Existe en nuestra Constitución una excepción al principio de igualdad. Se presenta en el artículo 57.1, que la clase política guarda cerrado en el cajón de asuntos pendientes sin que nadie se atreva a ir a por la llave.
Se puede llenar de polvo, pero el problema permanece. Porque lo que recoge el texto es lo siguiente, en el Título II. De la Corona: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.
Para eliminar este anacronismo -España es el único país monárquico dentro de la Unión Europea que mantiene la preferencia del varón respecto a la mujer en la Ley de Sucesión a la Corona, sólo los micro-Estados de Mónaco y Liechtenstein priorizan al varón en el acceso al trono- se necesita acometer una reforma agravada, en un proceso que requiere la aprobación por una mayoría de dos tercios en cada Cámara, disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones, ratificación de la reforma por las nuevas Cámaras con una mayoría de dos tercios, y someter la reforma a referéndum obligatorio.
Entre otros los pasos, el que más se le atraganta al Ejecutivo es la convocatoria de elecciones. Según ha podido saber este medio, hubo un tiempo más propicio en el que se empezó a trabajar sobre el asunto, pero se priorizó la reforma del Estatuto de Cataluña y se paralizaron los trabajos. Un proceso en el que el Rey Juan Carlos estuvo a favor y pulsó las posibilidades de que se acometiera. Don Felipe no fue ajeno, y quiso informarse a través de reuniones con constitucionalistas cuando Doña Letizia esperaba el nacimiento de la infanta Sofía.
La descendencia de Don Felipe activó la maquinaria
Don Felipe contrajo matrimonio con Doña Letizia el 22 de mayo de 2004. Un año y medio después, el 31 de octubre de 2005, nació la heredera al Trono de España, la Princesa Leonor. La pregunta que vino después era obligada: ¿Y si hubiera un nuevo embarazo, y el sexo fuera varón?
Dentro de la acción política del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, este asunto era prioridad. De hecho, durante la presidencia de José María Aznar, este conflicto se puso sobre la mesa, pero se desestimó por evitar el escenario de un plebiscito sobre Monarquía o República. En su discurso de investidura, Zapatero afirmó públicamente su intención de modificar el artículo 57.1: “Se trata de (…) modificar, sin alterar las previsiones que afectan al Príncipe de Asturias, las normas que regulan el orden de sucesión en la Corona con el fin de adaptarlas al principio de no discriminación de la mujer que, con carácter general, consagra la propia Constitución”.
El inicio del proceso
“El Gobierno preparó un anteproyecto de ley como es lo legal, porque la iniciativa para la reforma vino del gobierno, y entonces empezó a recabar los dictámenes preceptivos para hacerlo, después llevarlo al Consejo de Ministros y transformarlo en proyecto”, afirman fuentes que estuvieron implicadas. “La reforma en principio constaba de cuatro puntos: enumerar las comunidades autónomas, reflejar la incorporación a Europa , reformar el Senado y eliminar la preferencia del varón sobre la mujer”.
Finalmente, explican, el Consejo de Estado hizo el informe favorable al respecto. “Lo trabajamos mucho viendo los ejemplos de otros países”.
La implicación de la Corona
“El Rey Juan Carlos era totalmente favorable a reformar la Constitución”, explican. “Lo ha sido siempre”. El entonces Príncipe Felipe se reunió con constitucionalistas para informarse. “Él quería que esto se cambiara porque ya estaba casado, tenía una hija, esperaba un segundo hijo y les preocupaba que podía pasar si nacía un varón”, afirman. “Había el bulo de si había sido por reproducción asistida para asegurarse de que fuera chica”.
El escenario sobre el que se trabajó, afirman, se basó en trabajar sobre la posibilidad de hacer una reforma constitucional que fuera un poco “más amplia” cogiendo otros aspectos que pudieran recibir una opinión favorable en la opinión pública y que la reforma “no terminara en un debate sobre Monarquía sí, Monarquía no no se convirtiera en un debate sobre Monarquía sí, Monarquía no”.
El pacto del Tinell propició el Estatuto de Autonomía catalán
El pacto del Tinell de 2003 para formar un gobierno catalanista y de izquierdas, habilitó el terreno para desarrollar la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tuvo lugar el 19 de julio de 2006. “Se paralizaron los trabajos para reformar la Constitución y se activó la acción en la aprobación de un estatuto de autonomía para Cataluña que fuera más allá de la Constitución, con la idea de que ésta se adecuara después al Estatuto de Autonomía de Cataluña”, explican. “Es el pacto entre Zapatero y Maragall el que paraliza la reforma constitucional”. Afirman que algunos de los constitucionalistas implicados se negaron a participar.
Las alertas internacionales por el artículo 57.1 prevalecen
“El derecho general es el derecho a la igualdad. Y la excepción que contempla es la igualdad en la sucesión a la Corona”. Esta situación planteaba problemas a nivel internacional. “Nos impedía una ratificación correcta de la convención de los derechos políticos sobre la mujer, y del protocolo número 12 al convenio europeo de derechos humanos. Ahí tenemos unas alertas internacionales que todavía están”, aseveran.