A 5 de septiembre de 2025, los funcionarios encaran la vuelta al cole sin conocer cuál será la subida salarial que les corresponde este año. El arranque del curso político llega sin que, en la primera semana hábil, el Ministerio de Función Pública haya fijado aún una fecha para convocar la Mesa General de Negociación. Este foro, en el que participan todas las administraciones públicas y sindicatos, es el primer paso para pactar el alza retributiva de los funcionarios.
No es la única cuestión, pero sí una de las que preocupa en el corto plazo, con la inflación como referencia. En lo que va de 2025, el Índice de Precios de Consumo acumula un incremento del 2% y la tasa interanual de agosto se situó en el 2,7%, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Cuando faltan cuatro meses para que finalice el año, los sindicatos están presionando para que los trabajadores públicos recuperen poder adquisitivo. Reclaman que la subida salarial se apruebe cuanto antes y se aplique con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
En los últimos años, gracias al Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, vigente entre 2022 y 2024, la cuantía de las subidas estaba acordada. Este expiró en diciembre de 2024 y, en julio, el Consejo de Ministros aprobó, con efectos del 1 de enero, la subida del 0,5 % que quedaba pendiente de 2024.
Negociación compleja
El alza de 2025 parte de una situación más compleja tras la expiración del último Acuerdo Marco. Este pacto incluía, además de compromisos en materia de retribuciones plurianuales, cuestiones como la creación de empleo público y su tasa de reposición, la regulación del teletrabajo, el desarrollo profesional y una jornada laboral de 37,5 horas, con posibilidad de reducción. Con la caducidad del acuerdo, corresponde ahora al Gobierno convocar de nuevo la Mesa General de Negociación para abordar tanto las condiciones salariales inmediatas como las reformas de fondo pendientes.
Las principales organizaciones sindicales del sector público -CSIF, UGT y CCOO- vienen presionando al Ejecutivo en este sentido. Antes de las vacaciones, UGT y CCOO convocaron concentraciones para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos firmados.
Por su parte, coincidiendo con la publicación de la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, CSIF envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando que “se habilite el crédito necesario” para atender la subida salarial y garantizar los derechos -y su ampliación- de los empleados públicos. El sindicato añade que la mejora retributiva debe contemplar también la recuperación del poder adquisitivo perdido, que supera el 20 %.
Plantillas envejecidas
En paralelo a la negociación salarial, los sindicatos advierten de la urgencia de abordar el futuro de las plantillas de la Administración. El Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) 2025, elaborado por el Ministerio de Función Pública, cifra en un 49,53% el porcentaje de efectivos que se jubilarán en la próxima década, lo que supone la pérdida de 89.690 empleados.
Casi la mitad de la plantilla de la AGE se jubilará en los próximos diez años.
La Administración General del Estado se enfrenta a un desafío de enorme envergadura: el envejecimiento de sus plantillas y la oleada de jubilaciones que se avecina.https://t.co/yrnSJ0OTxB pic.twitter.com/yR6EVJ3t8q
— UGT Servicios Públicos (@UGT_SP) September 4, 2025
El impacto será especialmente severo en determinados colectivos: en el subgrupo C2, el 74,92 % de los funcionarios de carrera se retirará en ese periodo, lo que equivale a 15.979 bajas, mientras que en el personal laboral fijo del grupo E1 el porcentaje roza el 80%. Según el análisis de UGT del citado informe, los datos confirman el envejecimiento estructural de la Administración. El 56 % de los empleados públicos de la AGE tiene 50 años o más, mientras que solo el 21% es menor de 40. La edad media se sitúa en 49,89 años.
Dimensión de género
La realidad del funcionariado público tiene también una dimensión de género. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a enero de 2025, el 59,5% de los efectivos de la Función Pública son mujeres. En la Administración del Estado existe igualmente mayoría femenina, y en ámbitos como la Administración de Justicia el porcentaje se acerca al 70%.
Este predominio en las plantillas, especialmente en los grupos C1 y C2, que son además los más envejecidos y con mayor volumen de jubilaciones previstas, implica que el relevo generacional afectará de manera significativa a las mujeres.
Tasa de reposición
Según recuerdan a Artículo14 desde UGT, la tasa de reposición será uno de los grandes debates de la Mesa General de Negociación. Este mecanismo, introducido en 2008, establece el porcentaje de nuevos empleos públicos en todas las administraciones. Los sindicatos exigen su eliminación dado que actúa como un límite rígido a la incorporación de personal y reduce la capacidad de las administraciones para adaptarse a las necesidades reales de cada ámbito.
Aunque el Gobierno planteó su eliminación a partir de este año, en la última convocatoria de empleo público se ha mantenido. Otros problemas estructurales que, según fuentes sindicales, deben abordarse son la aplicación de la jubilación parcial o la lentitud en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público.
La subida salarial de 2025 es el reto inmediato. Sin embargo, el verdadero desafío de este otoño va más allá de la retribución. Es la negociación de un nuevo marco que fije los pilares del futuro empleo público.