La polémica sobre las grandes plantas fotovoltaicas proyectadas en el entorno de Aranjuez ha escalado en los últimos meses hasta convertirse en un caso incómodo para el Ministerio de Transición Ecológica y en un nuevo frente político alrededor de Teresa Ribera, que dirigía ese departamento cuando se tramitaron los principales permisos ambientales.
Lo que en principio parecía un conflicto clásico entre transición energética, paisaje y vecinos ha adquirido una dimensión mucho mayor tras el rechazo técnico de ICOMOS, órgano asesor de la UNESCO, y después de que el Ayuntamiento de Aranjuez decidiera llevar varias autorizaciones a los tribunales.
El núcleo del conflicto está en varias instalaciones fotovoltaicas impulsadas en el entorno del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial en 2001. Entre ellas figura Envatios XXII Fase II, junto a otros proyectos como Los Pradillos, Tagus 1 y Las Fresas. El Ayuntamiento sostiene que estas plantas y sus infraestructuras asociadas amenazan la integridad visual y territorial del enclave, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica fue el órgano que otorgó las declaraciones y autorizaciones clave para que esos proyectos siguieran adelante.
El informe de la UNESCO que cambia el tablero
La gran novedad que ha alterado el equilibrio del caso ha sido la posición trasladada por la UNESCO a través del informe técnico elaborado por ICOMOS. Según el Ayuntamiento de Aranjuez, ese análisis concluye que Envatios XXII Fase II, Los Pradillos y la parte de Tagus 1 situada dentro de la zona de amortiguamiento son “geométrica y visualmente incompatibles con el trazado y parcelarios históricos” del paisaje protegido. El documento advierte además de un “impacto negativo elevado” sobre la zona de amortiguamiento y recomienda de forma expresa no autorizar ni parques fotovoltaicos ni infraestructuras de transporte eléctrico asociadas dentro del bien o en su área de protección.
Esa recomendación ha dado aire jurídico y político al Consistorio. El pleno municipal aprobó por unanimidad ajustar su estrategia procesal conforme al criterio de ICOMOS y reclamar al Gobierno la revisión de las autorizaciones ya concedidas. El Ayuntamiento considera que, a la vista de este nuevo escenario, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Transición Ecológica deberían revisar expedientes que hasta ahora habían seguido su curso administrativo.
Un permiso concedido en 2023 que ahora queda bajo sospecha política
La tramitación del proyecto se remonta a 2023. En marzo de ese año, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formuló una declaración de impacto ambiental favorable para varios parques, entre ellos Envatios XXII-Fase II y Los Pradillos. Meses después, en agosto de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas otorgó autorización administrativa previa a Envatios XXII-Fase II. Ambas decisiones se adoptaron cuando el ministerio estaba bajo responsabilidad política de Teresa Ribera, de ahí que su nombre haya vuelto al debate en torno al caso.
El problema para el relato oficial es que esas resoluciones favorables conviven ahora con advertencias patrimoniales mucho más severas. Ya en noviembre de 2025, un informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando alertó de que cuatro plantas solares en el entorno de Aranjuez podían comprometer su distinción como Patrimonio Mundial. La academia subrayó que las instalaciones contaban ya con resoluciones favorables del Ministerio de Transición Ecológica, algo que consideraba difícil de entender dada la singular protección histórica y paisajística del enclave.
El caso Forestalia añade más presión al Ministerio
A todo ello se suma un elemento políticamente explosivo: la investigación judicial y policial sobre la actuación del exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez, antiguo alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica. La Guardia Civil y varios medios han situado a Domínguez en el centro del llamado caso Forestalia, una presunta trama de favores y autorizaciones irregulares en proyectos renovables. RTVE informó el 3 de marzo de 2026 de su detención en una operación sobre contratos irregulares, y El País ha publicado que la UCOMA lo señala por autoasignarse expedientes y crear un sistema paralelo de tramitación.
Ahora bien, conviene distinguir planos. No hay constancia pública, al menos por ahora, de que la autorización del proyecto de Aranjuez forme parte directa de esa causa penal. Pero el contexto sí ha contaminado políticamente el expediente. Porque varias de las decisiones adoptadas en aquellos años están siendo releídas a la luz de una investigación más amplia sobre cómo se gestionaron permisos ambientales de grandes renovables dentro del ministerio. Y eso hace que la controversia de Aranjuez ya no sea solo un pulso local entre placas solares y patrimonio, sino también una cuestión de credibilidad institucional.
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