Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, toma la delantera frente a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a cuenta del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Tras el pulso entre ambas carteras sobre la tributación del SMI en 2025, que finalmente se zanjó bajo las tesis de Trabajo, Díaz ha optado por poner “la tirita antes de la herida”. Una de las grandes novedades de la subida del SMI en 2026 es que Trabajo presentará dos propuestas de revalorización en función de si tributa o no el IRPF.
La ministra de Trabajo dio hoy el pistoletazo de salida a la revalorización del salario que perciben casi 1,6 millones de mujeres y que, por primera vez, superará la barrera de los 1.200 euros. El primer paso es encomendar a la comisión de expertos que determine cuánto debería subir en 2026. El cambio es que harán el cálculo por partida doble, con y sin tributación en la renta. “Lo que dejo en manos del Ministerio de Trabajo es la fijación del salario mínimo, en uno o en otro criterio, y soy clara: vamos a cumplir con el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, exento de tributación o tributando. Y por tanto, no nos vamos a distraer en discusiones”, zanjó en el acto de presentación del nuevo comité de expertos.
Un mensaje directo a Hacienda, que tendrá que resolver si el SMI de 2026 paga o no impuestos. “Desde que llevo siendo ministra, desde el 13 de enero del año 20, nunca he invadido una competencia de otro ministerio”, puntualizó, en alusión al choque vivido entre los dos departamentos.
¿Cuál es la opinión de Díaz?
Aunque la instrucción de Trabajo pasa por calcular el SMI exento, como así ha sido hasta ahora, y otra aplicando el IRPF, la vicepresidenta se mantiene firme en su posición. Si no hay una modificación de los tipos, el salario más bajo no debe tributar. “Vuelvo a reiterar, que una renta de 17.000 euros al año tiene el mismo tipo marginal que una renta salarial de 100.000 euros. Esto es al 50%. Y vuelvo a afirmar que esto es profundamente injusto”, sostiene Díaz.
En su opinión, aún no se dan las condiciones para que el salario mínimo tribute. Frente a la recomendación de hacer pedagogía fiscal, la respuesta de Díaz es: “Toda, pero empecemos por arriba”. Al tiempo que indicó que tanto su equipo, como los sindicatos y la mayor parte de la ciencia económica de España consideran que una renta de 17.000 euros “es todavía demasiado exigua” para que tribute por el IRPF.
Cabe recordar que, en 2025, los perceptores del SMI finalmente quedarán exentos de tributar en el IRPF porque las eventuales retenciones de este año se devolverán en la próxima declaración de la renta, que se presentará en 2026.
¿Cuánto debe subir el SMI?
Una primera aproximación al porcentaje de subida del SMI, que es el dato que preocupa a sus perceptores, no se conocerá hasta que el grupo de expertos presente sus conclusiones. Como recalcó Díaz, el SMI no se toca al azar. De esta forma, recordó que el “vetusto” artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores marca los factores a considerar: el IPC -ahora en el 2,9%-, la productividad -que crece un 1,9% interanual-, la participación de los salarios en la renta nacional y la coyuntura económica. “En este segundo trimestre hemos crecido al 3,1%. Y las previsiones, siempre son previsiones, señalan que lo seguiremos haciendo al ritmo del 2,7%. Somos el país de la OCDE que más crece y lo que queremos es que ese crecimiento se haga de forma inclusiva”, defendió.
Este año, la subida fue de 50 euros y el SMI se sitúa en 1.184 euros en 14 pagas. Díaz considera que hay margen para seguir avanzando: “El salario mínimo no es solo una cifra. Es la diferencia entre la pobreza y la dignidad. Es una herramienta que cohesiona socialmente España, que la cose y que da esperanza a mucha gente”. En este sentido, recordó que en 2018, el SMI estaba en 735 euros. “Esos 735 euros significaban que toda esa población asalariada eran pobres. Y ahora, los trabajadores y trabajadoras que realizan su trabajo a tiempo completo han salido de la pobreza laboral”.
Impacto social
Diaz destacó que desde la llegada del Gobierno de coalición, el aumento del SMI ha sido del 61%. “En un hogar con dos personas que cobren el salario mínimo, hoy entran 12.000 euros al año más que en 2018. A algunas personas les parecerá poco, pero son posibilidades de comer mejor, de tener un poquito más de tranquilidad, de poder pagar el recibo de la luz, de llevar a nuestros hijos e hijas a actividades extraescolares. No es metapolítica, son cosas que influyen en la vida de la gente”, recalcó.
La ministra no dejó pasar los efectos de género, ya que el SMI ha contribuido a reducir la brecha salarial retributiva en casi cinco puntos, pues las mujeres representan dos de cada tres beneficiarias de las subidas del salario mínimo. “Creo que el salario mínimo le sienta muy bien a España y, sobre todo, le sienta muy bien a los españoles y a las españolas”, resumió.
Próximos pasos
El objetivo de Díaz es que la comisión de expertos haga su propuesta “en el propio ejercicio, lo antes posible”. Una vez que Trabajo disponga de sus recomendaciones procederá a negociar la subida del SMI con los agentes sociales, dentro de la mesa de diálogo social. El Comité de Expertos está formado por académicos de la Universidad Pública, agentes sociales y representantes de los Ministerios. Su relatora, al igual que hace un año, será Begoña Cueto (Universidad de Oviedo) y estará integrada también por Elena Bárcena, Javier Muñoz, Luis Ayala, Alberto del Pozo, Libertad González, Rafael Muñoz, José Ignacio Pérez, César Veloso (Ministerio de Hacienda), Luis Zarapuz, Mariña Fernández y Antonio García.
En paralelo, Trabajo quiere cerrar un cambio normativo en la negociación del SMI, que por ejemplo impida, por ejemplo, las empresas absorber en complementos las subidas. Además, Díaz va más allá y quiere convertir en ley la participación de la comisión asesora en la fijación del Salario Mínimo Interprofesional.