Tras la caída de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en el Congreso de los Diputados, Trabajo pasa al Plan B. La respuesta es acelerar al máximo la tramitación del nuevo registro horario digital. Una reforma que, para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es la “gran medida estrella” vinculada a la jornada porque reforzará el control del cumplimiento del horario laboral. Así, el Ministerio lanzará de manera inmediata (podría ser hoy mismo) la consulta pública previa para modificar la actual normativa de registro horario, aunque estará limitada por su rango normativo.
Por esta vía, el Gobierno no podrá modificar aspectos regulados por ley. Es el caso del importe de las sanciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, que se preveía aumentar -tal como estaba recogido en el Proyecto de reducción jornada-. Sí podrá, por el contrario, buscar otras fórmulas como la acumulación de las multas para incentivar su efectividad.
De esta forma, Trabajo centrará las modificaciones del registro horario en su digitalización. El nuevo modelo interoperable permitirá a la Inspección de Trabajo acceder en tiempo real a la jornada laboral de cualquier trabajador. En el punto de mira están las horas extras no remuneradas. Estas “tienen un coste fiscal brutal del que nunca se habla en España”, según ha advertido reiteradamente Díaz. Según los cálculos del Ministerio, las horas extras irregulares rondan los tres millones, a pesar de que se han reducido a la mitad con el Ejecutivo actual.
Procedimiento
A su favor, para iniciar la tramitación de la norma que reformará la operativa del actual registro, Trabajo cuenta con el aval de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se pronunciaron a favor de que los empleadores domésticos también cuenten con un sistema que permita registrar la jornada diaria de las trabajadoras. Su finalidad es garantizar que sus horas de trabajo se ajustan a lo acordado y que puedan reclamar sus derechos en caso de despido. Hasta ahora, la doctrina seguida por el Ministerio de Trabajo ha sido excluir a las empleadas del hogar del registro de jornada, obligatorio en España desde 2019.
Con este marco, el Ministerio de Trabajo avanzará de manera inmediata en la modificación reglamentaria del registro digital. El primer paso será la apertura de una consulta pública previa. Este trámite que previsiblemente tendrá una duración de 15 días hábiles permitirá recabar la opinión de cualquier ciudadano al respecto, además de organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto normativo. El siguiente paso será la presentación del borrador del Real Decreto en audiencia pública. Entonces podrá conocerse el detalle del texto. El último paso será su aprobación por el Consejo de Ministros, lo que facilitará su entrada en vigor con su publicación en el BOE.
¿Cuándo entrará en vigor?
Si el Ministerio de Trabajo mantiene la premisa recogida en su Proyecto de Ley de Reducción de la Jornada, el nuevo registro horario no será una realidad antes de 2026. Dada su complejidad, se preveía posponer la aplicación durante seis meses. Uno de los retos a los que se enfrenta Trabajo es adaptar el nuevo registro diario de jornada digital al ámbito del empleo doméstico, donde el empleador es un particular, o al medio rural, donde no siempre existe acceso digital.
Las modificaciones previstas en el registro incluyen la obligación de asegurar que las anotaciones diarias de entrada y salida de los trabajadores sean personales. También se tendrá que detallar si las horas han sido ordinarias o extraordinarias; además se dará mayor protagonismo a los representantes legales de las personas trabajadoras, según avanzó El País. La manera de garantizar estos nuevos requisitos es que el registro sea digital. Esta fórmula garantiza su autenticidad y trazabilidad y asegura que no pueda ser alterado de forma fraudulenta.
Más protagonismo de la Inspección de Trabajo
La implementación de este nuevo registro facilitará su acceso a la Inspección de Trabajo. El control de las horas efectivas de trabajo ya está en el punto de mira del Ministerio. Desde 2019, la actividad de la Inspección de Trabajo sobre el control de jornada, que incluye tiempo de trabajo, horas extraordinarias y registro de jornada, ha aumentado, aunque apenas representan el 5% del total de sanciones.
En el último año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sancionó con más de 20 millones de euros a empresas por infracciones en estas tres materias (registro de jornada, tiempo de trabajo y horas extraordinarias), lo que supone un 8,78% más que el año previo, cuando el importe ascendió a 18,56 millones. Si se compara con los más de 522,5 millones de euros de sanciones impuestas en 2023 (último dato disponible), equivale al 3,83% del total. De esta forma, las infracciones afectaron a más de 178.456 trabajadores, un 21% más que el año anterior.
Comienza ahora el plan B de Trabajo, afronta el reto de digitalizar el registro horario, un desafío que es también tecnológico.