El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endurece su discurso y amenaza con una ofensiva por tierra dentro, supuestamente, del territorio venezolano. El anuncio llega en medio de investigaciones del Congreso por la legalidad de los ataques marítimos ya ejecutados, mientras su popularidad continúa estancada y su Gobierno enfrenta críticas internas por la falta de una estrategia clara.
Donald Trump compareció ante su Gabinete de Seguridad para anunciar que la presión militar sobre Venezuela entra en una fase nueva. Lo hizo sin rodeos. Dijo que el ataque terrestre es “inminente” y que las Fuerzas Armadas “acabarán con esos hijos de perra”, en referencia a los grupos que describe como narcotraficantes. Sostuvo que estas organizaciones causaron más de doscientas mil muertes en el último año y que el país actuará en defensa de su población. La amenaza no es nueva porque ya avisó en el pasado que podría tomar estas medidas.
“Muy pronto”
El presidente explicó que la operación por tierra comenzará “muy pronto”. Expuso que el despliegue será sencillo porque, según él, el Gobierno conoce a los narcotraficantes, sus rutas, bases y movimientos. “Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos”, afirmó. No ofreció datos que permitieran verificar esa afirmación. Sí confirmó que la operación se integrará en Lanza del Sur, el programa impulsado por el Pentágono que hasta ahora se ha limitado a ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
Esa campaña suma ya una veintena de acciones y más de ochenta muertos. El Pentágono describe sus objetivos como grupos dedicados al tráfico de drogas. Organismos y juristas recuerdan que se trata de embarcaciones sin estatus militar y que los ataques han tenido lugar en aguas internacionales. Las dudas crecieron cuando se conoció la orden verbal para un segundo golpe sobre una lancha ya alcanzada, con supervivientes en el mar. Sectores de ambos partidos consideraron que, de confirmarse, ese gesto supondría un crimen bajo las leyes de guerra.
Preguntado por ese punto, Trump dijo no tener información. Dijo confiar en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y elogió al almirante Frank Bradley, responsable directo de la operación. Hegseth declaró que no vio supervivientes y acusó a la prensa de difundir datos falsos. La Casa Blanca insistió después en que todos los ataques cumplen la legislación vigente.
La presión sobre Venezuela forma parte de una estrategia más amplia. Trump informó además de que “cualquier país” implicado en la producción de drogas, y citó de forma expresa a Colombia, podría ser objeto de ataques. “Cualquiera que fabrique o venda drogas hacia nuestro país es susceptible de ataque”, dijo, remarcando que no se trata solo de Venezuela. La advertencia llega en medio de investigaciones abiertas en el Congreso sobre el alcance de la campaña y sobre la legalidad de las órdenes ejecutivas que la sustentan.
.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: "These people have killed over 200K people last year… We're taking those son of a bitches out." pic.twitter.com/hFIbtuKLeF
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025
El clima en Washington se tensa ante la madurez de esta decisión. Un grupo de senadores demócratas y republicanos anunció que promoverá una resolución para forzar un voto si la Casa Blanca ordena un ataque dentro del territorio venezolano. Alegan que la iniciativa militar no cuenta con autorización legislativa y que expondría a tropas estadounidenses a un conflicto de final incierto. Varias comisiones controladas por republicanos han abierto pesquisas similares. Lo hacen pocos días después de cuestionar la gestión presidencial de una propuesta de paz sobre Ucrania.
¿Fentanilo en Venezuela?
Las dudas se extienden también a los fundamentos de la campaña. Venezuela no es un productor relevante de cocaína. El país funciona como punto de tránsito de una fracción reducida de las barcazas que se dirigen a Estados Unidos. Los datos oficiales de agencias estadounidenses indican que la mayor parte del flujo pasa por el Pacífico y por rutas ligadas a México y Centroamérica. El énfasis sobre Venezuela, por tanto, no coincide con la estructura real del negocio ilícito.
La designación de grupos venezolanos como organizaciones terroristas responde a un giro jurídico del Gobierno. El Ejecutivo equipara a bandas sin estructura política con entidades que persiguen fines ideológicos mediante violencia, y con ello accede a marcos legales propios de conflictos armados. La reinterpretación abre la puerta a operaciones letales y a deportaciones sumarias bajo leyes que históricamente se aplican en guerra. Distintos informes de inteligencia internos señalan, sin embargo, que esos grupos no actúan bajo instrucciones directas del Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Trump con baja popularidad
Trump sostiene que la actuación militar es necesaria para frenar el flujo de drogas y para cortar redes que, según él, alimentan crisis internas. También relaciona la presión con su agenda migratoria. Afirma que Maduro envía a Estados Unidos a presos y personas internadas en instituciones psiquiátricas sin presentar pruebas. Sí ha repetido que millones de venezolanos han salido del país desde 2013, y que una parte ha llegado a territorio estadounidense por la frontera sur. La Casa Blanca intenta relacionar ese movimiento con riesgos de seguridad.
La estrategia militar llega en un momento complejo para el presidente. Su popularidad se mantiene en niveles bajos. Los sondeos publicados en las últimas semanas muestran un país dividido, sin mayorías sólidas para una acción militar abierta. Cualquier escalada exterior genera resistencia en un ciclo político marcado por tensiones internas y problemas económicos.
El cálculo político está presente en cada gesto. La Casa Blanca intenta proyectar firmeza. Necesita mostrar control. Pero la presión interna dentro del grupo MAGA limita su margen. Una intervención prolongada sin resultados claros podría acentuar una falta de confianza en su apoyo. Tampoco está claro qué ocurriría si la operación causa víctimas civiles o si el Gobierno venezolano utiliza los ataques como instrumento de cohesión. Maduro ya prepara esa narrativa.
El análisis militar tampoco resuelve la incógnita central. El despliegue en el Caribe es el mayor desde la invasión de Panamá en 1989. Incluye quince mil soldados y una flota compuesta por portaaviones, destructores y buques anfibios. El objetivo declarado es detener la entrada de drogas. Nadie ha precisado cómo terminará la operación, qué criterios definirán su éxito o en qué plazo se evaluarán sus resultados. Es un marco abierto que genera inquietud entre mandos y legisladores.
La creación de un conflicto “no internacional” con grupos criminales reconfigura la doctrina militar. Permite ampliar el uso de fuerza en zonas sin guerra declarada. También transforma la relación entre agencias civiles y militares. El riesgo es evidente porque la línea que separa policía y ejército se difumina. Expertos en derecho internacional advierten de que esta tendencia erosiona normas que han regulado la acción exterior de Estados Unidos durante décadas.
La estrategia convierte a actores menores en amenazas de gran escala. Construye un relato que sirve para justificar una acción militar, pero no para reducir el tráfico. Y desplaza la atención de las redes que operan en países con más narcotráfico y corrupción como México.
¿Votación en el Congreso?
Trump promete continuar. Afirma que la política actual salva vidas. Dice que frenará la llegada de las drogas a Estados Unidos. La oposición parlamentaria, incluida parte de su propio partido, reclama límites. El choque entre poderes muestra un escenario diferente con una operación sin autorización que el Congreso podría recurrir con la Ley de Poderes de Guerra para intentar detenerla. Ese mecanismo, usado en ocasiones excepcionales, reflejaría la profundidad del conflicto institucional. Nada indica que el pulso vaya a resolverse de inmediato.
Lo que ocurrió este martes muestra que el presidente opta por una vía de presión total. Venezuela se convierte en el eje de una estrategia donde habitan seguridad interior, política exterior, migración y enfrentamientos entre poderes. Trump asume el coste personal de sus acciones y ahora está en juego la confianza en su persona y no tanto conseguir el Premio Nobel de la Paz.