Sánchez vuelve a marcar agenda, pero es incapaz de reconstruir la mayoría de investidura

Un compromiso para enviar tropas de paz españolas a Ucrania cuando Moscú deje de bombardear; la promesa de pedir al Congreso de los Diputados que autorice otro despliegue del Ejército español en Palestina, cuando cesen los ataques de Israel; un nuevo modelo de financiación autonómica -acordado con ERC-, para sustituir un sistema que no debía estar en vigor más allá de 2014. Y un acuerdo pionero con la Iglesia Católica para reparar a las víctimas de abusos sexuales en su seno.

El Gobierno de Pedro Sánchez pone toda la carne en el asador en los primeros días de enero, tras retomar el curso político.

“Saldremos con fuerza”, garantizaba un ministro antes de que el Ejecutivo recuperase la velocidad de crucero, esta semana.

Sánchez se había borrado de escena antes de lo habitual, convocando su balance político a mitad de diciembre. De nuevo, erosionado por el goteo de denuncias internas por supuesto acoso sexual en el PSOE, pero también por los coletazos de las investigaciones de la presunta corrupción de José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

Los acontecimientos en Venezuela, las sucesivas amenazas de Donald Trump a Groenlandia, o la aprobación por la UE del acuerdo comercial con Mercosur tras 26 años de negociaciones, han desplazado buena parte de los focos hacia la esfera internacional.

La Moncloa ha hecho lo posible por volver a marcar la actualidad. Por recuperar la iniciativa política, tratar de situar en el centro de la agenda mediática los temas en los que el presidente se muestra más cómodo. Y que les alejan de la sombra de la corrupción.

Para asegurar que siguen jugando en este campo, el Gobierno prepara estos días una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios. Todavía no les pedirá su apoyo de cara a una futurible votación en el Congreso, que ellos mismos reconocen lejana; aunque sí prevén detallar cómo sería la participación militar en Ucrania.

Este tipo de encuentros sirven para acaparar buena parte de los focos durante días. Como le han servido los pronunciamientos del presidente ante el bombardeo de EEUU en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Se han movido por convicción, afirman desde de Moncloa, porque lo ocurrido en el país latinoamericano, y las sucesivas amenazas de Trump a Dinamarca, han servido para darle la vuelta al tablero político. “Es un punto de inflexión”.

Como admiten en privado, el margen de actuación ante las maniobras del presidente de EEUU es muy limitado, y más si optan por actuar siempre en coordinación con la UE o con los países latinoamericanos, para no exponerse a represalias concentradas en España. Limitados son, también, los avances hacia ese futurible envío de tropas a Ucrania o Palestina, mientras Rusia e Israel no dejen de causar muertes. Lo saben, y ven muy lejos ambos estos escenarios.

Pero llevar la iniciativa política es prioridad para un Gobierno que gana tiempo para que la Justicia despeje el horizonte de Carles Puigdemont, aclarando si puede volver a España en aplicación de la ley de amnistía. Y, por tanto, si Junts tendría incentivos para rebajar su hostilidad y reconstruir puentes, en lugar de seguir amenazando con boicotear iniciativas como la reforma de la financiación autonómica.

La auditoría externa encargada por el PSOE para espantar el fantasma de la financiación ilegal contribuyó a la calma en sus filas, sostienen fuentes del socio minoritario en el Gobierno. Y al volver de Navidad han encontrado a sus socios muy activos, absolutamente seguros de que no habrá nuevos reveses que fuercen a Sánchez a pulsar el botón del adelanto electoral. “No va a haber elecciones antes de 2027”, afirman a ambos lados del Ejecutivo. Por si las dudas.

El presidente, como celebran los suyos, vuelve a botar el balón y a desplazarse por la cancha, granjeándose algo de oxígeno político. El problema es que todos los caminos trazados por Sánchez llevan a la misma Roma: esto es, a la necesidad de conseguir apoyos parlamentarios de los que, de momento, carece.

Sus socios advierten de que no les saldrán las cuentas para enviar tropas al extranjero -salvo que el PP lo avale-. Como tampoco cuadran las cifras para impulsar proyectos tan importantes para la izquierda como la derogación de la ley mordaza, una de las más antiguas promesas electorales del presidente. En octubre de 2024, Bildu vendió un acuerdo para su derogación parlamentaria. La norma sigue varada en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Por eso está previsto que apenas un puñado de leyes puedan ver la luz en el Congreso antes de verano. Y por el mismo motivo el futuro de la reforma de la financiación autonómica se antoja más que incierto. Como ocurre con los Presupuestos.

El jueves, cuando Oriol Junqueras compareció tras reunirse en La Moncloa con Sánchez, presumió de los 4.700 millones que recibirá Cataluña de aprobarse el nuevo modelo. Aunque también reconoció que los Presupuestos, tanto los del Estado como los de la Generalitat catalana, siguen bloqueados, porque no han avanzado en la cesión a Cataluña de la recaudación del IRPF.

“El escollo es gordo”, admiten desde el Ejecutivo. Ven difícil que este acuerdo se cierre antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salga del Consejo de Ministros con destino a las elecciones andaluzas. “Tienen que modular sus posiciones”; “ambos tenemos que modular posiciones”.

Junqueras salió de Moncloa con un acuerdo milmillonario, presumiendo de haber condicionando la reforma de la financiación que afecta a todas las comunidades autónomas, como después reprocharían el PP o el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page. Y tanto el Ejecutivo central como el de Salvador Illa tuvieron que asumir que sus respectivas cuentas públicas no están más cerca.

Desde Hacienda, mientras tanto, enfatizaban que la vicepresidenta no se refirió a la “ordinalidad” esgrimida por Junqueras en su rueda de prensa. Y restaban importancia al “marco mental” que quiere crear ERC a cuento de esta reforma. El mismo que el PP usa como “arma” contra Sánchez. “No vamos a hacer nada que perjudique al conjunto de territorios, aunque nos acusen de catalanistas”.

Esta reforma no convence a Junts, que no da muestras de estar replanteándose su guerra fría. Las posiciones del Ejecutivo en materia de política internacional son claramente insuficientes para Podemos. Y Yolanda Díaz lleva un mes amenazando con forzar al PSOE a debatir sobre la prórroga de 600.000 contratos de alquiler de vivienda que expiran en las próximas semanas, que aspiran a extender para evitar subidas abusivas.

Con las elecciones en Aragón a menos de un mes, y las encuestas en contra, el Gobierno deja en segundo plano las señales de alarma, y centra buena parte de sus esfuerzos en acotar la conversación pública con sus movimientos. A final de mes, a más tardar, volverán a examinarse en la Cámara Baja.