Este 2025 ya es el peor año de España en la serie histórica en cuanto a superficie quemada. La voracidad del fuego se ha cebado con las provincias de Zamora, Ourense y León, donde se ubican tres de cada cuatro hectáreas calcinadas en lo que va de año, y ha agitado la discusión política durante buena parte de agosto, con reproches cruzados entre Gobierno central, comunidades autónomas y oposición. Pero tras las llamas llegan las preguntas: por qué se han descontrolado tanto los incendios, qué ha fallado, cómo se pueden mejorar los dispositivos, qué necesidades tienen las brigadas forestales y, sobre todo, cómo se puede evitar que algo así vuelva a suceder.
Por lo pronto, el Gobierno ha prometido un gran pacto de Estado para mitigar los efectos adversos del cambio climático, que presentará formalmente el mes que viene. Pero con más de 403.000 hectáreas quemadas, el 0,8% de todo el territorio nacional, equivalente a toda la isla de Mallorca, una de las preguntas que más se repetirán los ciudadanos que tengan la suerte de no oler ya a bosque quemado será cuánto va a costar todo este desastre: cuánto costará arreglarlo, y cuánto habría costado prevenido. Ya hay algunos datos: las empresas forestales calculan que extinguir el fuego en una hectárea cuesta unos 19.000 o 20.000 euros; mientras que las labores de prevención unos 2.000.
En otras palabras: con más de 382.000 hectáreas calcinadas este 2025, el coste inmediato de las llamas (sin contar negocios arruinados, reconstrucción de aldeas, pérdida de oportunidades de negocio) puede haber sido de más de 8.060 millones de euros.
Cómo hacer el cálculo
Ya hay literatura científica sobre el impacto económico de los desastres naturales. Un estudio de la Comisión Europea citado por varios medios incide en que las consecuencias de los incendios forestales suponen un coste del 4,5% del PIB para España, unos 71.623 millones de euros. Otro análisis publicado en julio de 2022 también por Bruselas incide en que el país ya ha perdido el 7,5% de su PIB en el período de 1980 a 2020 por catástrofes como incendios e inundaciones: una pérdida de casi 120.000 millones de euros. Atendiendo a cada cifra, esto implica un coste a cada ciudadano de 1.500 euros en el primer escenario y de 2.500 euros en 40 años para el segundo.
Lo cierto es que hacer este tipo de cálculos es complejo. ¿Qué se incluye en la muestra? ¿El coste de reconstrucción de un monte? ¿Las coberturas de los seguros por catástrofe? ¿El potencial beneficio de las explotaciones agrícolas calcinadas? Incluso una ola de calor, sin incendios, ya puede ser mensurable por sus potenciales costes económicos: las horas que los trabajadores dejan de hacer cuando el mercurio pone en peligro vidas se contabilizan a millones, y los efectos adversos de las olas de calor, cada vez más y cada vez más largas, pueden suponer un coste de hasta 2.000 euros a cada español. Pero hay un cálculo que es relativamente sencillo de hacer: extinguir y reconstruir lo destruido sale más caro que la inversión necesaria en prevenir estos incendios forestales.
Un millón de euros al año en prevención
El territorio calcinado en España en lo que va de año supera las 403.000 hectáreas, según el portal estadístico del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). El momento más crítico han sido las tres últimas semanas de agosto, cuando el número de focos activos se contaban a decenas en todo el país. Pero fue el mes pasado, cuando ardía el incendio forestal de Méntrida en Toledo, el momento en el que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales volvió a reclamar una “gestión activa” de los montes españoles, al menos “en el 1% de la superficie forestal cada año, que supone el 56% del territorio nacional”. “Es el mínimo para evitar el colapso ecológico, económico y social de los montes”. El organismo también reclamaba aumentar la inversión en prevención y planificación, fomentar “la bioeconomía rural” e integrar los riesgos de fuego “en la planificación urbanística”.
Lo que piden los ingenieros agrónomos no es muy distinto de lo que se viene oyendo al sector desde hace años. En 2023, la Fundación Pau Costa lanzó una declaración pública sobre la gestión de grandes incendios forestales en España que firmaron sociedades científicas y medioambientalistas, organizaciones ecologistas, sindicatos, gobiernos como el canario y cientos de particulares. En su declaración, la organización también pedía gestionar cada año “como mínimo el 1% de la superficie forestal a escala nacional” con el objetivo de “preparar el territorio frente al paso de los grandes incendios forestales”.
Lo interesante de aquella declaración es que también ofrecía un cálculo concreto del coste que supondría esa intervención: 1.000 millones de euros al año: la estimación se basa a que el coste medio de gestión forestal es de 3.130 euros por cada hectárea, según los precios del Grupo Tragsa, que es la empresa pública propiedad de la SEPI que recibe el encargo de autonomías como la Comunidad de Madrid del servicio de brigadistas contra incendios.
Apagar, diez veces más caro
La masa forestal representa más del 50% del territorio nacional. Por ello, ingenieros de montes y ecologistas asumen que es necesario cuidar mínimo un 1% de la misma al año, para tratar de prevenir los escenarios más catastróficos. Las cifras que manejan organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) no dejan lugar a dudas: su presidente, Miguel Duralde, advertía días atrás en declaraciones a RTVE que el país cuenta con una cantidad “terrorífica” de “material que puede arder” y este es “un problema que se ha labrado durante 50 años”.
Un informe de la ASEMFO sitúa el coste de extinguir una hectárea en 19.000 euros, muy por encima del precio de prevención que ofrece Tragsa (unos 3.130 euros). Seis veces más. El presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales (Extrefor) indicaba también a RTVE que “apagar un incendio cuesta 20.000 euros por hectárea, prevenir para que no se queme cuesta 2.000”. La relación pasa a ser de diez: apagar es diez veces más caro que prevenir.
Son cálculos provisionales, pero si en lo que va de año han ardido 403.000 hectáreas en España, esto implica que el coste de su extinción oscila entre los 7.657 millones y los 8.060 millones. En otras palabras: apagar los incendios este 2025 costarán entre 157 y 167 euros a cada ciudadano español. Haberlos prevenido, hectárea a hectárea, apenas 16 euros por bolsillo. Y todo esto, sin incluir otros costes adicionales y cruciales: la pérdida de atracción turística, negocios arruinados, la necesidad de reconstruir aldeas…
Las aseguradoras lo notan
No son las únicas cifras que se están conociendo estos días. También las aseguradoras están notando la virulencia de los fuegos, cada vez mayor. España cumple con los vaticinios: cada vez menos incendios pero más destructivos. En ese sentido, Allianz publicó un informe a principios de año titulado Wildfires Emerging Risk Trend Talk 4 en el que daba datos sobre cómo ha evolucionado la cifra de coberturas ante catástrofes relacionadas con fuego en las últimas décadas.
“La creciente gravedad y frecuencia de los incendios forestales, junto con el creciente número de personas afectadas por ellos, ha provocado un aumento significativo de las pérdidas relacionadas. Las pérdidas aseguradas a nivel mundial por incendios forestales aumentaron de 8.700 millones de dólares (7.469 millones en euros) en la década de 2000 a 56.300 millones (48.338 millones en euros) en la década de 2010”, expone este documento. Son múltiples los indicadores que lo demuestran: es más barato evitar el desastre que limpiar las cenizas.