La escena, divulgada por las autoridades estadounidenses quizá con la intención de subrayar su éxito y humillar a la pareja recién capturada, muestra a Cilia Flores y a Nicolás Maduro saliendo de un vehículo rumbo a una sede federal, esposados y con ropa provista por el Estado (imperial). Constituye una imagen sintética de cómo ha funcionado ese matrimonio en la política venezolana. Cilia avanza apolínea, contenida y de porte sereno, con movimientos ágiles y un aire de dominio casi hierático; y detrás, pesado, algo desorientado, flanqueado por agentes uniformados que lo sostienen, aparece un paquidérmico Maduro. Allí, en la tensión de esos cuerpos y gestos, se cristaliza el contraste; ella, el seso que calcula, ordena y maniobra; él, el corpachón que colma el espacio, da tumbos con la inercia de la fuerza bruta y sirve de frente físico, mientras ella maquina desde la tiniebla.
En ese vídeo cargado de símbolos, estrategia y potencia se superponen, inseparables pero diferenciados, como dos piezas complementarias de una unidad lítica. El magín y la masa amorfa. Ella, la que calcula, evalúa y anticipa; él, el que ocupa espacio, el que avanza por inercia, el que sirve de frente mientras ella confabula. La astucia y el mastodonte.
Vista en retrospectiva, la trayectoria de Cilia Flores se entiende mejor si se la lee como la mitad pensante de una unidad política indivisible. El matrimonio con Nicolás Maduro no fue nunca una alianza ornamental sino un dispositivo de poder dividido en funciones. A ella le correspondió el trapicheo, la conjura y el control del aparato; a él, la materialidad del poder, la invasión del espacio, el peso del mando. A él, la bulla, el bramido, el rugido; a ella, el silencio, el perfil bajo, cada vez más bajo, tendiente a la difuminación. No se trata, pues, de dos voluntades vecinas, sino de una sola maquinaria política repartida en tareas conjuntadas.
Con Chávez desde el principio
Cilia Adela Flores de Maduro (Tinaquillo, Cojedes, 15 de octubre de 1956) es una de las figuras más decisivas en la política venezolana contemporánea. Primera dama de la República Bolivariana desde que su segundo esposo, Nicolás Maduro Moros, asumiera la presidencia el 19 de abril de 2013, Flores ha sabido convertir su perfil bajo en un poder estructural y estratégico que cruza fronteras institucionales.
Abogada de profesión, egresada de la Universidad Santa María de Caracas (institución privada) en la década de 1980, Flores integró el equipo de defensores legales de Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado de 1992. Su carrera legislativa empezó en 2000 como diputada a la Asamblea Nacional, cuerpo que presidió entre 2006 y 2011 (fue la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia venezolana).
Ese puesto fue, en términos institucionales, su primer gran escenario de influencia. Desde la presidencia de la Asamblea Nacional impulsó la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el complot para entronizar figuras leales al proyecto político chavista en la cúspide del sistema judicial. La expansión de la Corte en 2004 y posteriores procedimientos de designación de magistrados constituyeron cambios estructurales concebidos para socavar la independencia judicial y reforzar su subordinación al poder político.
En la pobreza y en la riqueza jamás soñada
En 2012, fue nombrada Procuradora General de la República, cargo que ejerció hasta 2013 y desde el cual coordinó los intereses jurídicos del Estado, vigorizando la articulación entre Ejecutivo, Legislativo y sistema judicial. Ese mismo año, tras la muerte de Chávez (5 de marzo de 2013), Nicolás Maduro fue designado candidato presidencial y Flores se convirtió no solo en su compañera de vida (se casaron en julio de 2013) sino en su mano derecha política, cimiento de una alianza estratégica que definió la etapa postchavista. Maduro, nacido en noviembre de 1962, no llegó siquiera a completar el bachillerato.
Desde 2015 en adelante, y a partir de la victoria opositora en la Asamblea Nacional ese año, el Supremo y otras instituciones jurídicas comenzaron a emitir decisiones para neutralizar al Parlamento, validaban decretos del Ejecutivo y, en suma, desdibujaban los límites formales del Estado de derecho. Analistas y exmiembros del propio sistema judicial han señalado que la configuración del TSJ y la huella de Flores en las designaciones de magistrados y en las estrategias judiciales, sobre todo entre 2006 y 2017, fue un factor determinante para la subordinación de la justicia al proyecto político dominante.
En marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya conformación fue dirigida por Flores, emitió las sentencias 155 y 156 que despojaban a la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora, de sus competencias y otorgaban poderes extraordinarios al Ejecutivo. Fue el momento en que el sistema judicial, diseñado por la “Primera Combatiente”, dejó caer la hoja de parra para actuar como el brazo ejecutor directo de la presidencia.
Entre abril y julio de 2017, Venezuela vivió una de las mayores olas de protestas de su historia, que dejó más de 120 muertos; esto es, más de 120 civiles asesinados por participar en protestas. Esta crisis forzó al régimen a crear la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un supraderogado órgano de poder absoluto, para sustituir en los hechos al parlamento y consolidar el “fenómeno colectivo”, puesto que ya no eran individuos tomando decisiones, sino una asamblea “plenipotenciaria” que borraba la responsabilidad individual de los jerarcas. ¿Quién presidía esa ANC?, pues Cilia Flores.
El caso de los “narcosobrinos”
Aunque no es una imputación directa contra Cilia Flores, uno de los episodios que marcó su relación con la justicia internacional, que iría a más, desde luego, fue el arresto en 2015 de sus sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, en Haití por la DEA con más de 800 kilos de cocaína en ruta a Estados Unidos. En noviembre de 2017 los jóvenes fueron condenados a 18 años de prisión por un tribunal federal en Nueva York por cargos de conspiración para transportar cocaína. La defensa oficial venezolana calificó el arresto como un “secuestro”, y el caso se convirtió en un símbolo de la tensión entre el chavismo y Washington. En 2022, bajo un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, los “narcosobrinos” fueron liberados y regresaron a Caracas, lo que supuso un logro de alto valor simbólico para el gobierno.
Salieron bien librados, pero este evento internacionalizó la crisis de la familia. La justicia de EE UU demostró que la pandilla familiar utilizaba la infraestructura del Estado (rampas presidenciales, pasaportes diplomáticos y todo su inmenso poder) para fines criminales. Ante esta condena, el aparato judicial venezolano guardó silencio absoluto. No solo no se inició ninguna investigación interna, sino que las comunicaciones oficiales del régimen, por lo general, locuaces y parlanchinas hasta la extenuación, fingieron que eso no había ocurrido, que los sobrinos de la Primera Dama no eran malandros ni habían aprendido inglés en una cárcel en Nueva York. En otras palabras, quedó afianzada la determinación de que el sistema post-2017 solo existía para proteger a la cúpula. Y, claro, los Maduro-Flores estaban en la cima de esa torre.
Tras las protestas de 2017 y la condena de los narcosobrinos, el régimen realizó una purga y reajuste en los tribunales. Los magistrados y fiscales designados a partir de entonces carecían de autonomía técnica y respondían exclusivamente a la necesidad de proteger a Flores y Maduro de la persecución internacional.
Sanciones y borrado simbólico
La influencia de Cilia Flores no ha estado exenta de consecuencias en el plano internacional. En agosto de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en la lista de sancionados, junto a otros funcionarios venezolanos, por “corrupción significativa” y respaldo a un gobierno autoritario. Las sanciones implican congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibiciones de transacciones y restricciones económicas para personas y entidades que interactúen con ella. Fue un punto de quiebre. La justicia internacional le ponía nombre a la estructura que ella manejaba. A partir de este momento, Flores activó lo que llamaremos el “borrado simbólico”.
Ante el ataque directo a su persona, Flores dejó de actuar como un individuo y empezó a mimetizarse con el Estado. Ya no era “Cilia la abogada” o “Cilia la esposa”, sino la encarnación de la soberanía. Esta táctica buscaba que cualquier acusación de narcotráfico o corrupción no fuera vista como un expediente contra ella, sino como un insulto a “al pueblo venezolano”. Es la extracción de la responsabilidad personal para diluirla en un fenómeno colectivo, en la Revolución (o Robolución, como la llama el aludido pueblo). De hecho, dejó de dar entrevistas (tampoco es que fuera habitual en la prensa) y empezó a aparecer solo en actos oficiales masivos, siempre rodeada de la parafernalia del Estado. Era su forma de decir: “Si me tocan a mí, tocan a Venezuela, a Bolívar, a la patria…”.
Tras la crisis de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia terminó de anular a la Asamblea Nacional y el sistema judicial quedó integrado por amigos y comadres de Cilia (esto es literal, no es un decir), ese aparato judicial quedó amarrado a un incentivo de supervivencia, si Cilia Flores queda expuesta, todos caen con ella. Por eso, el sistema se convirtió en un actor que empuja a Flores a un segundo plano, pero no porque la postergan o la relegan, sino porque la protegen bajo capas de burocracia y sentencias a medida. Mientras el país se hundía en la hiperinflación y miles de venezolanas huían por las fronteras, Cilia Flores supervisaba desde las sombras el nombramiento de jueces provisorios (sin titularidad) que servían como fusibles, si uno no cumplía la orden de proteger al clan, era sustituido de inmediato.
De la cumbre a la caída
Su influencia sobre la política venezolana durante los años siguientes puede describirse como silenciosa, pero omnipresente. No solo acompañó a Maduro en actos públicos, sino que participó directamente en decisiones de alto nivel. Siempre en segundo plano, silenciosa, observadora.
Flores supo combinar su experiencia legal con una vocación política estratégica que, para algunos analistas, la perfila como el poder real detrás del trono de Maduro. Mientras Maduro funcionaba como la cara visible y mediática del régimen, Flores operaba en los pasillos institucionales, en la estructura del PSUV y en redes de lealtad que consolidaban la hegemonía del chavismo.
Desde luego, esa misma maquinaria y posición de poder la llevaron a acumular numerosas controversias. Desde acusaciones de nepotismo en su etapa como presidenta de la Asamblea, donde se le reprochó la contratación de familiares y allegados en altos cargos. Su figura se volvió sinónimo de polarización.
En el terreno interno, su imagen pública siempre fue compleja. Entre los sectores chavistas más leales, algunos veían en ella un símbolo de firmeza y lealtad revolucionaria. Para muchos venezolanos, sin embargo, su presencia fue un recordatorio constante de que el poder se había concentrado en un círculo íntimo donde los procesos democráticos y las instituciones se habían vuelto herramientas de consolidación de un régimen que reprime disidencia, manipula elecciones y controla la justicia.
Al ser extraída de sus aposentos este 3 de enero, el “borrado simbólico” terminó. La mujer que intentó presentarse como un fenómeno colectivo vuelve a ser lo que siempre fue para la justicia penal: una acusada individual. Cilia Flores ya no puede esconderse detrás de un magistrado sumiso ni de un discurso revolucionario. El expediente desclasificado por la fiscal Pamela Bondi demuestra que, detrás de la abstracción del poder, siempre hubo una voluntad humana dedicada a la construcción de un sistema criminal.
La hija de una modesta familia familia de la Venezuela profunda, que saboreó las mieles de un poder sin límites, ha sido empujada a un capítulo que simboliza el abrupto fin… o, al menos, una interrupción judicial de enorme escala, de una era de potestad absolutista.