El Gobierno dio el 3 de septiembre el primer paso formal para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Lo hizo con la publicación de la orden ministerial por la que se dictan las normas para su elaboración. Esta norma funciona como la primera carta de presentación de las prioridades para el próximo ejercicio. Como principales novedades, el Ejecutivo introduce explícitamente el gasto en defensa, con la “modernización de nuestras capacidades”, la prevención incendios y la respuesta frente al nuevo contexto arancelario mundial.
También se incorpora como acción estratégica la política migratoria y el fortalecimiento de la influencia de España en los organismos internacionales. Por el contrario, cuando se analiza el detalle del texto en comparación con la misma orden ministerial del pasado año, se evidencia que se han eliminado referencias explícitas a la política fiscal y al gasto en otras partidas. En relación con el compromiso del Gobierno contra la violencia machista, desaparece la alusión a la dotación económica y se sustituye por la mención a medidas de carácter transversal.
Igualdad y violencia de género
En concreto, la nueva guía presupuestaria elimina, como señalaba el año anterior, la mención al fortalecimiento del “compromiso del Gobierno contra la violencia machista, mediante la consignación de la dotación suficiente que garantice la prevención, reforzando la atención, protección y reparación a las víctimas”. Se sustituye por el objetivo de “garantizar la igualdad real y efectiva de género, fortaleciendo el compromiso del Gobierno contra la violencia machista, a través de medidas transversales”.
Con una visión que busca empoderar a las mujeres, se explicita que se pretende favorecer una mayor tasa de empleo femenino, elevar el potencial educativo y reducir las distintas brechas, con la participación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos de la economía, de la política y de la sociedad. El fomento de los servicios de atención integral a las víctimas se mantiene invariable, tanto desde el punto de vista sanitario como judicial.
Política fiscal
Otra novedad es la supresión de la referencia a la política fiscal de manera específica. De cara a los Presupuestos de 2026, la alusión se limita al preámbulo. Ahí señala que las futuras cuentas públicas son compatibles con una política fiscal responsable, la cual ha permitido una constante reducción del déficit público desde el máximo alcanzado en la pandemia.
De esta manera ha desaparecido el objetivo de “impulsar una política fiscal justa, que de manera simultánea se enfrente a los retos de una economía cada vez más globalizada, marcada por la transición verde, la digitalización y la lucha contra el fraude, orientada a financiar servicios públicos y prestaciones sociales de calidad para el conjunto de la ciudadanía, dirigida a las familias y coordinada con la política de gasto social”. Es la primera vez que se suprime en los intentos de aprobar los presupuestos en esta legislatura, ya que figuraba también con la misma redacción para el año 2024.
Defensa
En cambio, se introduce como prioridad estratégica el gasto en defensa. España acaba de alcanzar el objetivo del 2% del PIB que exigía la OTAN, pero aún debe seguir incrementando esta partida bajo la presión de la Alianza para alcanzar el 5%. De esta forma, el Gobierno asume que debe “modernizar las capacidades de defensa”, para garantizar la seguridad de la ciudadanía española y del territorio.
Además, busca contribuir al desarrollo de un espacio comunitario de seguridad y defensa conjuntamente con nuestros socios europeos. Este objetivo se vislumbra bajo el impulso a la innovación, el desarrollo y la formación de tecnologías duales que ayuden a la modernización del tejido productivo. En los programas que tendrán que presentar las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, se introduce como novedad la “Infraestructura de las Fuerzas Armadas”.
Vivienda
Esta será la legislatura de la VIVIENDA.
Vamos a hacer que lo que hoy representa un sueño irrealizable para muchísimos millones de españoles y españolas sea una realidad.
Vamos a multiplicar por ocho la política de vivienda.
Levantaremos el quinto pilar del Estado del… pic.twitter.com/Ghu46yia1t
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 13, 2024
El Quinto Pilar del Estado, la Vivienda, que Pedro Sánchez viene defendiendo como una de sus máximas prioridades en la presente legislatura, se mantiene vigente en la estrategia presupuestaria. Eso sí, de cara a 2026, también hay cambios. La principal novedad es que el Ejecutivo involucra a las comunidades y los municipios.
De esta forma, se quiere “garantizar el derecho a la vivienda aumentando la oferta de vivienda a precios asequibles, evitando que se den situaciones de tensión en el mercado de alquiler, apoyando a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda, ofreciendo a comunidades autónomas y municipios herramientas que contribuyan a contener o reducir el precio del alquiler, y aumentando el parque de vivienda en alquiler social”.
Incendios
Tras el devastador mes de agosto con más de 390.000 hectáreas calcinadas, se incorpora la prevención de los incendios forestales como un objetivo estratégico. Se hace con gran detalle al señalar el impulso a “medidas de prevención para la progresiva reducción de la incidencia de incendios forestales en número y superficie, manteniendo una constante evaluación de los riesgos realizada a través de la elaboración de planes de prevención, vigilancia y extinción, con un modelo de crecimiento sostenible para la agricultura y la pesca, la industria y servicios”.
Se liga al ámbito de la ecología, donde ahora ya no se alude a la transición ecológica, sino a una economía “sostenible y justa”. Asimismo, tras el apagón, la estrategia energética busca potenciar el uso de las energías renovables para ganar autonomía estratégica. Se alude a su vez al incremento de la instalación de industrias en actividades económicas consideradas como verdes, fomentando el equilibrio territorial y la creación de empleo de calidad dentro de la transición energética.
Después de la DANA, se incorpora también el refuerzo de la capacidad de respuesta ante emergencias, junto con la digitalización de la sociedad, el sector público y el empresarial, con foco en las pymes.
Internacional
En el convulso cambio de orden del comercio mundial bajo la nueva política arancelaría de Donald Trump, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan anti-aranceles movilizando 5.000 millones de euros en créditos del ICO entre otras medidas. Con todo, de cara a 2026, se refleja también como clave el apoyo a las empresas afectadas por la guerra arancelaria, con líneas de avales que faciliten su financiación. El objetivo es garantizar el mantenimiento de su actividad y, por ende, del empleo.
Relacionado con el ámbito internacional, se introduce también otro nuevo objetivo estratégico en relación con inmigración: “Continuar trabajando por la construcción de una Europa social y unida a través de una política migratoria responsable y solidaria”. Junto con el fortalecimiento de la influencia de España en los organismos internacionales.
Otros ‘matices’
Otros ‘matices’ que incluye la orden hacen referencia a las pensiones. De cara a 2026, se elimina la referencia “asegurar” el poder adquisitivo de los pensionistas y se sustituye por “mantener”, ligado a la sostenibilidad social y financiera a medio y largo plazo. Se incorpora en relación con el Sistema Nacional de Salud, el avance en derechos de nueva generación.
En relación con el impacto de los fondos europeos, si en 2025 se confiaba en que los fondos Next Generation contribuirían al mantenimiento de los autónomos, ahora se aspira a que impulsen su crecimiento. A su vez, una buena noticia para los productores del sector primario es la alusión expresa a “evitar cargas adicionales”. La mención a la lucha contra la despoblación desaparece y se asegura la “apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad”.
Próximos pasos
Una vez que ha entrado en vigor, la orden que facilita que los distintos ministerios empiecen su interacción con el Departamento de Hacienda de cara a la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Así, comienza a correr el reloj. En el texto de la orden figura que deberán remitir sus propuestas de gasto y para el articulado del anteproyecto antes del 12 de septiembre a la Dirección General de Presupuestos.
No obstante, Montero explicó en el último Consejo de Ministros que, en estos meses previos, Hacienda ya ha mantenido contactos con los diferentes ministerios de manera “un poco más informal” para conocer las necesidades y los nuevos proyectos que se quieren alumbrar con las nuevas cuentas públicas.