La corrupción en el PSOE ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras una sucesión de detenciones, registros y nuevas imputaciones que han provocado un fuerte terremoto interno en el partido. En apenas unas horas, la detención de Leire Díez, el arresto de los propietarios de Plus Ultra y las denuncias por presunto acoso a mujeres vinculadas a dirigentes socialistas han reactivado un escenario judicial que cerca cada vez más al entorno del presidente del Gobierno.
Este nuevo episodio de corrupción en el PSOE se produce en un contexto especialmente delicado, con más de una decena de causas abiertas que afectan directa o indirectamente al círculo del Ejecutivo. A ello se suma la primera sentencia negativa para el Gobierno en este ciclo, con el fallo del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, que ha incrementado la presión política y judicial.
La operación Leire Díez y el papel de la UCO
La corrupción en el PSOE dio ayer un salto cualitativo con una nueva actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la conocida como operación Leire Díez. Casi una veintena de registros y la detención de Joseba Antxon Alonso marcaron una jornada clave en una investigación que sigue bajo secreto de sumario.
Según fuentes de la investigación, esta trama estaría encabezada por Alonso, quien presuntamente actuaba como intermediario entre empresas privadas y distintas administraciones públicas. Un elemento particularmente relevante es que este empresario mantuvo hasta cuatro reuniones privadas con la presidenta de Navarra, María Chivite, según consta en las diligencias.
Intermediarios, contratos públicos y empresas implicadas
El esquema investigado por la UCO en este nuevo caso de corrupción en el PSOE apunta a un entramado de intermediación facilitado por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Gracias a su papel, Alonso habría sido contratado por Servinabar. Una sociedad que obtuvo licitaciones públicas millonarias con la colaboración de Acciona.
De acuerdo con las diligencias practicadas en el caso Koldo, Santos Cerdán tendría el 45% de esta compañía. La tercera figura clave de esta trama de corrupción sería Leire Díez, a quien las fuentes consultadas atribuyen un posible papel de comisionista a través de movimientos vinculados a la consecución de contratos públicos, incluyendo operaciones de compraventa de un vehículo y otros productos financieros.
Registros en Madrid, Zaragoza y Sevilla
La investigación, dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, ha derivado en un amplio despliegue policial. En total, se han ordenado 19 registros y se han producido tres detenciones: Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso.
En Madrid, los agentes de la UCO han registrado la sede de la SEPI y un piso de la calle Diego de León que alquilaba Vicente Fernández. Un lugar donde, según los investigadores, Leire Díez mantenía reuniones con empresarios para recabar información comprometedora sobre mandos policiales, jueces y fiscales.
Otro de los focos de la corrupción en el PSOE se sitúa en el edificio de Enusa, empresa pública dirigida actualmente por Mariano Moreno, conocido por su vinculación con los sobres en efectivo de la sede socialista de Ferraz. Moreno ya fue interrogado como testigo en el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo.
Antecedentes y líneas de investigación abiertas
El caso actual no es un episodio aislado. La Audiencia Nacional ya investigó con anterioridad a Mercasa y, en 2022, el juez Santiago Pedraz abrió juicio oral contra 18 personas físicas y cuatro mercantiles por irregularidades en contratos vinculados a un mercado mayorista en Luanda, con fianzas superiores a los 22 millones de euros.
Fuera de Madrid, los registros se han extendido a Zaragoza, donde la UCO investiga en la sede de Forestalia contratos relacionados con adjudicaciones públicas recientes, y a Sevilla, donde los agentes han actuado en un bar de la Cartuja llamado La Bola, vinculado a Vicente Fernández y bajo sospecha de posible blanqueo de dinero.
La instrucción de esta causa, que abarca el periodo comprendido entre 2021 y 2023, sigue bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Tras la intensa jornada de registros, la UCO agotará el plazo legal para poner a disposición judicial a los tres detenidos.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.