Cada verano en España los incendios forestales arrasan miles de hectáreas de bosque y matorral, dejando tras de sí un paisaje devastado y este año 2025 más aún, pues casi toda España está sufriendo los estragos del fuego con mucha virulencia. Galicia, Andalucía, El Bierzo y un sinfín de lugares donde la situación es crítica. Y en este contexto y más allá del impacto medioambiental, surge una pregunta recurrente: ¿qué ocurre con esos terrenos y cuánto tiempo debe pasar antes de poder recalificarlos para otros usos?
La Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre) establece una regla fundamental: un terreno quemado no puede cambiar su uso forestal durante un plazo mínimo de 30 años. Esto significa que no podrá destinarse a urbanizaciones, actividades mineras o explotaciones agrícolas o ganaderas intensivas. Además, durante el tiempo que marquen las comunidades autónomas también queda prohibida cualquier actividad que dificulte la regeneración de la cubierta vegetal, como desbroces inadecuados, construcciones temporales o usos incompatibles con la restauración.
En este sentido, la ley otorga a las comunidades autónomas la responsabilidad de garantizar la recuperación de los montes incendiados, aunque en situaciones excepcionales pueden solicitar la colaboración del Estado. De este modo, se asegura que el territorio afectado tenga la oportunidad de regenerarse de manera natural o mediante repoblaciones y planes de restauración ambiental.
Las excepciones previstas en la normativa
Aunque la prohibición general es clara, la propia ley contempla excepciones para no frenar proyectos ya planificados o de gran relevancia social:
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Instrumentos de planeamiento aprobados antes del incendio
Si ya estaba previsto un cambio de uso en un plan urbanístico o territorial aprobado, o en trámite con evaluación ambiental favorable, la comunidad autónoma puede mantener ese proyecto. -
Directrices agroforestales
Se permite la transformación en casos donde existan políticas que promuevan el uso agrario o ganadero extensivo en montes abandonados y no arbolados. -
Razones imperiosas de interés público de primer orden
La ley abre la puerta, de manera muy excepcional, a recalificar terrenos si se trata de proyectos que responden a un interés público prioritario (por ejemplo, una infraestructura estratégica). En estos casos, la aprobación debe hacerse mediante ley autonómica o estatal y, además, exige medidas compensatorias: recuperar una superficie forestal equivalente a la perdida por el fuego.
Si el proyecto trasciende al interés general de todo el Estado, será el Parlamento español quien tenga que decidir mediante una norma específica.
¿Es posible construir inmediatamente tras un incendio?
La respuesta es rotunda: no. Aunque se den las excepciones mencionadas, la recalificación nunca es automática. Debe pasar por un procedimiento legislativo completo, que puede durar años, y cumplir con todos los requisitos medioambientales que marca la Ley de Montes. Es decir, la idea de que un terreno se queme y enseguida pueda urbanizarse es falsa y no tiene respaldo jurídico.
Es por eso que ahora mismo los especialistas en gestión forestal coinciden en que hoy no existe una relación directa entre incendios y especulación urbanística. Desde el Colegio de Ingenieros de Montes explican que las excepciones de la ley tienen como objetivo evitar que un incendio bloquee proyectos de interés general que ya contaban con los permisos previos.
Por otro lado, desde Greenpeace recuerdan que la especulación no puede considerarse una de las principales causas de los incendios en España en la actualidad. Y es que los factores de mayor peso son el abandono de los usos tradicionales del campo, la falta de gestión activa de los bosques y, cada vez más, los efectos del cambio climático que agravan la sequía y las olas de calor.