El problema de verse rodeado de fuegos es que, tarde o temprano, uno puede acabar abrasado y llega un momento en el que hacer un cortafuegos sirve ya para muy poco. Lo estamos viendo estos días con el caso Salazar. El PSOE silenció durante cinco meses las denuncias de las víctimas contra el ex colaborador de Moncloa y en el partido dejaron que cayeran en el olvido atribuyéndolo a “una ofuscación informática”. Aparentemente el presunto acosador había sido apartado, pero Artículo 14 demostró que, en el fondo, no lo había sido tanto publicando unas fotos suyas en las que compartía mesa y mantel de manera distendida con la ministra Pilar Alegría. La portavoz del Gobierno le quitó hierro al encuentro asegurando que había sido una comida entre amigos que se conocían hace muchos años. ElDiario.es acabó, sin embargo, de sacar a la luz la verdad de este asunto: desde que saltó el escándalo, el partido no se había puesto en contacto con las víctimas, unas víctimas que detallaron además, cómo era vivir cada día con ese acosador que se creía impune y que era protegido por sus máximos colaboradores y por algunas mujeres del partido con mando en plaza: María Jesús Montero, Rebeca Torró, Pilar Bernabé, e incluso Ana Redondo, que llegaron a pedir a sus indignadas compañeras silencio y calma para no dañar al partido. Pero lo que verdaderamente ha dañado al partido es haber hecho la vista gorda ante las prácticas de Salazar porque, según algunos medios, el supuestamente defenestrado colaborador de Sánchez seguía asesorando bajo manga a Moncloa, a Ferraz y a Salvador Illa. Y no sólo eso, sino que, según La Sexta, el Gobierno intentó que alguna embajada latinoamericana contratara sus servicios, lo que demuestra ya una profunda hipocresía por parte de quienes, públicamente se están rasgando las vestiduras mientras, por detrás, continúan intentando hacer favores al favorito del jefe (probablemente por orden de este, claro, no seamos ingenuos).
Todos estos movimientos hacen que nadie crea las palabras de Pedro Sánchez el pasado sábado asumiendo en primera persona la responsabilidad de lo sucedido y atribuyéndolo a “un pequeño error en la tramitación de los expedientes”. Si eso es así, ¿en qué se ha traducido? ¿en la destitución de Antonio Hernández? ¿y ya? Y, ¿por qué no se llevan estas denuncias a la fiscalía? Su arrepentimiento, además, no fue del todo público, ya que Sánchez hizo estas declaraciones, no ante un micrófono, sino en conversación informal con los periodistas. Si tan arrepentido estaba, ¿por qué no pidió disculpas públicamente?
El problema de fondo es que el tiempo va demostrando que el presidente del Gobierno ha estado rodeado de presuntos corruptos y delincuentes, y ya no vale lo de decir que no los conocía porque al menos Ábalos, Cerdán, y Salazar han sido sus máximos colaboradores. Contra estos incendios no valen ya cortafuegos, ni tapones, ni argumentarios, ni excusas. Lo que hubiera sido necesario es tener una actitud decente con las víctimas, mostrarles empatía, y demostrar por la vía de los hechos que lo de “hermana, yo sí te creo”, no es sólo un eslogan del 8M, sino que es una realidad, aunque afecte a uno de los máximos colaboradores del presidente del Gobierno.