María Jesús Montero empieza a dar pistas sobre su futuro político, y a mostrar las cartas que prepara para cuando decida quitarse la chaqueta de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y pase a lucir, únicamente, la de candidata a la Junta de Andalucía. Hace escasas semanas, fuentes del Gobierno ya reconocieron sus planes. “Antes de irse quiere desbrozar el modelo de financiación, con cierto consenso”, aunque otro “se ponga otra las medallas” por este trabajo.
Este lunes Montero ya se ha puesto plazos, al anunciar que presentará su propuesta de nuevo modelo de financiación en apenas dos meses, previsiblemente entre finales de enero y principios de febrero. Ella misma desveló la noticia tras reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Y ha cogido por sorpresa a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP.
En su advertencia de que el modelo combinará la multilateralidad con la singularidad leen una nueva cesión a los independentistas, que en verano de 2024 pactaron la fiscalidad singular catalana con el Ejecutivo. Oficialmente, las conversaciones entre el Gobierno y ERC permanecen paradas ,pero los conservadores enfatizan que los independentistas “están muy contentos”, y “así lo han dicho en Cataluña”, afirma una consejera del PP presente en el CPFF.
“Está atrapada entre las necesidades de Illa en Cataluña, Sánchez y su candidatura en Andalucía”. “Está superada”, apuntan desde el equipo de Juanma Moreno, presidente de Andalucía. “En 7 años no han hecho nada porque las Comunidades Autónomas del PP no se ponían de acuerdo. Y ahora en dos meses lo van a solucionar”, ironizan fuentes fuentes de Génova 13, que concluyen: “Están apretando los independentistas”.
De momento, la vicepresidenta ha dado pocos detalles sobre su propuesta -“Los números todavía no están acabados”-, para la que tampoco ha aclarado si cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios. No tiene previsto negociarla parcialmente con las comunidades autónomas -se escuda en que tampoco los territorios del PP tienen una propuesta unitaria-, sino presentarla en bloque.
Apenas ha desvelado que aspira a que entre en vigor en 2027, y que planea que el modelo incluya “desincentivos” contra comunidades autónomas que practiquen dumping fiscal. Esto es, que bonifiquen impuestos como el de sucesiones, para vaciarlos de capacidad recaudatoria. Aludía indirectamente a la Comunidad de Madrid, pero también a la región que aspira a presidir.
Y sostiene que no ha conversado con las CCAA sobre “nada que tenga que ver con nuevos impuestos”, pero también que ninguna región perderá recursos. Esto es, que la financiación saldrá de un mayor acceso de las comunidades autónomas a la recaudación de los impuestos que ya están cedidos.
El elefante en la habitación tras cuatro horas de conversaciones lo destacó la propia Montero, al aludir a la actitud de los consejeros del PP tras esta cita. “No me permite ilusionarme en relación con que el Partido Popular quiera siquiera discutirlo”. “Yo quiero pactar el modelo de financiación con el Partido Popular popular. Lo he dicho siempre”.
Un modelo “de parte”, aunque hay conversaciones con Sumar
La promesa de reformar el sistema de financiación autonómica para encontrar un esquema al gusto de todos permitió en parte a Montero aplacar las críticas internas al pacto con ERC. Es, además, uno de las aspiraciones históricas de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, que tiene en Compromís uno de sus principales aliados. Y que siempre ha reivindicado la “infrafinanciación” de regiones como la Comunidad Valenciana.
Fuentes del ala de Sumar en el Gobierno afirman que en el seno de la coalición “se habla de todo”, y sostienen que también están conversando sobre la propuesta de financiación autonómica. Dirigentes de los partidos de Sumar consultados por Artículo14 precisan, sin embargo, que el planteamiento que hoy ha avanzado la vicepresidenta es “de parte”, y que aún no cuenta con su aval.
Las CCAA estallan contra los objetivos de déficit: “Es impresentable”
Además de criticar los esbozos de la reforma del sistema de financiación, distintos Ejecutivos del PP han cuestionado también los objetivos de déficit para las distintas administraciones, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros. Montero ha trasladado a las comunidades el objetivo de no superar el umbral del 0,1% del PIB para 2026, 2027 y 2028.
Según sus cuentas, permitiría un margen de gasto adicional de 5.500 millones en los tres ejercicios. Si no se aprueba, por contra, afirma que el objetivo será el equilibrio presupuestario, sin margen adicional para gastar.
“Es impresentable que el Estado se reserve un déficit del 2% y nos deje el 0,1 a las comunidades”, criticaron desde uno de los Gobiernos del PP. “Nos deja sin margen de maniobra”. Montero matizó que el objetivo de déficit para la Administración General del Estado será del 1,8% para 2026, 1,5% en 2027, y del 1,4% en 2028, y apuntó que un 1,4% de ese déficit corresponde a transferencias para la Seguridad Social.
Se trata del mismo reparto del déficit que la vicepresidenta ya intentó aprobar en 2024, y que Junts per Catalunya hizo naufragar. La baza negociadora que juega Montero es afirmar que, si votan contra la senda de déficit en el Congreso, votarán contra sus intereses, porque el Gobierno no necesita de su aprobación para presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado -de muy difícil aprobación-. La vicepresidenta lo sabe, pero promete “dejarse la piel” intentándolo.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.