La sentencia al Fiscal General emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo marca un antes y un después en la carrera de Álvaro García Ortiz. A lo largo de 233 folios, el alto tribunal reconstruye lo ocurrido la noche del 13 de marzo de 2024, analiza los indicios reunidos en el juicio y concluye que él —o alguien de su entorno con su conocimiento— filtró el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia también sostiene que la publicación posterior de una nota de prensa vulneró un deber reforzado de confidencialidad.
¿Por qué el Supremo considera probada la filtración?
Uno de los pilares de la sentencia al Fiscal General es la existencia de un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente”. El Tribunal sostiene que el fiscal general tuvo un acceso privilegiado al correo filtrado después de interesarse por la noticia publicada por El Mundo sobre un supuesto pacto de conformidad ofrecido a Alberto González Amador.
Según la Sala, García Ortiz mostró “urgencia” al reclamar los correos y llegó a contactar de forma insistente con la fiscal jefa provincial de Madrid. Eso llevó a sacar al fiscal Salto de un partido de fútbol para enviar el material de inmediato.
La sentencia al Fiscal General recalca que este acceso singular, sumado a la cadena de comunicaciones que se produjeron esa noche, permite sostener que la filtración no fue accidental. Un elemento clave es la llamada de cuatro segundos con el periodista que publicó la información, seguida de un SMS registrado en el teléfono del fiscal general. Para los magistrados, ese intercambio resulta “sugerente” y compatible con una comunicación destinada a preparar el envío del correo.
El deber de confidencialidad, centro de la sentencia al Fiscal General
Otro aspecto central de la sentencia al Fiscal General es que el deber de reserva no desaparece aunque los hechos ya hayan aparecido en prensa. El tribunal insiste en que García Ortiz conocía esos datos por razón de su cargo y que, por tanto, estaba obligado a mantenerlos en secreto, incluso si algunos medios ya habían publicado parte de la información.
La Sala afirma que la nota de prensa difundida el 14 de marzo quebrantó ese deber, incluso si pretendía desmentir lo que el fiscal general calificaba como un bulo.
La sentencia al Fiscal General destaca que divulgar datos reservados no es una vía legítima para responder a informaciones erróneas, subrayando que “el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”. Este planteamiento, compartido por cinco magistrados, contrasta con el voto particular de Ana Ferrer y Susana Polo, que no vieron probado ni el origen de la filtración ni la existencia de delito en el comunicado.
La condena y las pruebas que pesan en la sentencia
La sentencia al Fiscal General condena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal. La pena incluye dos años de inhabilitación, una multa de doce meses y el pago de las costas procesales. Además de una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Ayuso.
Para justificar esta condena, el Supremo enumera varios indicios adicionales que refuerzan su conclusión.
Entre ellos, la sentencia al Fiscal General señala el borrado total de mensajes y correos del teléfono de García Ortiz un día después de que la Sala abriera causa. La Sala considera este borrado una “coincidencia llamativa” y sostiene que, de ser inocente, el FGE habría conservado pruebas que podrían exculparle.
También se mencionan dos filtraciones previas y posteriores —la del expediente tributario y la de la nota de prensa— que, aunque no forman parte del procedimiento, dibujarían una forma de actuar “anómala”.
El papel del secreto profesional de los periodistas
La sentencia al Fiscal General dedica un análisis extenso al secreto profesional de los periodistas que comparecieron como testigos. Reconoce que este derecho constitucional, aunque no desarrollado legalmente, permite proteger la identidad de las fuentes hasta el punto de autorizar declaraciones que “no sean totalmente fieles a la realidad” si ello es necesario para preservar esa confidencialidad.
Este razonamiento condiciona la valoración de las testificales dentro de la sentencia. Pero no impide al tribunal sostener que los indicios acumulados son suficientes para confirmar la revelación de datos reservados. Para el Supremo, filtración y comunicado forman un “conjunto” inseparable que fundamenta la condena.
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