Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Manhattan tras ser capturados en una operación militar estadounidense en Venezuela. La audiencia, breve, marcó el inicio de una larga batalla judicial en la que el ya expresidente venezolano y la ex primera dama enfrentan un proceso penal por cargos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y delitos con armas de fuego, que podrían llevarlos a cadena perpetua.
El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años y con casi tres décadas en el estrado, fue el encargado de presidir la vista inicial. Nombrado por Bill Clinton, Hellerstein subrayó desde el inicio su papel institucional: “Mi trabajo es garantizar un juicio justo. Eso es lo que pienso hacer”. El magistrado pidió a la Fiscalía que revele las pruebas en su poder, una decisión que anticipa un proceso largo y altamente litigioso.
Uniforme azul y notas
Durante la audiencia, Maduro apareció vestido con uniforme azul de preso. El ex mandatario tomó notas en una libreta mientras escuchaba al juez, pero cuando pidió llevar esos papeles a su celda, se le retiraron. En varias ocasiones, insistió en presentarse como “el presidente de Venezuela”, afirmó no haber sido informado previamente de sus derechos y se declaró “inocente de todo lo que aquí se menciona”. Su esposa, de 69 años, se identificó ante el tribunal como “primera dama de la República de Venezuela” y también se declaró no culpable.
Los cargos: narcoterrorismo y una conspiración de décadas
La acusación, presentada originalmente hace seis años y reactivada tras la captura, sostiene que Maduro, Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y otros tres acusados, entre ellos un dirigente del Tren de Aragua, utilizaron durante más de 25 años el aparato del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, en coordinación con carteles de la droga y grupos armados.
El juez leyó un resumen de los cargos, entre los que destacan la conspiración de narcoterrorismo, la conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego. Según la fiscalía, el poder político fue instrumentalizado para proteger y promover una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, la violencia armada y la financiación ilícita.
Un fiscal detalló la cronología de la custodia: Maduro y Flores fueron puestos formalmente bajo custodia a las 11:30 de la mañana del sábado, y el avión que los trasladó aterrizó en Nueva York a las 16:31 de ese mismo día.
La estrategia de defensa
La defensa dejó claro que no pedirá, por ahora, la libertad bajo fianza. El abogado de Maduro, Barry J. Pollack, anunció que el eje central será cuestionar la legalidad de la detención. Según Pollack, su cliente es “jefe de un Estado soberano” y, como tal, goza de inmunidad frente a la jurisdicción penal estadounidense.
Pollack habló de “serias dudas sobre la legalidad del secuestro militar” y adelantó que presentará escritos “voluminosos” antes del juicio. También afirmó que Maduro se considera un hombre “decente” que fue “secuestrado en su propia casa”.
Los problemas médicos de Cilia Flores
En el caso de Flores, su abogado, el texano Mark Donnelly, alertó sobre problemas médicos derivados de la detención. Dijo que su clienta presenta fuertes moretones, posibles fracturas en las costillas y lesiones que requerirán radiografías completas. Ambos acusados aceptaron permanecer detenidos por el momento.
La defensa también alegó que la detención ocurrió en territorio de un Estado soberano y que, por tanto, debería invalidar el proceso. Sin embargo, la jurisprudencia estadounidense y precedentes como el caso del general panameño Manuel Noriega indican que la forma de la captura no suele impedir un juicio penal interno.
Quiénes son los protagonistas del juicio
Barry J. Pollack es un abogado penalista de alto perfil en Washington. Fue el negociador del acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange en 2024 y logró una de las pocas absoluciones en el escándalo de Enron. Expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas, Pollack es hoy socio del bufete Harris, St. Laurent & Wechsler y profesor adjunto en la Universidad de Georgetown.
Mark Donnelly, defensor de Cilia Flores, es socio de un despacho boutique en Houston especializado en delitos económicos. Trabajó durante más de una década en el Departamento de Justicia y previamente fue fiscal local. Aunque cuentan con abogados distintos, la pareja presenta una estrategia de defensa coordinada.
Al frente del caso está el juez Hellerstein, que ha conocido procesos relacionados con los atentados del 11-S, demandas contra Donald Trump y causas por genocidio en Sudán. También ha sentenciado ya a varios coacusados de Maduro, como el general venezolano Cliver Alcalá, condenado a más de 21 años de prisión.
Más allá del proceso penal, el caso revive el historial del régimen de Maduro. Desde 2014, su gobierno ha acumulado más de 18.000 presos políticos, con al menos 10.000 casos documentados de tortura. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que el Sebin y la Dgcim operan como estructuras organizadas de represión, con cadenas de mando claras y órdenes impartidas desde los más altos niveles del poder, incluyendo a Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.
El informe sostiene que las máximas autoridades tenían conocimiento, control y autoridad sobre los crímenes cometidos por sus subordinados. A finales del último año, se contabilizaban más de 1.000 presos políticos, 86 de ellos con paradero desconocido, y al menos 26 personas fallecidas bajo custodia del Estado por torturas o falta de atención médica.
Maduro es también señalado como el centro de una red de corrupción transnacional presente en 73 países. Según Transparencia Venezuela, en los sistemas judiciales de al menos 30 países se tramitan 172 casos de gran corrupción vinculados al chavismo, que suman más de 72.000 millones de dólares. Petróleos de Venezuela aparece involucrada en el 90% de esos expedientes.
Las economías ilícitas, oro, drogas, extorsión y trata de personas, generaron en 2024 unos 15.000 millones de dólares. Solo el 20% del oro producido ingresa al tesoro nacional; el resto termina en cuentas privadas de aliados del alto régimen. Mientras tanto, la deuda externa supera los 167.000 millones de dólares, con China como principal acreedor.
Reacciones internacionales y lo que viene
La captura ha provocado una tormenta diplomática. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, Colombia y otros países cuestionaron la legalidad de la operación. Estados Unidos defendió la acción como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley”. El secretario general António Guterres expresó su “profunda preocupación” por el respeto al derecho internacional.
En Venezuela, Delcy Rodríguez asumió el poder interino. Diversos analistas la describen como una figura más dura de lo que aparenta dentro de la estructura del régimen, lo que hace prever que la situación interna no mejorará a corto plazo.
Maduro y Flores volverán a comparecer ante el juez el 17 de marzo, salvo que sus abogados presenten recursos antes. Para entonces, el tribunal deberá decidir si los argumentos de inmunidad y captura ilegal prosperan o si el proceso avanza hacia un juicio que podría convertirse en uno de los más relevantes de la historia reciente de la justicia estadounidense y latinoamericana.