venezuela
Mientras esto ocurre, las organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen su preocupación y denuncias por los más de 800 presos políticos que existen en el país y las restricciones que enfrentan tras los hechos del 3 de enero.
Además, Trump dijo este martes que la sede principal del Sebin, El Helicoide, sería cerrada, una orden que no se sabe cómo se va a cumplir si es que logra ejecutarse, toda vez que el poder en Venezuela lo sigue detentando el chavismo.
Una muestra de que la represión se mantiene fue la detención de al menos 14 periodistas a los que el propio gobierno invitó a la juramentación de la nueva Asamblea Nacional. Tanto el Sebin como la policía de inteligencia militar los mantuvieron horas presos y registraron sus teléfonos. Uno de ellos, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa fue deportado.
Además, en las calles de Caracas hay alcabalas con civiles armados que registran a las personas, en especial sus dispositivos móviles para saber si dieron o no apoyo a la captura de Maduro. Esto en sintonía con uno de los artículos del decreto de estado de conmoción exterior que instruye a cuerpos policiales, civiles y militares, a apresar a los que celebraron la intervención estadounidense en territorio venezolano.
Por eso, la represión en el país se mantiene, con los mismos actores solo que ahora tienen otros cargos.