El Grupo Popular en el Senado registró nada más conocer el caso Salazar una batería de preguntas para que el Ejecutivo se explicase. Casi una veintena de preguntas con las que los populares querían saber desde cuándo estaba operativo el protocolo de protección ante el acoso sexual en Moncloa así como las acciones que tomó el Gobierno contra el asesor o el grado de conocimiento que tenía el propio presidente Pedro Sánchez sobre este asunto.
Si bien, las distintas respuestas del Gobierno, a las que ha tenido acceso Artículo14, han sido meras “evasivas”, en opinión del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.
En cuanto a la vigencia del protocolo, Presidencia se limita a informar de la normativa existente, pero sin explicar si se aplicó o no. Nombra varios artículos de la ley del solo sí es sí, que hablan de la prevención y la sensibilización en el ámbito educativo, sanitario y sobre la obligación de la Administración General del Estado(AGE) de garantizar la disponibilidad de personal médico forense para asegurar el examen de las víctimas.
También cita el real decreto legislativo 5/2015, aplicable a las empleadas y empleados públicos que trabajen en la AGE, en el que se tipifica como falta grave toda actuación que suponga discriminación de cualquier tipo. A renglón seguido se da cuenta del Real decreto 247/2024, que sí es un protocolo de actuación frente al acoso sexual de aplicación en la Administración y de sus organismos públicos.
Por último, Moncloa señala una instrucción de la Subsecretaría por la que se aprueba el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito del Ministerio de Presidencia.
¿Sabía el presidente del caso Salazar?
El Gobierno contesta con un “sí” a la pregunta de los populares sobre si La Moncloa es un lugar “donde las trabajadoras pueden sentirse seguras”. Y, de manera genérica, Presidencia despacha el resto de preguntas dirigidas saber si es verdad que el presidente se enteró en 2017 de los comportamientos machistas de su mano derecha y si tuvo una conversación con él y sobre el contenido de la misma.
En concreto, desde el gabinete presidencial se asegura que, “a los hechos aludidos” por el PP, el Gobierno “tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación al no existir denuncia previa ante los órganos competentes”. Misma respuesta ante las preguntas sobre por qué se decidió mantener a Salazar en su gabinete “pese a saber” lo que era un “clamor” en Moncloa, esto es, que era un acosado. Tampoco recibe el PP respuesta en este sentido.
“¿Cómo es posible que no se actuase para proteger a las víctimas?”, es otra de las preguntas a las que se da una respuesta evasiva. Tampoco se dan detalles sobre qué hizo al respecto el presidente, Pedro Sánchez.
Sin respuesta en el Congreso
Sobre la valoración del Ejecutivo de las denuncias de las mujeres que trabajaban bajo las órdenes de Paco Salazar, o sobre si Moncloa puede confirmar todas las denuncias vertidas en los medios, la explicación del Ejecutivo también es general. “El Gobierno promueve y es firme defensor del derecho a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos político, social, económico y cultura, impulsando legislación y políticas públicas de profundo calado feminista que, además, son referente en el contexto internacional”.
Los populares, que no se dan por satisfechos con las palabras del Ejecutivo, registraron esta semana otra batería de preguntas en el Congreso de los Diputados, pevia a una primera ronda de la que, de momento, no han obtenido respuesta.
En esta nueva ofensiva parlamentaria, preguntan al Gobierno si Salazar, a través de una consultoría propia, asesora a Pedro Sánchez o si fue contratado con el mismo fin por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. También exigen saber si el PSOE hizo gestiones para recolocarle en otra administración o en alguna embajada.
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