La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado niveles inéditos. Tras meses de despliegues navales en el Caribe y el Pacífico, ataques a embarcaciones de supuestos narcotraficantes y un discurso cada vez más agresivo por parte de la administración Trump, el clima político en Caracas se ha vuelto aún más volátil. El gobierno venezolano denuncia una amenaza real de invasión, mientras que Washington encuadra sus operaciones dentro de una amplia estrategia contra el narcotráfico, que trasciende el caso venezolano. El pulso geopolítico ha tenido un impacto inmediato sobre una sociedad ya golpeada por años de represión, crisis humanitaria y colapso institucional.
Dentro de Venezuela, la percepción de que un conflicto armado podría desatarse en cualquier momento se entrelaza con un contexto interno marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y un despliegue creciente de fuerzas de seguridad. La ciudadanía, atrapada entre la presión externa y la represión interna, vive con temor y desinformación. Martina Rápido Ragozzino, investigadora para la División de las Américas en Human Rights Watch (HRW), conoce a fondo los patrones de abuso y represión documentados en Venezuela en los últimos años.
-¿Cómo ha influido esta tensión con Estados Unidos en un escenario venezolano que ya era muy delicado?
–Venezuela ya venía de un contexto extremadamente represivo, sobre todo desde las elecciones de julio de 2024. En el último año y medio vimos un incremento notable de detenciones arbitrarias, desapariciones, incomunicación de detenidos, y casos de malos tratos e incluso torturas dentro de las cárceles. También existía un discurso oficial que acusaba a extranjeros de ser infiltrados o terroristas enviados a desestabilizar el país.

En ese contexto, la presión externa de Estados Unidos no hace más que profundizar el control interno. El régimen ya sentía miedo de que le hicieran algo desde fuera o incluso de que sus propios militares se levantaran. Ahora esa sensación se incrementa, y eso se traduce en más despliegues de fuerzas de seguridad, nuevas detenciones arbitrarias y un clima de angustia muy fuerte. El discurso oficial intenta mostrar normalidad con Maduro bailando en televisión, pero en las calles la sensación es completamente distinta: la gente percibe que el país se está preparando para una posible invasión.
-También se ha llamado a una movilización masiva de civiles y milicias. ¿Cómo se vive eso dentro del país?
-La población civil está atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, sienten la presión en el Caribe. Por otro, el régimen envía fuerzas de seguridad a zonas como Sucre, donde hubo ataques a embarcaciones, diciéndoles a los habitantes que no deben hablar de lo ocurrido. Eso genera aún más silencio y miedo.

La gente teme tanto a un posible ataque estadounidense como a que las fuerzas venezolanas los detengan arbitrariamente o los obliguen a integrarse en las milicias civiles que el gobierno asegura estar organizando. Además, la capacidad de reacción militar de Venezuela frente a un ataque de Estados Unidos deja serias dudas. Desde HRW estamos monitoreando todo lo que ocurre: hemos documentado ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y también analizamos tanto los ataques que pueda llevar a cabo Estados Unidos en territorio venezolano como la respuesta del régimen. Para una población que ya vive atemorizada desde hace años, esta situación representa un agravamiento profundo.
-¿Los ataques a embarcaciones en el Caribe han alterado la estrategia del régimen? Se ha hablado incluso de llamadas entre Trump y Maduro.
-La situación en el Caribe, sumada ahora a operaciones también en el Pacífico, muestra que esto ya no es exclusivamente una estrategia enfocada en Venezuela. Se enmarca en una llamada lucha contra el tráfico de drogas, y Estados Unidos incluso ha mencionado que podría extender operaciones hacia Colombia.

Esto hace que lo que inicialmente se interpretó como una estrategia para un cambio de régimen en Venezuela ya no esté tan claro. Para el régimen venezolano, entender qué quiere exactamente Estados Unidos también se ha vuelto muy difícil. Desde el inicio de la Administración Trump, la política exterior hacia Venezuela ha sido contradictoria. Por un lado, hubo gestos de acercamiento, como las negociaciones para liberar presos estadounidenses o retomar vuelos de deportación. Por otro, existió el discurso de figuras como Marco Rubio, mucho más agresivo, insistiendo en que Venezuela es una dictadura que debe ser derrocada. La llamada existió, aunque Maduro pidió cosas que Estados Unidos no quiso ofrecer.
-¿Qué riesgos identifica Human Rights Watch en términos de derecho internacional y protección de civiles?
-Todo esto es enormemente preocupante. Los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y cualquier presión militar sobre Venezuela, revelan un cierto desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos por parte de la administración Trump. Y dentro de Venezuela llevamos años documentando violaciones sistemáticas, así que un ataque militar sumaría un nivel adicional de sufrimiento para una población ya devastada.

Un ataque significaría no solo pérdidas humanas sino también la necesidad de reconstruir tras un evento armado, lo que es completamente distinto a una transición pacífica hacia la democracia. Y a nivel regional, América Latina no ha vivido hostilidades entre Estados en décadas. La posibilidad de un conflicto tendría repercusiones en toda la región: cada país tendría que posicionarse y responder ante los ataques.
Estamos en un momento crítico en el que se debe exigir el respeto del derecho internacional y recordar que la única salida sostenible es una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Un ataque militar sería un precedente gravísimo en un momento mundial en el que el respeto al derecho internacional ya está muy debilitado.
-Además del riesgo inminente de conflicto, ¿cómo está hoy la vida cotidiana del venezolano medio?
-La población vive una emergencia humanitaria compleja desde hace años. Hay dificultades extremas para acceder a salud, servicios básicos, alimentación. La situación ha tenido altibajos, pero siempre dentro de un marco de gran precariedad. A eso se suma la represión política. La gente salió a votar en julio de 2024 y luego a las calles para defender su voto, arriesgando su libertad y su vida. No hubo cambios y ahora enfrentan una persecución que va desde líderes políticos hasta personas que simplemente enviaron un mensaje de WhatsApp.

La migración sigue siendo masiva. Miles siguen saliendo del país mientras las políticas migratorias se endurecen en Estados Unidos y en la región. Hoy Venezuela vive simultáneamente una crisis humanitaria, migratoria, política y represiva, a la que se añade la presión militar externa. Es realmente una situación muy difícil. Es crucial seguir visibilizando cómo vive la población venezolana esta combinación tan compleja de crisis superpuestas.


