La ola de incendios que arrasa buena parte del país ha reabierto un debate recurrente: si el gasto en prevención en España está a la altura de lo que exige un escenario climático cada vez más extremo. El Gobierno solicitó anoche a Bruselas el envío de aviones cisterna. Una medida de urgencia que vuelve a poner el foco en la inversión pública destinada a evitar tragedias como la actual.
Las cifras de Eurostat, la oficina estadística europea, ofrecen un retrato claro de la situación. Los Veintisiete invirtieron en 2022 un total de 37.800 millones de euros en servicios de protección contra incendios. Aunque supone un aumento del 8% respecto al año anterior, la proporción del gasto apenas se ha movido del 0,5% del total desde 2016. Y ahí es donde España queda en evidencia.
España, por debajo de la media europea
Según los datos oficiales, el gasto en prevención en España representa el 0,4% del presupuesto público. Esto la coloca por debajo del 0,5% que destinan países como Francia, Polonia, Noruega o Luxemburgo, y lejos del 0,6% que invierten Alemania, Grecia, Estonia o República Checa. En el extremo opuesto, Rumanía lidera la clasificación con un 0,7%. Dinamarca, por su parte, cierra la tabla con apenas un 0,1%.
España comparte porcentaje con Italia, Bélgica, Suecia o Hungría. Lo que evidencia que no es un problema aislado, pero sí preocupante. Al menos, en un país que, por su clima y geografía, afronta veranos de alto riesgo. El gasto en prevención en España no ha acompañado el aumento de las temperaturas extremas ni la intensidad de las sequías.
La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) ha alertado de un dato demoledor. La inversión total en prevención —sumando la administración central y las autonómicas— ha caído un 51% entre 2009 y 2022.
Ese último año, que fue el peor en superficie quemada en lo que va de siglo, el presupuesto ascendió a poco más de 417 millones de euros. Prácticamente lo mismo que en 2009, pero con un escenario climático mucho más grave.
Esto significa que, pese a las alertas de los expertos, el gasto en prevención en España no ha crecido al ritmo que la realidad exige. Y las consecuencias están a la vista: más incendios, más hectáreas arrasadas y un mayor coste humano y ambiental.
El nuevo plan de prevención y lucha contra incendios
El pasado 10 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales de 2025. Se trata de un programa que se elabora cada año y que involucra a diez ministerios. Incluye medidas de anticipación, despliegue operativo y refuerzo estructural, con un presupuesto superior a los 115 millones de euros, principalmente para trabajos preventivos y de limpieza.
El plan contempla la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 1.400 efectivos y una flota estatal de 14 aviones apagafuegos. A estos se suman 63 aeronaves coordinadas por el Ministerio de Transición Ecológica y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que apoyan a las comunidades autónomas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es suficiente este gasto en prevención en España para revertir la tendencia?
Una crisis que se expande
Los incendios activos en estos momentos afectan a ocho comunidades autónomas —Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Asturias y Comunidad Valenciana—. Han causado la muerte de dos personas, forzado la evacuación de miles y arrasado más de 33.000 hectáreas: 18.000 en Castilla y León, 14.000 en Galicia y 1.200 en Extremadura.
Cada verano, la estadística demuestra que lo invertido en anticipar y prevenir es mucho menor que lo que se gasta en combatir el fuego una vez iniciado. El gasto en prevención en España sigue siendo la asignatura pendiente en una estrategia nacional que, año tras año, llega tarde.
Expertos en gestión forestal y cambio climático coinciden en que incrementar el gasto en prevención en España no es solo una cuestión económica, sino estratégica. Prevenir significa limpiar montes, crear cortafuegos, formar brigadas especializadas y dotar a las comunidades autónomas de medios suficientes antes de que comience la temporada de riesgo.
El contexto europeo muestra que hay margen de mejora. Países con menor riesgo climático dedican proporcionalmente más recursos, lo que evidencia que la baja inversión no es una norma inevitable, sino una elección política y presupuestaria.