El nombre de Juan Francisco Torregrosa ha irrumpido en la actualidad política y judicial andaluza después de un episodio tan inusual como delicado. El alcalde de Benamaurel, en la provincia de Granada, y también diputado provincial del PSOE, fue detenido la pasada semana cuando acudió a renovar su DNI en la comisaría de Baza. Allí saltó una requisitoria judicial activa vinculada a una causa abierta en un juzgado de Elda, en Alicante, dentro de una investigación por presuntas estafas cometidas a través de internet.
La detención de Juan Francisco Torregrosa no ha desembocado, por ahora, en prisión ni en medidas cautelares severas. Según informó Europa Press, el regidor quedó en libertad provisional sin fianza, mientras continúan las diligencias para aclarar su papel en una presunta trama relacionada con ventas fraudulentas en la red. El propio alcalde sostiene que no solo niega haber participado en esas operaciones, sino que asegura ser una de las víctimas de una suplantación de identidad que arrastra desde hace meses.
Una detención inesperada en plena renovación del DNI
El episodio que ha puesto a Juan Francisco Torregrosa en el foco público se produjo en dependencias policiales de Baza. Según las informaciones publicadas, el alcalde acudió a realizar un trámite rutinario, la renovación del Documento Nacional de Identidad, cuando los agentes comprobaron que pesaba sobre él una reclamación judicial activa. Esa orden estaba vinculada a una citación pendiente del juzgado de Elda, que investiga una serie de presuntas estafas online.
Ese detalle resulta importante porque ayuda a entender el origen inmediato del arresto. De acuerdo con la versión del propio Torregrosa recogida por Granada Hoy, la detención respondería formalmente a esa incomparecencia judicial, no a una condena ni a una conclusión cerrada sobre su responsabilidad penal. Es decir, el caso sigue abierto y en fase de instrucción. En términos periodísticos, conviene subrayarlo: a día de hoy, Juan Francisco Torregrosa figura en una investigación judicial, pero los hechos están todavía bajo examen.
La clave del caso: una empresa inactiva y una supuesta suplantación
El núcleo de la investigación gira en torno a una sociedad vinculada administrativamente a Juan Francisco Torregrosa. Según explicó él mismo en una nota y en declaraciones difundidas por distintos medios, esa empresa estaba dedicada en origen al diseño y la publicidad y llevaba años sin actividad, concretamente desde 2009. Pese a ello, habría sido utilizada por terceros para montar una página web de ventas online supuestamente fraudulenta.
La tesis que sostiene Juan Francisco Torregrosa es que alguien aprovechó que la sociedad seguía legalmente registrada y que él figuraba como administrador único para usar su nombre y los datos mercantiles de la empresa en operaciones irregulares. Según su relato, las primeras señales de alarma llegaron en 2024, cuando comenzó a recibir llamadas de personas de distintos puntos de España que aseguraban haber sido engañadas en compras realizadas a través de esa supuesta web. A raíz de ello, presentó una denuncia ante la Guardia Civil en mayo de 2024 por una posible suplantación de identidad.
Ese punto es central para entender el caso. La investigación judicial trata precisamente de aclarar si Juan Francisco Torregrosa participó de algún modo en la operativa o si, por el contrario, su identidad y la de su empresa fueron utilizadas por terceros para dar apariencia de legalidad a las estafas.
Repercusiones políticas en Granada
Más allá del frente judicial, el caso de Juan Francisco Torregrosa ya ha generado consecuencias políticas. El PP de Granada ha reclamado explicaciones públicas y transparencia al alcalde de Benamaurel, insistiendo en que debe aclarar con detalle cuál era su relación con la sociedad investigada, qué actividad desarrollaba y por qué esa empresa no fue disuelta si, como sostiene, llevaba años sin funcionar.
En paralelo, el PSOE de Granada ha salido en defensa del regidor y ha asegurado que la información conocida apunta a una “clara e inequívoca suplantación de identidad”. Esa reacción muestra que el caso ha dejado de ser solo una cuestión judicial para convertirse también en un problema político en la provincia, tanto por la condición institucional de Juan Francisco Torregrosa como por el desgaste público que provoca una investigación de este tipo, aunque no exista por ahora resolución firme.