La captura de Nicolás Maduro, el inicio de un juicio en su contra en Estados Unidos y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela solo ha significado un mantenimiento de la represión contra la disidencia en el país suramericano.
En las primeras de cambio, el decreto de conmoción exterior que se anunció el pasado 3 de enero, el día que fuerzas militares estadounidenses bombardearon Caracas y se llevaron al líder autoritario junto con su esposa Cilia Flores, ordena a los cuerpos de seguridad del Estado a detener a los que hayan celebrado la intervención y la caída de Maduro.
Civiles armados y detenciones
Al pie de la letra en varias ciudades, especialmente en la capital venezolana, se ha reportado la presencia de alcabalas incluso con civiles armados y con capuchas que detienen vehículos, revisan teléfonos y al menos hay reportes de seis personas detenidas por manifestar su apoyo a la aprehensión del que fue presidente del país desde el año 2013.
Organizaciones de derechos humanos consultadas por Artículo14 manifestaron su preocupación por estos hechos y por la designación del general Gustavo González López como el nuevo jefe de la guardia presidencial venezolana, al ser uno de los militares más cuestionados en la última década por estar al frente de la política de represión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en 2024 como prácticas de “terrorismo de Estado” en contra de la población.
La transición pasa por liberar a presos políticos
La abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, dijo que aunque la actual coyuntura venezolana puede desembocar en una transición a la redemocratización del país, eso pasa en principio por la liberación de las personas presas por razones políticas, algo que Delcy Rodríguez y su gestión no ha mostrado hasta ahora que lo hará; por el contrario, el lunes durante su juramentación detuvieron y mantuvieron en desaparición forzada por varias horas a 14 periodistas que hacían cobertura a la instalación de la Asamblea Nacional, pese a tener invitación del régimen.
“Debe ocurrir la desarticulación de todo el aparato represivo desde la lógica que solo así podemos tener la certeza de que no vamos a tener que tener excarcelaciones y nuevas detenciones, para que cese la ejecución del crimen de persecución por razones políticas”, mencionó.
Por ello consideró que la designación de González López, quien estuvo al frente del Sebin, no es una buena señal porque ha sido este organismo uno de los más señalados de reprimir y violar derechos humanos en el país.
Los primeros elegidos de Delcy Rodríguez
“La designación de estas personas en esos cargos desalienta ese anhelo de transición porque ha sido responsable de diseñar o ejecutar toda esa política de persecución, por lo que deberían ser apartados del ejercicio del poder y, en cambio, ser juzgados para determinar si tuvieron responsabilidad o no en la comisión de crímenes de persecución”.
Tineo insistió en que debe haber la desarticulación del entramado de represión, lo que ocurrirá solo si comienzan a otorgar libertad plena a los presos y presas políticas que continúan en las cárceles y enfrentan, desde el 3 de enero, nuevas restricciones porque las autoridades impiden la entrega de insumos que llevan los familiares, además de mantenerlos incomunicados.
“Una mala señal”
En la misma línea, el sociólogo Rafael Uzcátegui, quien está al frente del centro de pensamiento Laboratorio de Paz, consideró como “una mala señal” la designación de González López como jefe de seguridad de Delcy Rodríguez por las sanciones en su contra y dirigir al Sebin en dos momentos claves de represión.
“Pareciera que en este sentido se van a continuar las prácticas del Gobierno de Nicolás Maduro, garantizando además protección e impunidad a los funcionarios señalados de violaciones a los derechos humanos”, comentó para este medio.
Cinco detenciones y condenas previas como castigo
La represión, que el chavismo llevó al extremo de tener a más de 100 adolescentes tras las elecciones presidenciales de 2024, se afincó no solo en políticos de alto perfil sino en los familiares de estas personas y en la ciudadanía en general, al punto de que ha habido al menos cinco condenados a altas penas de cárcel por criticar a Maduro en aplicaciones de mensajería privada como Whatsapp.
Uno de esos casos fue el de la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, a quien en noviembre pasado condenaron a la pena máxima en Venezuela: 30 años de cárcel bajo acusaciones de terrorismo por criticar en audio al caído gobernante.
¿Murió el jefe de seguridad de Maduro?
Uzcátegui también dijo que el nombramiento del general acusado de masivas violaciones a los derechos humanos puede obedecer a la lealtad que ha mostrado a Delcy Rodríguez o que el anterior jefe de seguridad que custodiaba a Maduro haya podido morir durante la incursión estadounidense, porque aún no hay oficialmente una lista de las personas fallecidas por parte de las autoridades venezolanas.
“Es relevante su nombramiento como nuevo jefe de la guardia presidencial en un gobierno donde los funcionarios conservan sus puestos y áreas de influencia, por lealtad, independientemente del resultado o calidad de su gestión. Ante la ausencia de información oficial sobre los muertos en el ataque de Estados Unidos, vale preguntarse si la sustitución corresponde a la confianza, un castigo por lo sucedido o el anterior funcionario fue muerto durante la jornada”, resaltó.
Por ahora, se mantiene la vigilancia en las calles con alcabalas aleatorias o incluso fijas; detenciones reportadas en ciudades como Mérida, donde apresaron a dos adultos mayores, de 64 y 65 años de edad, por apoyar la captura de Maduro. Por la misma razón apresaron a un hombre de 45 años en el estado oriental de Anzoátegui, al que acusaron de “incitación al odio” por cuestionar a Diosdado Cabello en la red social TikTok.
Dos hombres más, según la ONG Espacio Público, fueron apresados en el centro de Venezuela (el estado Carabobo) por ir en una motocicleta y corear mensajes contra el chavismo. La Policía de esa región dijo que los acusarían de traición a la patria e incitación al odio, dos de los delitos más usados por el chavismo desde que Maduro llegó al poder para encarcelar por largos periodos a sus críticos.
El plan Rubio no contempla la liberación de presos políticos
Entre tanto, el plan esbozado por el secretario de Estado Marco Rubio este 7 de enero no contempla en el corto plazo la liberación de presos políticos sino el interés principal de Estados Unidos de quedarse con grandes cargamentos de petróleo venezolanos que previamente Donald Trump evitó salieran de puertos del país suramericano para su comercialización.