La escalada militar en Oriente Próximo, marcada por los ataques entre Irán e Israel y la intervención de Estados Unidos, ha devuelto a Europa a un escenario que creía superado. La seguridad continental vuelve a estar en el centro del debate, y con ella, el papel que jugarían los países de la OTAN si la tensión se extendiera.
España, miembro de la Alianza Atlántica desde 1982, participa en la defensa colectiva y alberga infraestructuras estratégicas como las bases de Rota y Morón, donde los destructores estadounidenses del escudo antimisiles han sido activados en varias ocasiones para proteger el sur de Europa. En este contexto, ¿puede España movilizar a mujeres civiles en caso de guerra?
El Gobierno ha insistido en que España mantiene una postura estrictamente defensiva. El presidente Pedro Sánchez ha reiterado el tradicional “no a la guerra” y ha subrayado que el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental responde a misiones de vigilancia y apoyo a aliados europeos como Chipre, sin participación en ataques ofensivos. La Ley de Defensa Nacional de 2005 exige autorización parlamentaria para cualquier operación de combate, y el Ejecutivo ha remarcado que España cumple sus compromisos internacionales sin desviarse de ese marco legal.
Sin embargo, más allá de la política exterior inmediata, la legislación española contempla escenarios de crisis mucho más amplios. Aunque el servicio militar obligatorio se suspendió en 2001, nunca fue derogado. El artículo 30 de la Constitución establece que todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, sin distinción de sexo. Esto significa que, en una situación extrema, el Estado podría activar mecanismos de movilización progresiva que incluyen a la población civil, mujeres y hombres por igual.
Mujeres con un papel central
La movilización no sería automática ni generalizada. España aplicaría un sistema escalonado en el que, tras agotar a los militares en activo y a los reservistas voluntarios, se recurriría a perfiles civiles considerados esenciales para sostener la retaguardia del país. Y aquí es donde las mujeres tendrían un papel central, porque los sectores prioritarios son precisamente aquellos donde la presencia femenina es mayoritaria: personal sanitario -médicas, enfermeras, farmacéuticas hospitalarias-, psicólogas y especialistas en emergencias, expertas en ciberseguridad, informática y análisis de datos, traductoras e intérpretes para la coordinación internacional, profesionales de comunicación estratégica y técnicas de protección civil y logística. No se trata de enviarlas al frente, sino de garantizar que los servicios críticos del país continúan funcionando si la situación se deteriora.
Solo en un escenario extremo que afectara directamente a la seguridad nacional podría considerarse una movilización más amplia de la población entre 18 y 55 años. La ley prevé que cada caso se evalúe individualmente, teniendo en cuenta circunstancias personales como el cuidado de menores o dependientes, pero no contempla exenciones automáticas por maternidad. La prioridad sería siempre garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la capacidad operativa del país.
Las mujeres ya forman parte de la defensa española en un sentido pleno. Representan ya el 13 ,4% de los efectivos de las Fuerzas Armadas y desempeñan funciones en unidades de combate, inteligencia, logística y ciberdefensa. Participan en misiones internacionales bajo el paraguas de la OTAN, desde operaciones de mantenimiento de paz en los Balcanes hasta despliegues en el Sahel o patrullas marítimas en el Mediterráneo. Asumen las mismas responsabilidades que sus compañeros hombres y están integradas en todos los escalones operativos.
Si España tuviera que activar un escenario de emergencia, el primer movimiento estaría en los cuarteles, pero no terminaría ahí. Porque detrás de cada despliegue, de cada sistema que sigue funcionando y de cada operación que se mantiene en pie, hay mujeres que ya han demostrado que pueden sostener la defensa del país dentro y fuera de sus fronteras.