De ‘no a todo’ a ‘Franco’: la tensión entre Díaz y Garamendi estalla antes de la negociación del SMI

Casi 2,4 millones de personas trabajadoras, un 65,8% de ellas mujeres, perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España. Una retribución, cuya subida para 2026, requiere la aprobación del Consejo de Ministros, previa negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. De momento, no tiene fecha a la espera de que la Comisión Asesora para el Análisis del SMI presente sus conclusiones.

Según informan a Artículo14 fuentes conocedoras, estos trabajos están en su fase final y tampoco está agendada su presentación. En el caso de la revalorización de 2025, las conclusiones de los expertos se presentaron el pasado 15 de enero. Este dictamen es el punto de partida para la constitución de la mesa de diálogo social del SMI. Sin embargo, en esta ocasión, a tenor de cómo llegan dos de sus protagonistas, se vislumbra un nuevo capítulo de dura controversia.

Subida de tensión

En las últimas semanas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han ido escalando el tono de sus diferencias. Y lo que antes eran puñales por la espalda, en forma de alusiones más o menos veladas, ahora son estocadas directas con luz y taquígrafos. Los puentes del diálogo social entre quienes a finales de 2021 lograron acordar hitos como la reforma laboral se resquebrajan.

En la práctica, las desavenencias han llevado a la patronal a estar fuera de tres importantes mesas de negociación. El 22 de octubre, CEOE abandonó el diálogo para reformar la indemnización por despido improcedente, al no compartir el punto de partida. Un mes después (26 de noviembre), Trabajo expulsó a los empresarios de la discusión para la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El último enfrentamiento tuvo lugar la semana pasada (4 de diciembre), cuando la mano derecha de Díaz en el Ministerio, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, también sacó a CEOE de la discusión para la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar.

“Rodillo del BOE”

La reacción de Garamendi no se hizo esperar. El presidente acusó a Trabajo de expulsar a la patronal para imponer lo que calificó como “su última ocurrencia” a través del “rodillo del BOE”. La dureza de sus declaraciones quedó patente en afirmaciones como que el departamento que dirige Díaz “no es el Ministerio de Trabajo, es el ministerio de un partido”. Destacó su empeño en “minar el espacio de diálogo social” para imponer “su programa político”, una crítica que acompañó con la idea de que el Gobierno aplica una auténtica “motosierra” sobre su papel como interlocutor.

El discurso subió aún un peldaño más cuando Garamendi comparó los métodos del Ministerio con prácticas del franquismo. “Eso lo hacía Franco”, afirmó al acusar a Yolanda Díaz de intentar sortear el control parlamentario mediante reglamentos en lugar de leyes. Para CEOE, lo que antes era diálogo se ha convertido en “monólogo social”, dado que el Ejecutivo llega a las mesas con decisiones cerradas y sin disposición a incorporar aportaciones. “Traigo una norma y es la que va a ser”, resumió gráficamente. El sentir de los empresarios es que están siendo laminados por Trabajo.

“No a todo”

Hoy hay mesa de diálogo sobre los permisos de duelo. La patronal debe elegir: resolver problemas de empresas y trabajadoras o seguirle el juego al PP. Mientras, Garamendi ataca personalmente para tapar su irresponsabilidad.

Nosotras lo tenemos claro: defendemos los derechos de la clase trabajadora.

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— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 4 de diciembre de 2025, 11:26

Desde el lado del Ministerio de Trabajo, el diagnóstico es igual de contundente, aunque en dirección contraria. La última discrepancia fue protagonizada por Joaquín Pérez, quien acusó a la patronal de mantener una actitud de “insensibilidad” y de practicar un “no a todo”, incluso en materias tan sensibles como los permisos por fallecimiento. En su opinión, la posición de la patronal no responde a criterios técnicos, sino a una “labor de obstrucción permanente”.

La visión de Trabajo es que la CEOE estaría “haciendo política” y Garamendi “tiene que hacerse el duro” en plena campaña electoral interna. La conclusión es que “el diálogo social a cuatro bandas está profundamente herido”, como así reconoce el propio Ministerio. “Romper el diálogo social… Eso sí que es no estar a la altura de su puesto”, afirmó Yolanda Díaz en sus redes sociales en relación con la falta de acuerdo de la nueva ley de Prevención de Riesgos Laborales.

SMI, una prueba de estrés

En este contexto de desencuentros encadenados, la negociación del SMI se presenta como la próxima gran prueba de estrés entre Trabajo y la patronal. Los antecedentes no son positivos: las dos últimas subidas de 2024 y 2025 no contaron con el respaldo de la CEOE. Para 2026, CCOO y UGT han presentado su propuesta: una subida del SMI del 7,5%, hasta los 1.273 euros mensuales en 14 pagas, y que los completos salariales no queden absorbidos con su revisión. Más allá del incremento porcentual, para la CEOE la demanda sindical de implementar pluses implicaría una subida efectiva de “hasta el 25% o el 30% de esta renta mínima”.

Pero el Gobierno ha cogido ya el guante de los trabajadores. El Ministerio de Yolanda Díaz sacó el pasado 4 de diciembre a consulta pública previa la tramitación de un proyecto de real decreto para transponer la Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. Según justifica -frente a la posición de la patronal de que se requiere una modificación con rango de ley-, se recurre a una norma reglamentaria para adaptar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores a la legislación comunitaria.

“Al bolsillo de los trabajadores”

La regulación legal española debe ser objeto de desarrollo para cumplir con la totalidad de los objetivos prescritos en la norma europea, en materia de negociación colectiva informada, afectación de las reglas de compensación y absorción en los complementos salariales, valores de referencia indicativos, órgano consultivo de asesoramiento y tasa de cobertura”, detalla en la consulta. “Vamos a reformar a su vez el reglamento del salario mínimo interprofesional para que, incluso, las reglas de absorción y compensación no puedan afectar negativamente a esta idea de que las subidas del SMI vayan íntegramente a los bolsillos de los trabajadores”, aseguran fuentes de Trabajo.

Por su parte, CEOE trabaja ya en recurrir ante los tribunales esta reforma reglamentaria. A la espera del informe de la Comisión Asesora para fijar la senda de incremento y llevar una propuesta a la mesa, la tensión entre Díaz y Garamendi anticipa un arranque de negociación prácticamente roto. Y, como ya ocurrió en años anteriores, los trabajadores que perciben el SMI comenzarán el año sin conocer cuál será su salario final.