La crisis venezolana entró esta semana en una fase inédita y de alto riesgo tras el ataque militar de Estados Unidos contra objetivos militares en Venezuela y la posterior detención del presidente Nicolás Maduro. La operación, justificada desde Washington como una acción para combatir el narcotráfico, ha generado reacciones enfrentadas y ha suscitado temor por el precedente que sienta en el nuevo orden internacional.
El ataque se produjo tras meses de amenazas de Donald Trump. Venezolanos en la diáspora festejaron la fulminante caída de Maduro, mientras voces críticas con la Casa Blanca alegan que se trata de una operación encubierta para controlar los recursos petrolíferos del país. En este contexto, Venezuela ya acumulaba cientos de presos políticos, un aparato represivo reforzado y una creciente militarización de la vida cotidiana, ahora agravadas por una intervención extranjera que introduce nuevos riesgos de violencia y abusos ante el limbo de poder creado.
Martina Rápido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, advierte que ni la presión internacional ni la acción militar garantizan una mejora en la situación de derechos humanos. En conversación con Artículo 14, analiza el impacto inmediato del ataque estadounidense, los peligros de una transición impuesta por la fuerza y la urgencia de una salida democrática liderada por los propios venezolanos.
-El ataque de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro marcan un punto de inflexión. ¿Cómo evalúa HRW este escenario?
-Tras décadas de una brutal represión en Venezuela, los venezolanos merecen una pronta transición a la democracia, respetuosa de los derechos humanos, pero sobre todo liderada por los propios venezolanos. Es fundamental que se respeten sus libertades, su derecho a participar en elecciones libres y justas, que se libere a los presos políticos -que desafortunadamente han sido poco mencionados en los planes y exigencias de Estados Unidos en los últimos días- y que los responsables de graves violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
-Desde Washington se presenta la intervención como parte de la lucha contra el narcotráfico, así como un intento de “restaurar la democracia” tras las últimas elecciones fraudulentas.
-Los observadores electorales de las elecciones de 2024 ya habían presentado datos claros que mostraban que los venezolanos votaron para sacar a Maduro del poder y que los resultados oficiales fueron fraudulentos. Desde ahí debería partir cualquier proceso de reconstrucción y transición democrática en Venezuela. El problema es que una transición impuesta por la fuerza externa corre el riesgo de ignorar principios básicos de derechos humanos y de dejar en segundo plano a las víctimas de la represión interna.
-HRW también ha expresado preocupación por el historial reciente de Estados Unidos. ¿Por qué?
-Desafortunadamente, la ejecución extrajudicial por parte de Estados Unidos de 115 personas en el Caribe y en el Pacífico en el periodo previo a estos ataques contra Venezuela es una señal muy preocupante del desprecio de la administración Trump por sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos antecedentes nos obligan a mantener una alerta máxima frente a cualquier acción militar que se presente como “liberadora”, pero que pueda derivar en nuevas violaciones.
-Antes del ataque ya existía una fuerte represión interna en Venezuela. ¿Qué puede ocurrir ahora?
-Es fundamental seguir monitoreando la respuesta tanto de Estados Unidos como de las autoridades venezolanas, incluyendo cualquier abuso contra opositores políticos y críticos dentro del país. En contextos de conflicto armado o intervención extranjera, los gobiernos suelen aprovechar la situación para justificar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y un mayor control militar de la sociedad.
-¿De qué manera el régimen venezolano ha utilizado históricamente la presión externa?
-La presión internacional ha sido utilizada como excusa para sacar aún más a los militares a las calles, tildar a los críticos de traidores y profundizar la represión. Ya antes del ataque, el Alto Comisionado de la ONU advertía que la vida pública se estaba volviendo cada vez más militarizada, con riesgo de incremento de la violencia, e incluso con reclutamientos forzados en la milicia bolivariana, incluyendo adolescentes y personas mayores.
-¿Qué papel juegan las sanciones en este nuevo contexto?
-Las sanciones individuales dirigidas a personas responsables de la represión pueden formar parte de estrategias de presión para una transición. Sin embargo, las sanciones sectoriales o indiscriminadas pueden tener impactos humanitarios indirectos. Es importante recordar que el colapso del sistema de salud, la pobreza extrema y la emergencia humanitaria preceden a las sanciones y son responsabilidad directa de políticas estatales.
-¿Existen riesgos legales adicionales para la disidencia?
-Sí. Leyes redactadas de forma ambigua, como las vinculadas al bloqueo de buques, permiten sancionar con penas de hasta 20 años de prisión a quienes supuestamente “promuevan” o “favorezcan” estas acciones. Este tipo de redacción abierta suele utilizarse para perseguir a críticos, periodistas u opositores políticos.
-¿Cómo afecta esta escalada a los migrantes venezolanos?
-La situación de los migrantes ya era extremadamente difícil. En Estados Unidos, la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) afecta a más de 600.000 venezolanos. Es una contradicción enorme: se afirma que Venezuela es una dictadura, pero al mismo tiempo se eliminan mecanismos de protección para quienes huyen de esa realidad.
-¿Qué papel deberían jugar América Latina y la Unión Europea?
-Es un momento crítico para la región. América Latina y la Unión Europea deberían impulsar una transición pacífica, exigir el respeto del derecho internacional y apoyar mecanismos como la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, claves para documentar abusos y garantizar rendición de cuentas.
-¿Ve posible una transición pacífica tras estos acontecimientos?
-Es lo más deseable y lo que HRW ha defendido incluso antes de las elecciones de 2024. Sin embargo, la represión posterior demostró que el régimen no tenía interés en facilitar esa transición. Aun así, seguir buscando vías pacíficas hacia la democracia es esencial para poner fin a la violencia y al sufrimiento de la población.
Los venezolanos ya han tenido que arriesgar su vida y su libertad durante años. Cualquier solución que pase por la violencia, venga de donde venga, solo agravará su situación. La prioridad debe seguir siendo la protección de los derechos humanos y de la población civil.