En España, más de dos millones y medio de mujeres viven con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, su realidad sigue siendo una de las menos visibles dentro del debate público sobre igualdad. A la discriminación que comparten con el resto de las mujeres se suma otra vinculada directamente a su condición física, sensorial o intelectual: una doble barrera que condiciona su acceso al empleo, la educación, la salud y la vida social.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, su situación vuelve a poner sobre la mesa una deuda pendiente del país en materia de derechos humanos e inclusión.
Una desigualdad que se multiplica
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a índices de pobreza, exclusión y violencia de género superiores a los de las mujeres sin discapacidad y también a los hombres con discapacidad. El mercado laboral es una de las áreas donde esta doble discriminación se hace más evidente. Según entidades especializadas, las tasas de empleo entre mujeres con discapacidad siguen muy por debajo de la media, tanto por prejuicios en los procesos de selección como por la falta de accesibilidad en los entornos de trabajo. La cultura empresarial aún arrastra estereotipos que las relegan a puestos de menor cualificación o directamente las excluyen.
En el ámbito educativo, la desigualdad empieza temprano. Muchas jóvenes con discapacidad encuentran obstáculos tecnológicos, arquitectónicos o pedagógicos que limitan su acceso real a la formación. Esto repercute en sus oportunidades profesionales, perpetuando un círculo de dependencia y vulnerabilidad. En contextos rurales, la brecha se intensifica: la falta de servicios específicos y de infraestructuras accesibles agrava su aislamiento.
Salud y violencias: la vulnerabilidad invisible
El acceso a la salud es otra de las áreas donde esta doble barrera se manifiesta con fuerza. La atención ginecológica, por ejemplo, continúa siendo poco accesible para mujeres con movilidad reducida o con discapacidades sensoriales, mientras que quienes tienen discapacidad intelectual suelen enfrentarse a infantilización, falta de información adaptada y prejuicios sobre su sexualidad. Muchas denuncian que las consultas médicas no están preparadas para atenderlas ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista comunicativo.
La violencia de género es un capítulo especialmente preocupante. Las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia física, psicológica o económica, y más dificultades para denunciarla. La dependencia de una persona cuidadora —a veces la misma que ejerce la violencia—, la falta de accesibilidad en recursos policiales y judiciales, o la escasez de casas de acogida adaptadas las dejan en una situación de riesgo extremo. A pesar de los avances legislativos, el acceso efectivo a la protección aún está lejos de ser una realidad plena.
Avances que no llegan al ritmo necesario
España cuenta con normativas avanzadas en materia de igualdad y discapacidad, desde la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad hasta las reformas penales que contemplan agravantes cuando la víctima tiene discapacidad. Sin embargo, los colectivos denuncian una brecha profunda entre la legislación y la práctica. La falta de accesibilidad universal —transporte, edificios, administración electrónica— continúa limitando derechos básicos y transformando trámites cotidianos en auténticos desafíos.
También persiste una carencia histórica: la falta de datos desagregados por género y tipo de discapacidad. Sin estadísticas precisas es difícil diseñar políticas públicas que respondan a sus necesidades reales. Las organizaciones feministas y de discapacidad reclaman desde hace años un enfoque interseccional que deje de tratarlas como un grupo homogéneo.
Un 3 de diciembre para poner el foco donde no suele estar
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es, cada año, una oportunidad para visibilizar estas demandas y recordar que la igualdad no puede ser plena si deja fuera a uno de los colectivos más discriminados. Las mujeres con discapacidad reclaman derechos tan simples como elegir dónde vivir, acceder a un empleo digno, moverse con autonomía o recibir una atención sanitaria adecuada.