¿A quién castiga más la corrupción: a los políticos o a los ciudadanos?

Arranca 2026 y el Gobierno de Sánchez se mantiene en pie, aunque con una capacidad claramente mermada. El desgaste se extiende a una ciudadanía exhausta y atrapada en un clima de fatiga democrática. Los términos que dominan las tertulias, encuestas y redes son desgaste, desmoralización, cansancio y desconfianza. No describen un estado de ánimo pasajero, sino el coste colectivo de la corrupción, de la sobreexposición a la irritación y de una prolongada sensación de interinidad política, en la que cada día que pasa parece una moratoria a la espera de elecciones. En este marco, la incertidumbre y la erosión lenta desestabiliza más que un escándalo definitivo.

En este contexto, el Ejecutivo aprobó el verano pasado el Plan de Lucha contra la Corrupción, una batería de medidas orientadas a reforzar la integridad institucional y la transparencia, respaldadas por los estándares europeos y con una nueva Comisión Interministerial encargada de su seguimiento. La iniciativa pretendía fijar un punto de inflexión, pero el deterioro político impregnaba ya el clima social.

Todavía hoy, el presidente se jacta de resistencia, a pesar de estar al frente de una coalición frágil o de la fuerte derrota de su partido el 21 de diciembre en las elecciones de Extremadura, bastión tradicional del socialismo. En esta tensión, la salud mental de los españoles es la primera damnificada. Existe evidencia empírica que vincula la percepción de corrupción política y la preocupación con un deterioro de los indicadores de salud mental en la población.

Desconfianza en los dirigentes

Un estudio basado en una muestra de 7.845 participantes identificó un incremento de los síntomas depresivos y del malestar emocional general, especialmente asociado a la desconfianza en los dirigentes y a un consumo informativo a través de redes sociales, donde la exposición reiterada al conflicto y al escándalo amplifica el impacto psicológico. “La percepción de la corrupción es un factor de riesgo importante para la depresión. A nivel psicológico, genera emociones negativas en las personas. A nivel fisiológico, puede implicar un entorno social más injusto, perjudicial para la salud”, dice su autora Yujie Zhang, que concluye aconsejando más atención a este vínculo entre depresión y percepción de corrupción.

En esta misma línea, una investigación publicada en Journal of Economic Behavior & Organization aporta datos sobre una relación hasta ahora poco explorada entre la exposición a la corrupción a nivel local y el malestar psicológico, un efecto que resulta significativamente más intenso en el caso de las mujeres. El estudio observa, además, mejoras apreciables en la salud mental tras la implementación de una campaña anticorrupción de alto perfil. “En general, nuestros hallazgos indican que los esfuerzos para reducir la corrupción y fortalecer las estructuras de gobernanza podrían generar beneficios psicosociales y de salud mental sustanciales”, concluyen los autores. Después de recopilar datos de 24 países europeos, la investigadora neerlandesa Ioana van Deurzen, de la Universidad de Tilburg, corrobora que la corrupción tiene un efecto perjudicial sobre el cerebro, especialmente en las personas religiosas y en aquellas que, como consecuencia, ven tocado su bolsillo.

Enfrentamientos en los hogares españoles

También tenemos investigación propia que constata el impacto de la crispación política. En su última Encuesta Nacional de Polarización Política, el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU) muestra que siete de cada diez españoles creen que el nivel de enfrentamiento en el país es mayor ahora que hace un año.

Aunque no siempre es fácil vincular mayores tasas de ansiedad clínica con el clima político, hay datos tan reveladores como que un 14 % de españoles ha roto relaciones con amigos o familiares por cuestiones políticas en este último año, el 65% de la población piensa que la sociedad está dividida o muy dividida y alrededor del 60% esquiva hablar de política en entornos sociales y familiares para evitar conflicto, de acuerdo con un informe del sociólogo y politólogo Tarek Jaziri Arjona.

Pero hay más: un 59% sufre estrés, un 48 % reconoce síntomas de depresión y el 23 % declara haber experimentado ansiedad, según los últimos datos del Estudio Internacional de Salud Mental del Grupo AXA. Las mujeres, con un 50% en mala situación mental frente al 36% de los varones, son más propensas a identificar estos problemas. En cuanto a su origen, los encuestados sitúan la incertidumbre, la inestabilidad financiera, la agitación política y la exposición negativa ante las noticias de los medios de comunicación como elementos más determinantes.

Otro de los motivos vinculado con este contexto de crispación es la polarización ciudadana. Desde 2021, cada vez que el CEMOP mide los niveles de polarización afectiva, se encuentra con cifras que se han elevado un 30,6%. Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra, aclara que polarización afectiva es distinto a oponer las ideas propias a las del adversario, una práctica muy sana que “forma parte de la democracia”. Se refiere a una división tan extrema que cala en la esfera más personal, con sentimientos que tienden a ser irreconciliables con quienes piensan diferente. Esta expresión exacerbada de antipatía puede causar daño en las relaciones personales, menor apoyo social, mayor estrés y peor salud física.

El elevado precio para la clase política

Pero la corrupción política para también factura a los mismos líderes. En primer lugar, genera un mayor desapego, una forma de cansancio que llega por desconfianza hacia las instituciones y la percepción de que la política es un juego opaco y poco ejemplar. Las generaciones más jóvenes tienen una mayor sensación de impotencia y de falta de control sobre los recursos básicos. Esto acaba generando estrés crónico y estados depresivos, pero también alimenta el atractivo del populismo. “Para evitar riesgos de colapso democrático, se requiere mejorar la legitimidad, eficacia y efectividad del sistema, fortaleciendo la representación parlamentaria, las capacidades estatales y los controles sobre el ejecutivo”, indica el estudio “Populismo y corrupción”, del centro de análisis Funcas.

El análisis señala que esta aparente revuelta contra las élites “encaja a la perfección con los ciudadanos que interpretan que la incapacidad de la política tradicional para hacerse eco de sus demandas esconde el hecho de que tales políticos atienden preferentemente a los intereses de las élites económicas que están muy alejados de lo que necesitan la mayoría de los ciudadanos”.

Hace un tiempo el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de Barcelona analizó la desafección política que puede causar en la calidad democrática una alta percepción de corrupción en la administración pública. Su informe concluyó que el castigo a la corrupción es desigual según la situación económica del país. En ciclos de bonanza, el ciudadano tiende a perdonar situaciones irregulares en las que la comunidad puede lograr un beneficio inmediato, aunque no impide una pérdida de apoyos como consecuencia de la desafección política. En verano de 2025, JP Morgan alertó del aumento de la incertidumbre política en España por la corrupción, que “puede haber afectado la confianza del consumidor y la inversión”.
En definitiva, solo los esfuerzos por estabilizar el clima político podrían devolver al país credibilidad, aliviar el estrés, reconstruir la confianza económica y recuperar parte del capital emocional perdido en estos años.