Silencio sobre sus planes, sus los plazos, y hasta sobre los escenarios que contempla. Las tres vicepresidentas del Gobierno, el ministro de Economía y la titular de Seguridad Social se reúnen este jueves con los agentes sociales, 13 días después de los primeros ataques de EEUU e Israel a Irán, sin haber esbozado algunas de las medidas que contemplan desplegar.
En estas jornadas, el Ejecutivo ha apoyado la liberación de reservas de petróleo que promueve la Agencia Internacional de la Energía (IAE), mientras reclamaba ideas a las formaciones políticas. Varios partidos prevén que su respuesta empiece a materializarse este jueves, en una atípica comparecencia del ministro Carlos Cuerpo (Economía), desde los dominios de María Jesús Montero, un perfil mucho más político y combativo.
Entre medias, anunciaron una “ronda de contactos” con los partidos políticos que mutó en varias llamadas telefónicas -con los agentes sociales sí hay encuentros presenciales- , y los ministros de PSOE y Sumar evidenciaron diferencias al aludir a estas medidas. Con el socio minoritario presionando para introducir sus recetas en la respuesta normativa del Ejecutivo.
Entre el martes y el miércoles, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, telefoneó a todos los portavoces parlamentarios -Vox optó por no descolgar, siquiera-. Y distintas formaciones afirman que requirió aportaciones, aunque sin dar detalles sobre sus propuestas –el PNV afirma que sí les remitió un “borrador”, en el que atisbaron algunas ausencias.
Fuentes parlamentarias afirman que Bolaños trasladó la necesidad de articular una plan de actuación consensuado, “apolítico”, abierto a todas las medidas que consideren constructivas. Y que enfatizó que estudiarán todas las recetas recopiladas durante el fin de semana, para poder dar una respuesta pronto.
“Nos ha llamado para informarnos de la gravedad de la situación geopolítica y la necesidad de adoptar medidas como ocurrió con la guerra de Ucrania, para lo que nos han pedido nuestras aportaciones”, sintetizó el PNV. “Nos ha explicado cuál es la situación y que están trabajando todos los ministerios de manera conjunta”, apuntaron desde EH Bildu.
El partido de Aitor Esteban, así como el PP, Junts, EH Bildu, Podemos o el BNG ya han trasladado al ministro buena parte de sus propuestas. ERC prevé desglosarlas pronto, si bien ya ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que aporta varias ideas.
Los republicanos, Bildu, BNG y Compromís reclaman limitar los precios de la energía, controlar márgenes empresariales e incrementar temporalmente la fiscalidad sobre los “beneficios sobrevenidos” por esta crisis. Sumar simpatiza con buena parte de sus planteamientos.
Esteban pide a Sánchez no incluir medidas “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”
Podemos defendió ante Bolaños su “plan anti-Trump”, explican fuentes de la formación morada. Pasa por topar los precios en energía y alimentos, rebajar los alquileres por ley y limitar las hipotecas a tipo variable, entre otras actuaciones. El PNV ha remitido al ministro de Presidencia su receta de ayudas, ajustes fiscales y modificaciones legales para la industria siderúrgica y electrointensiva, aportan desde sus filas.
Junts, como el PP, también apuesta por las rebajas fiscales. El principal partido de la oposición registró el miércoles una PNL en el Congreso, y una moción en el Senado, con medidas como la deflactación de los tramos del IRPF; la reducción del IVA del precio de la luz y el gas (del 21 al 10%); así como otra rebaja para entregas, importaciones y adquisiciones de gas natural, gasolina o gasóleo agrícola. Su plan incluye también una bonificación del 11% del valor del litro de combustible estándar o agrario.
El Gobierno no se cierra a aplicar medidas impositivas, pero en el PSOE lamentan que la receta del PP “siempre” sea bajar impuestos. El miércoles, mientras los ministros socialistas evitaban entrar en los detalles, Yolanda Díaz puso voz al sentir mayoritario de la coalición y sí rechazó “bajadas masivas de impuestos”.
“No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios”, aseguró la vicepresidenta segunda. “Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal, pero el plan de Gobierno es mucho más ambicioso”, defendió por su parte Bolaños.
Más allá de algunas pinceladas, o de aceptar que pueden ser necesarias algunas medidas fiscales, lo habitual estos días es que los interlocutores del Gobierno despejen el balón afirmando que es demasiado pronto para evaluar el escenario en su conjunto.
A última hora de la tarde del miércoles, en Radio Euskadi, el presidente del PNV deslizó que no contar con unas cuentas públicas para este año “es una dificultad añadida”. Y esteban aprovechó para advertir a Pedro Sánchez de que toca “hilar fino”.
“Si el Gobierno español intenta meter medidas aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que no se vea muy claramente que van dirigidas a eso, puede tener problemas”. Esta es, según fuentes de Sumar en el Gobierno, una oportunidad para legislar que no pueden desaprovechar.
Díaz reclama “medidas quirúrgicas” y “escalonadas”
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno aprovechó para asegurar que adoptarán “medidas quirúrgicas” y “escalonadas”. Y criticó que, cuando se han rebajado los impuestos a los alimentos, en otras crisis, sólo sirvió para “ensanchar los beneficios de las grandes multinacionales de la distribución en España”.
En su lugar, apostó por “medidas quirúrgicas” y “escalonadas”, y planteó “controlar los márgenes de beneficios” de las empresas. En concreto, defendió el control de precios de los alimentos “sobre todo en las grandes cadenas de la alimentación”, en sintonía con los planteamientos de sus socios de izquierdas.
De fondo late la voluntad de Sumar de que este contexto de emergencia sirva para prorrogar por ley los contratos de alquiler de vivienda que están venciendo hoy, una medida a la que el PSOE se ha opuesto hasta ahora. Y para recuperar la prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables que ya plasmaba el real decreto ley de escudo social tumbado en dos ocasiones -con distintas denominaciones- en el Congreso de los Diputados.
Fuentes de Sumar en el Gobierno creen que la intervención militar de Donald Trump ha abierto “una vía” para que puedan llevar estas iniciativas hasta el BOE, y mantienen que las negociaciones con sus socios están en marcha.
Además, en declaraciones desde Valladolid, Díaz deslizó que habrá nuevas medidas “la próxima semana”. Desde su equipo afirmaron que esto no supone necesariamente que vayan a ser aprobadas en el Consejo de Ministros del martes. Hoy, en el ala socialista del Ejecutivo asumen que este escenario está abierto, pero no quieren pillarse los dedos con plazos.
Primera escenificación de los contactos, con Montero, Díaz, Aagesen y Cuerpo
Hasta ahora, tanto el presidente como los ministros se han resistido a dar pistas sobre en qué consistirán las “medidas estratégicas” en las que trabajan desde que comenzó la guerra. Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, afirmó el miércoles en el Senado que están listos para actuar.
“Si la situación se complica”, dijo, reclamará a la UE desactivar las reglas fiscales, lo que supondría que los Estados no tendrían que cumplir los objetivos de déficit y deuda (como se hizo durante la pandemia). Sara Aagesen, vicepresidenta tercera, detalló el martes que “la situación dista mucho a la que vivimos en Ucrania, porque nuestra exposición directa al suministro bloqueado en Ormuz es muy inferior”, aseguró.
En concreto, esta exposición es del 2% en el gas y del 5% en el petróleo, y Aagesen señala a las renovables como un factor clave para afrontar esta crisis. El ministro de Economía, por su parte afirmó en una entrevista en La Hora de la 1 (TVE) que el escenario actual está “todavía lejos” de la situación que se vivió con la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando la inflación superó el 10%. Y que se encuentran “mejor preparados” para reaccionar, entre otras cosas por los avances en renovables.
Montero, Díaz, Aagesen, Cuerpo y Elma Saiz participarán este jueves en una reunión con las patronales CEOE y Cepyme, así como los sindicatos UGT y CCOO. El objetivo es recopilar sus propuestas para abordar “el impacto económico y laboral” derivado del conflicto bélico en Irán”, y lo previsto es que el ministro de Economía comparezca a partir de las 12.00 horas. Durante la tarde se reunirá con representantes de empresas de los sectores logístico y de la distribución, según su agenda oficial.
El enfado del PSOE con el PP
En el PSOE reiteran que el Ejecutivo está “preparado” para actuar, como ya demostró durante la pandemia o ante el impacto económico de la guerra en Ucrania. En Moncloa sostienen que no están “tardando” en desplegar medidas, y recuerdan que en el caso de la invasión de Putin requirieron de un mes y cinco días para afinar diagnóstico y regular.
Y muestran su enfado con el PP por haber tumbado dos decretos leyes -escudo social y control de precios de bienes esenciales– que habrían sido de gran ayuda ante esta situación. A Junts, que votó con el PP y con Vox en el Congreso, el 26 de febrero lo dejan en un segundo plano.
Distintos cargos públicos reconocen frustración porque entienden que al partido de Alberto Núñez Feijóo no le “pasa factura” haber votado en contra de estas normas. “Ahora llega el Gobierno y tiene que arreglarlo”, lamentan. Hace menos de dos semanas, esta era una de sus grandes preocupaciones. El ataque de Trump les ha obligado a recolocar todas las piezas del puzzle.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.