No hacía falta esperar al final del escrutinio en Castilla y León para adivinar el escenario que estas elecciones nos iban a arrojar. Una vez más, la derecha arrasa en unas elecciones autonómicas, logrando más del 50% de los votos. Si introdujéramos estos datos en un algoritmo de inteligencia artificial, la conclusión sería inmediata: el PP gobernaría al día siguiente con el apoyo de Vox tras un sencillo trámite de reparto de responsabilidades. Pero, la condición humana nos deja, por tercera vez consecutiva, una autonomía de mayoría conservadora enfrentándose a un bloqueo que podría desembocar en una repetición electoral.
En Extremadura, Aragón y, desde anoche, Castilla y León, la suma de la derecha permite mayorías suficientes para gobernar y hacerlo con comodidad. Sin embargo, no seríamos españoles si no supiéramos que, en nuestra paradójica política, tener mayoría social no es sinónimo de poder gobernar, y viceversa. De hecho, España se gobierna desde hace casi tres años sin una mayoría social en el Congreso.
El problema no es nuevo. Sucedió durante los años 30, en la Alemania de la República de Weimar; en los 80, en la Francia de Mitterrand; o en los 90, en Italia. Allí partidos conservadores que, en esencia, eran ideológicamente próximos, mantenían estrategias, prioridades y visiones del país tan diferentes que los acuerdos se volvían imposibles. Y siempre, en estos lugares, la incapacidad de construir consensos transformaba una victoria electoral en un bloqueo institucional.
Siguiendo esta estela está la España de 2026. La falta de confianza mutua entre PP y VOX, combinada con la lógica de competencia permanente, impide traducir un gran caudal de apoyo ciudadano en gobiernos estables. Mientras Feijoo y Abascal juegan al Risk, Pedro Sánchez arma un nuevo argumentario que ya está confeccionándose en la factoría de ficción de la Moncloa: ¿de qué sirven PP y VOX si no son capaces de ponerse de acuerdo para gobernar?
Se trataría de que el electorado, extenuado por la polarización, llegue a la conclusión de que el problema no radica en la falta de apoyo social, sino en la incapacidad de sus representantes para gestionar ese respaldo. Y cuando esta percepción se instala, abre inevitablemente una ventana de oportunidad para el adversario político. Esa oportunidad podría beneficiar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien podría presentar la precaria estabilidad de su Ejecutivo como un logro frente al bloqueo de la derecha.
El verdadero dilema para la derecha española no es, por tanto, si dispone o no de mayoría social en determinados momentos del ciclo político. La cuestión decisiva es si sus principales fuerzas son capaces de asumir que, en un sistema fragmentado, el paso previo a gobernar es indefectiblemente pactar. Y pactar implica inevitablemente renuncias, pragmatismo y visión estratégica.
De lo contrario, la paradoja podría repetirse: mayorías absolutas sobre el papel, pero gobiernos imposibles en la práctica. En política, pocas cosas resultan más gravosas que perder el poder cuando las urnas, en teoría, lo habían puesto al alcance de la mano.
Hace tres años la concatenación de errores de la derecha y de sus dirigentes fueron los responsables del gatillazo electoral del 23J. Hoy da la impresión de que estamos ante la versión 2.0. En estas circunstancias no es extraño que Pedro Sánchez siga soñando con gobernar hasta 2031.