En el corazón del Tribunal Supremo, donde cada decisión marca un precedente y cada voto pesa como una losa sobre la historia judicial del país, dos nombres han resonado con especial fuerza tras la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata de Ana María Ferrer y Susana Polo, las dos magistradas que han expresado su discrepancia mediante un voto particular que acompañará a la sentencia final.
Su postura no altera el fallo mayoritario. Sin embargo, sí revela una fractura interna de calado en la Sala de lo Penal. Y lo hace con el peso de dos trayectorias sólidas, dos voces autorizadas y dos perfiles que, lejos del ruido político, han construido su carrera desde la precisión jurídica y la defensa de criterios propios.
Ana María Ferrer: la pionera de la Sala de lo Penal
Para comprender la relevancia de este gesto, conviene comenzar por Ana María Ferrer, cuyo nombre es sinónimo de trayectoria, experiencia y un papel pionero dentro del Tribunal Supremo. Nacida en Madrid en 1959, Ana María Ferrer ingresó en la carrera judicial en los años ochenta y pasó por destinos como Linares, Aranjuez y Leganés antes de consolidarse en Madrid. Durante casi dos décadas fue magistrada de la Audiencia Provincial y, desde 2008, presidió este órgano antes de dar el salto definitivo al Supremo.
Ese salto fue histórico. En 2014, Ana María Ferrer se convirtió en la primera mujer en ocupar una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un espacio tradicionalmente dominado por perfiles masculinos. Su presencia abrió una puerta simbólica y real al avance femenino en la cúpula judicial. Desde entonces, su firma ha aparecido en numerosos asuntos de relevancia penal, y su criterio, siempre autónomo, ha sido reconocido dentro y fuera de la judicatura.
La reputación de Ana María Ferrer se ha construido sobre la prudencia técnica, un sentido garantista del derecho penal y la capacidad de exponer posiciones discrepantes sin ruido, pero con contundencia. Su voto particular en la condena al Fiscal General sigue esa línea. Un gesto que refleja una visión jurídica propia, alejada de presiones externas y basada en su interpretación del caso.
Susana Polo: la voz especializada en violencia de género
Junto a ella, la segunda firma que sostiene el voto particular es la de Susana Polo, otra de las figuras más respetadas del Tribunal Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y su trayectoria está marcada por un compromiso constante con la protección jurídica de las mujeres. Antes de su llegada al Supremo en 2018, Susana Polo presidió la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia de género. Y desempeñó un papel esencial en la formación y coordinación en esta materia para jueces y magistrados de toda España.
La incorporación de Susana Polo a la Sala de lo Penal reforzó la presencia femenina en un espacio donde su voz, tanto técnica como institucional, ha contribuido a equilibrar sensibilidades y ampliar el campo interpretativo de las decisiones judiciales. Su trabajo ha sido reconocido por su rigor, su solvencia y su capacidad para afrontar asuntos complejos desde una mirada minuciosa y bien fundamentada.
En el caso del Fiscal General, Susana Polo ha alineado su criterio con el de Ana María Ferrer. Ambas han considerado necesario fijar una posición distinta a la mayoría y expresar su desacuerdo mediante un voto particular razonado. En términos judiciales, este gesto no es un simple desacuerdo: es una herramienta formal y legítima que permite dejar constancia de una interpretación alternativa del caso. Una visión que no coincide con la conclusión mayoritaria, pero que queda incorporada a la sentencia como parte del acervo doctrinal.
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