La Comisión Europea ha decidido dar un paso más en el procedimiento abierto contra España por no haber incorporado todavía a su legislación dos directivas comunitarias relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido. El Ejecutivo comunitario ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitará la imposición de sanciones económicas.
El conflicto se remonta a enero de 2025, cuando Bruselas inició un expediente por el retraso en la adaptación de estas normas europeas. Tras varios avisos formales y un ultimátum enviado en julio del mismo año, España sigue sin haber notificado oficialmente la incorporación de ambas directivas a su ordenamiento jurídico, lo que la convierte, según la Comisión, en el único país miembro que aún no lo ha hecho.
Dos directivas pendientes
Una de las normas en cuestión regula el llamado IVA franquiciado, un sistema que permite a los Estados miembros eximir de este impuesto a pequeñas empresas y autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales. La aplicación de esta medida dentro de cada país es voluntaria.
España ya ha señalado que no tiene previsto introducir este régimen de exención en su propio territorio. Sin embargo, Bruselas recuerda que el país sí debe adaptar su legislación para permitir que las pequeñas empresas españolas puedan acogerse a este sistema cuando operen en otros países de la Unión Europea.
Para ello, las pymes deben registrarse previamente ante las autoridades fiscales del país de origen, lo que requiere que la normativa nacional contemple ese procedimiento.
Normas sobre servicios digitales y artículos de segunda mano
La segunda directiva pendiente establece reglas comunes sobre el lugar donde se consideran prestados determinados servicios retransmitidos o disponibles en línea. También actualiza el régimen especial del IVA aplicable a bienes de segunda mano, obras de arte, antigüedades y objetos de colección.
Según la Comisión Europea, la falta de adaptación de estas normas puede generar distorsiones fiscales dentro del mercado único. En concreto, advierte del riesgo de que determinadas operaciones queden sujetas a doble imposición o, por el contrario, a una ausencia total de impuestos, ya que el resto de Estados miembros ya han incorporado estas disposiciones.
Hacienda asegura que la norma está en trámite
Tras el anuncio de Bruselas, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha defendido que el proceso de adaptación ya está en marcha. Según fuentes del departamento, la transposición de estas directivas se incluyó mediante una enmienda en la ley que adapta otra normativa europea conocida como DAC8.
Ese proyecto legislativo se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, aunque su avance se ha ralentizado en los últimos meses.
Los autónomos presionan para aplicar el IVA franquiciado
El asunto también ha generado críticas por parte de organizaciones de trabajadores por cuenta propia. La Asociación de Trabajadores Autónomos había denunciado previamente ante Bruselas la falta de adaptación de la directiva europea que permite aplicar el sistema de exención del IVA.
Su presidente, Lorenzo Amor, considera que la situación coloca a los autónomos españoles en desventaja frente a los de otros países de la Unión Europea. Según la organización, la introducción del IVA franquiciado podría reducir la carga administrativa y suponer un ahorro de varios cientos de euros al año para muchos pequeños empresarios.
En cualquier caso, aunque la Comisión Europea exige la adaptación de la directiva, España no está obligada a implantar el sistema de exención dentro de su propio territorio. El objetivo de Bruselas es garantizar que las empresas españolas puedan acogerse a ese régimen cuando desarrollen actividad en otros países del bloque comunitario.