La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevó hoy al Consejo de Ministros la aprobación definitiva de la subida salarial adicional del 0,5% para los más de tres millones de empleados públicos en España. Este incremento, comprometido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en octubre de 2022, se abonará en forma de atrasos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024 y se consolidará en nómina.
Según explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado, esta subida complementa el 2% ya aplicado este año y responde a la cláusula de revisión salarial vinculada al comportamiento del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). En concreto, el acuerdo contemplaba que, si la suma del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo periodo, procedería una subida adicional del 0,5%.
Detalle de subidas
Hacienda recordó que en 2022, el primer año, la subida fue del 3,5%. En 2023, se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional, vinculado a los datos del IPCA y del PIB, del 1%. Por último, para 2024, las retribuciones crecieron un 2%, a la que se ha añadido esta parte variable del 0,5% en función de los parámetros marcados por el IPCA.
El incremento recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El mismo se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos.
Sindicatos
El pago, según estimaciones de CSIF, supondrá una media de 166 euros por trabajador. El montante total ascenderá a casi 500 millones de euros, una cantidad que afecta tanto a funcionarios como a personal laboral o estatutario, ya dependan de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos.
La decisión llega tras meses de presión sindical. Y como ocurrió el año pasado, el Ejecutivo ha vuelto a agotar los plazos cuando anunció una revalorización salarial el 26 de junio. Desde las organizaciones sindicales, el Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos recuerdan que el compromiso “llega con 18 meses de retraso”.
Cuestiones pendientes
Con todo, ambos sindicatos valoran que el Ejecutivo haya cumplido finalmente lo pactado, pero advierten de que aún queda mucho por hacer: “Sigue pendiente una parte importante del Acuerdo Marco”, en alusión a la jornada de 35 horas semanales, la jubilación parcial del personal laboral, su extensión al funcionariado, la mejora de la clasificación profesional y las retribuciones previstas para 2025.
Además de cumplir con la subida, tal y como apuntan fuentes de CSIF, el Gobierno debe abordar ya la negociación del nuevo acuerdo marco para los próximos años. “En lo que va de año, el Ejecutivo adeuda una subida mínima del 1,9% hasta mayo para acompasar los salarios públicos al IPC”.
Pérdida poder adquisitivo
Según este sindicado, el Gobierno aún retiene 1.800 millones a los empleados del conjunto de las administraciones públicas. Como consecuencia de la evolución de los precios (el último IPC correspondiente al mes de junio arrojó una subida del 2,2 por ciento) los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8% desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20% desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010.